La cámara costarricense de la construcción pide cambiar el reglamento de reajuste en obra pública

La Cámara Costarricense de la Construcción propuso cambiar el reglamento de reajuste de precios en contratos de obra pública tras una serie de licitaciones “llave en mano” que quedaron desiertas, entre ellas la del nuevo Hospital Tony Facio, porque las empresas rechazan asumir durante tres o cuatro años riesgos externos como la variación del dólar, la inflación o el encarecimiento del acero y de equipos médicos.

El problema, según explicó el director ejecutivo de la organización empresarial Rándall Murillo a Teletica.com, no se limita a un solo proyecto. La publicación detalló que también hubo situaciones similares en la remodelación de Hematooncología del Hospital Nacional de Niños, en la ampliación de Emergencias de Neumología del Hospital San Rafael de Alajuela, en la sucursal de Puntarenas del INS y en proyectos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral.

Murillo sostuvo que en este tipo de contratos la empresa debe encargarse del diseño, la construcción y el equipamiento. Entre la presentación de la oferta y el inicio del diseño puede pasar hasta un año, y luego transcurren otros dos años antes de que el diseño sea avalado y comience la obra.

“Para una empresa es prácticamente imposible que tres años o cuatro años antes, en el momento en el que está haciendo una oferta, pueda adivinar, pueda sacar una bolita de cristal para entender cuál es el precio que va a tener que gastar en la varilla cuando empiece la construcción en dos años, o un equipo de rayos X cuando termine la construcción y haya que equipar el hospital dentro de cuatro años”, dijo el directivo al medio.

La Cámara pide volver al sistema automático anterior

La respuesta que plantea la organización es restablecer el esquema anterior de reajustes automáticos, que aplicaba tanto aumentos como reducciones sobre el costo del contrato con base en un índice oficial calculado por el Estado. Si el precio de un insumo bajaba, la constructora devolvía el dinero; si subía, la institución ajustaba el monto.

Murillo afirmó que ese modelo “funcionó durante décadas y funcionó muy bien”. Agregó que el índice no era calculado por el sector privado y que, por esa razón, no generaba cuestionamientos “ni para arriba ni para abajo”.

El vocero de la CCC sostuvo que, sin ese mecanismo, todo el riesgo se traslada a la empresa constructora. A su juicio, las compañías sí deben responder por los aspectos propios de la obra, pero no por variables externas que no controlan.

“Lo que no puede asumir una empresa constructora es el riesgo de si el dólar va a subir o va a bajar, de si hay una guerra en algún país del mundo que va a afectar los precios del acero, de si hay una situación en Estados Unidos o en Europa que afecta el costo de los equipos, etcétera. Una empresa no sabe eso, no lo conoce, no lo entiende y no tiene por qué asumir riesgos que van más allá de la obra”, señaló.

La consecuencia, siempre según Murillo, es doble: o las empresas especulan y elevan sus precios para protegerse, o directamente optan por no participar en los concursos. Para el dirigente, la primera opción resulta irresponsable y la segunda explica por qué tantas licitaciones terminan sin ofertas.

Hacienda defendió la norma y la Contraloría evitó pronunciarse

La Cámara de la Construcción ha insistido con su propuesta ante el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, aunque hasta ahora no ha logrado que se abra el reglamento. Pese a eso, la organización considera que el impacto reciente de las licitaciones desiertas podría facilitar una mayor disposición a revisar la norma.

El 26 de mayo pasado, la directora de Contratación Pública de Hacienda Yesenia Ledezma aseguró, citada por Teletica.com, que el Reglamento para el reajuste de precios en los contratos de obra pública y la revisión de precios en los contratos de bienes y servicios ya regula la actualización de montos por factores externos como inflación, salarios o insumos.

“Su objetivo es mantener el equilibrio económico del contrato, evitando paralizaciones, incumplimientos o sobreprecios. Establece reglas objetivas, fórmulas e índices oficiales, limitando la discrecionalidad. Esto es clave para la continuidad de la obra pública, la protección de los recursos públicos y la transparencia en el gasto estatal”, afirmó la funcionaria.

Antes de la entrevista con Murillo, Ledezma había descartado cambios a la normativa. El diario indicó que pidió una actualización sobre ese punto desde el 30 de julio y que no había recibido respuesta.

La División de Contratación Pública de la Contraloría General de la República declinó pronunciarse sobre la propuesta empresarial con el argumento de que el decreto reglamentario fue emitido por el Poder Ejecutivo el 29 de enero de 2025.

La Cámara identificó otras dos trabas en los contratos “llave en mano”

Murillo mencionó además otros dos factores que, a juicio de la Cámara, desalientan la participación de empresas en estos procesos. El primero es la injerencia de la administración en el diseño de los proyectos.

Según explicó, aunque la responsabilidad técnica recae en las compañías, las instituciones suelen exigir cambios durante el proceso. Eso introduce incertidumbre sobre quién debe asumir las consecuencias de esas modificaciones.

El segundo punto se relaciona con una disposición de la Ley General de Contratación Pública que impide a un subcontratista presentar oferta con más de un contratista general. Para la organización, esa restricción reduce la competencia en áreas donde existen pocos proveedores de insumos especializados.

Sobre ese último aspecto, la Cámara aseguró que también presentó una propuesta al Gobierno y a algunos diputados