En Costa Rica, 232,000 personas viven en asentamientos informales distribuidos en 572 comunidades, según el informe Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025, elaborado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la Universidad de Costa Rica.
El estudio registra un aumento de cerca de 49,000 habitantes y 10,300 viviendas frente al relevamiento de 2024. El crecimiento se presenta en un escenario de dificultades para que numerosos hogares accedan a una vivienda mediante el alquiler o la compra, especialmente en las zonas urbanas.
El informe, difundido por El Observador, también señala que cerca de la mitad de los 84 cantones del país todavía carece de un instrumento de ordenamiento territorial. Esa herramienta constituye el marco legal para orientar el desarrollo urbano y territorial de un cantón o municipio.
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Los datos muestran diferencias entre los distritos. En algunos casos, los asentamientos informales reúnen a una proporción elevada de la población local.
Río Azul y Tirrases concentran los porcentajes más altos
La mayor concentración proporcional aparece en Río Azul, en La Unión de Cartago. Allí hay nueve asentamientos donde viven 9,132 personas en 2,768 viviendas.
Esa población equivale al 78.6% de los habitantes del distrito. Linda Vista-Loma Gobierno es el asentamiento de mayor tamaño.
En Tirrases, Curridabat, se contabilizan 16 precarios con 11,004 habitantes y 3,106 viviendas. El conjunto representa el 68.1% de la población distrital.
La Uruca, en San José, registra siete asentamientos con 21,947 residentes distribuidos en 6,651 viviendas. Esa población equivale al 46.9% de los habitantes del distrito y La Carpio figura como el asentamiento más grande.
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La información relevada muestra que, en esos distritos, las comunidades informales representan una parte considerable de la población total. La proporción y la cantidad de viviendas varían según cada territorio.
Otros distritos registran porcentajes elevados
En Santa Elena, La Cruz de Guanacaste, hay dos asentamientos con 826 residentes y 243 viviendas. Esa población representa el 36% de los habitantes del distrito.
San Felipe, en Alajuelita, cuenta con cinco asentamientos donde viven 12,443 personas en 1,668 viviendas. El porcentaje alcanza el 34.5% de la población distrital y Bajo Las Gavetas es el asentamiento de mayor tamaño.
Los Guido, en Desamparados, tiene siete precarios con 6,156 habitantes distribuidos en 1,754 viviendas. El grupo representa el 25% de los residentes del distrito.
Jacó, en Garabito de Puntarenas, registra 13 asentamientos con 3,979 personas y 1,475 viviendas. Esa población equivale al 23.6% de los habitantes y Parcelas Herradura aparece como el asentamiento más grande.
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San Rafael, en La Unión de Cartago, suma tres precarios con 3,279 residentes en 1,025 viviendas. La proporción corresponde al 23.1% del total distrital.
Las Juntas, en Abangares de Guanacaste, cuenta con cuatro asentamientos en los que residen 2,526 habitantes en 842 viviendas. La cifra representa el 22.3% de la población del distrito.
Patarrá, en Desamparados, registra el mismo porcentaje. Allí hay ocho precarios con 2,839 residentes distribuidos en 1,083 viviendas.
En León XIII, Tibás, se identifican siete asentamientos con 3,687 habitantes en 1,118 viviendas. El conjunto equivale al 21.4% de los residentes del distrito.
Chacarita, en Puntarenas, cuenta con cinco precarios donde viven 3,378 personas en 1,125 viviendas. Esa población representa el 19.1% del total distrital.
El acceso a la vivienda aparece entre los factores señalados
El investigador y sociólogo Franklin Solano sostuvo que el sector vivienda enfrenta un problema estructural acumulado durante décadas. Según explicó, pese a la entrega de cientos de miles de bonos de vivienda, todavía hay más hogares en condición de pobreza que no pueden alquilar o comprar una casa con las condiciones crediticias actuales.
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Solano también mencionó los daños en techos, paredes y pisos. Según su explicación, esas deficiencias dificultan la mejora de las viviendas y de los entornos donde se encuentran.
El investigador señaló que las dificultades habitacionales no se limitan a las personas que viven en asentamientos informales. También afirmó que una parte de las familias permanece en lugares expuestos a distintos riesgos.
“Tenemos una gran cantidad de familias no solo de los asentamientos informales, pero principalmente viviendo en condiciones de riesgo: a orillas de ríos, en zonas de deslizamiento o zonas propensas a accidentes o desastres”, dijo Solano a El Observador.
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Solano recordó un estudio previo de la Contraloría General de la República. Ese análisis identificó 170 asentamientos con potencial afectación por inundaciones dentro del universo analizado.
El dato añade una dimensión relacionada con la ubicación de las comunidades. Además de las condiciones de las viviendas, parte de la población podría enfrentar riesgos asociados con inundaciones, deslizamientos u otros accidentes.
La falta de ordenamiento territorial dificulta la planificación
El informe ubica los datos sobre asentamientos dentro de un escenario de planificación territorial incompleta. Cerca de la mitad de los cantones costarricenses no cuenta con un instrumento destinado a orientar su desarrollo urbano.
Ese mecanismo define el marco legal para regular el crecimiento de un cantón o municipio. También permite establecer criterios para la ubicación de viviendas, infraestructura y servicios.
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La ausencia de esa herramienta aparece en el informe como uno de los elementos vinculados con la planificación del territorio. El documento no atribuye a esa sola condición el aumento de los asentamientos informales.
La distribución de los datos muestra características distintas según cada distrito. Algunos concentran una proporción elevada de sus habitantes en comunidades informales, mientras que otros registran porcentajes menores, aunque reúnen a miles de residentes.
El relevamiento también permite observar diferencias en la cantidad de asentamientos, viviendas y habitantes. Los porcentajes más altos se encuentran en distritos donde esas comunidades representan una parte significativa de la población local.
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El Ministerio de Vivienda plantea revisar el sistema vigente
El ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Guillermo Carazo, dijo que hace falta una reingeniería institucional para definir qué acciones deben tomarse ante esta situación.
En una entrevista realizada al inicio de su gestión, Carazo señaló que el ministerio cuenta con un mapeo de los asentamientos informales. También afirmó que el aumento observado durante la última década “causa tristeza”.
El ministro sostuvo que las cifras muestran la necesidad de revisar el funcionamiento del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Según explicó, el sistema responde actualmente de mejor manera a las necesidades del área rural que a las de las zonas urbanas.
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“Si hace 20 años funcionaba bien para solucionar las necesidades de vivienda de los habitantes del área urbana y del área rural, hoy funciona muy bien para el área rural, pero no está funcionando tan bien en el área urbana. De allí el incremento y el crecimiento de estos asentamientos informales”, indicó Carazo ante la publicación.
El funcionario planteó que el sistema necesita adaptarse a las condiciones actuales de las ciudades. Su diagnóstico relaciona las limitaciones de los mecanismos de vivienda urbana con el crecimiento registrado en los asentamientos informales.
Carazo también propuso una nueva política para intervenir esas comunidades. Según explicó, las respuestas no deberían limitarse a la demolición de las viviendas ni a la reconstrucción total de los asentamientos.
El ministro planteó buscar una fórmula de equilibrio entre ambas alternativas. La propuesta contempla definir las medidas según las condiciones de cada asentamiento, sin aplicar una única respuesta para todos los casos.
El informe reúne datos sobre población, viviendas, distribución territorial, planificación urbana y exposición a riesgos. Las autoridades y los especialistas citados señalaron que esos elementos deben ser considerados al definir las políticas de vivienda y las medidas de intervención.
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