Laura Fernández declara “Secreto de Estado” la información de la DIS, Fuerza Élite y contratos de seguridad

La presidenta Laura Fernández oficializó la declaratoria de “Secreto de Estado” sobre la información relacionada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el grupo de coordinación gubernamental Fuerza Élite, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y otras instancias encargadas de la seguridad y defensa del país.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto N.° 45870, firmado el 27 de julio y publicado este lunes en el diario oficial La Gaceta, con el objetivo de restringir el acceso público a documentos, informes, presupuestos, contratos, archivos y demás información considerada estratégica para las acciones del Estado en la lucha contra el crimen organizado.

La disposición también comprende toda la documentación vinculada con las coordinaciones dirigidas por la Presidencia de la República en materia de seguridad y defensa del Estado, incluyendo el reglamento de protección de jerarcas y dignatarios del Poder Ejecutivo.

El decreto amplía el alcance de la reserva a sesiones, reuniones, grabaciones, acuerdos, bitácoras, presentaciones, planes operativos y mecanismos de inteligencia, además de información relacionada con las capacidades policiales, protocolos de intervención, estructuras de mando, recursos tecnológicos y estrategias utilizadas para enfrentar a organizaciones criminales.

Asimismo, la declaratoria incorpora los expedientes administrativos de contratación pública, desde los estudios previos y requerimientos técnicos hasta las ofertas, adjudicaciones, contratos, fuentes de financiamiento y etapas de ejecución contractual relacionadas con estas dependencias.

La protección de esta información se mantendrá independientemente de si los contratos se celebran con instituciones públicas, empresas privadas, consorcios nacionales o compañías extranjeras, según establece el texto del decreto.

De acuerdo con la justificación oficial, la medida responde al incremento de las amenazas vinculadas con el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, el sicariato y el crimen organizado, fenómenos que, según el Gobierno, requieren una planificación estratégica basada en inteligencia y coordinación interinstitucional.

El documento señala que “el Estado de Costa Rica enfrenta la necesidad de combatir estructuras criminales cada vez más complejas y organizadas, mediante una planificación estratégica basada en inteligencia, coordinación operativa y toma de decisiones oportunas, obligándolo a reaccionar de manera rápida y eficiente ante situaciones que ponen en riesgo la paz social y el bienestar de la población”.

Además, el Ejecutivo argumenta que la divulgación de información sensible podría permitir a grupos criminales identificar vulnerabilidades institucionales, anticipar operativos policiales, evadir controles y comprometer la efectividad de las estrategias de seguridad, así como poner en riesgo la integridad de funcionarios públicos, agentes policiales y sus familias.

La decisión también formaliza un deber de confidencialidad absoluto para todas las personas que participen en estas instancias de coordinación.

El decreto establece que la obligación alcanza a jerarcas, miembros de los distintos cuerpos policiales, personal de apoyo, asesores técnicos, asesores legales y cualquier funcionario público que participe de manera permanente u ocasional en labores relacionadas con la seguridad nacional.

Asimismo, consultores, asesores externos y contratistas privados que presten servicios técnicos o profesionales deberán suscribir una cláusula obligatoria de sometimiento al “Secreto de Estado”, como requisito para colaborar con las instituciones involucradas.

Uno de los aspectos destacados de la normativa es que la obligación de confidencialidad tendrá carácter indefinido, por lo que continuará vigente incluso después de que finalice la relación laboral, contractual o de asesoría con el Estado.

El decreto advierte que el incumplimiento de esta obligación podrá derivar en procedimientos administrativos, además de las sanciones penales previstas por el delito de quebrantamiento de secreto de Estado conforme a la legislación costarricense. En el caso de contratistas privados, la revelación de información protegida también podrá provocar la resolución inmediata del contrato sin responsabilidad para la Administración.

La declaratoria también abarca el funcionamiento de Fuerza Élite, grupo que reúne semanalmente a la presidenta Laura Fernández, los ministros de Seguridad Pública y Justicia y Paz, el director de la DIS, los directores de los diferentes cuerpos policiales del Poder Ejecutivo y otros funcionarios responsables de coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Desde la entrada en vigor del decreto, toda la información discutida en esas reuniones, así como los acuerdos, estrategias, planes de acción y documentos generados, quedará protegida bajo la categoría de “Secreto de Estado”, restringiendo su acceso público como parte de la estrategia gubernamental para resguardar las operaciones de seguridad nacional.