El uso de pistas aéreas autorizadas para actividades ilícitas mantiene en alerta a las autoridades costarricenses, advierte una nota del medio CR Hoy.
De acuerdo con la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO), citada por CR Hoy, se han identificado casos en Guanacaste, el Caribe Sur y la zona sur del país, donde organizaciones criminales aprovechan tanto pistas legales como clandestinas para el tráfico de drogas.
Estos grupos han perfeccionado métodos para operar bajo apariencia de legalidad. El fiscal adjunto Mauricio Boraschi reveló que ya cuentan con tecnología portátil: “Ya disponen de sistemas de iluminación portátiles que pueden instalar y desinstalar en cuestión de minutos para facilitar aterrizajes o despegues”, explicó.
La adaptación de terrenos y la experiencia de los pilotos han propiciado la proliferación de esta práctica. Las investigaciones han detectado avionetas con droga en pistas de fincas agrícolas y hoteles, especialmente en Nandayure, Santa Cruz, Nicoya y Bagaces.
La localización de estos sitios, alejados y de difícil acceso, representa una ventaja estratégica para los narcotraficantes.
Vulnerabilidad de las pistas aéreas autorizadas en zonas remotas
De acuerdo a la nota citada, la Fiscalía ha determinado que las pistas aéreas autorizadas ubicadas en lugares aislados, esenciales para la conectividad, presentan vulnerabilidades debido a la vigilancia estatal limitada.
Esta situación permite a los narcotraficantes operar en estos espacios sin ser detectados o buscar corromper a quienes los resguardan, facilitando así el tráfico de drogas a lo largo del país.
El procedimiento judicial investiga casos como el Caso Coraza y el Caso Furtivo, que registran el uso de pistas legales y clandestinas para transportar cargamentos ilícitos.
De acuerdo con la indagatoria, estos esquemas logísticos permitieron la circulación de cargamentos ilícitos por territorio nacional sin ser detectados en muchos casos.
Los informes judiciales señalan que los implicados alternaban el uso de infraestructuras aprobadas con circuitos no autorizados para evadir controles y maximizar el volumen de bienes transportados.
Medios locales informaron que la investigación judicial sobre el Caso Coraza y el Caso Furtivo reveló además, que las organizaciones recurrían de manera sistemática tanto a pistas legales como a rutas clandestinas para el tráfico de mercancía prohibida.
Este hallazgo permitió a las autoridades identificar el patrón de alternancia entre lo permitido y lo ilegal en los movimientos de tales redes.
Los registros oficiales muestran que, en ambos casos, la utilización de rutas legales facilitó la obtención de permisos y la apariencia de legalidad, mientras que las pistas clandestinas resultaron cruciales para sortear controles y transportar cargas de alto riesgo.
Esta combinación representó un desafío adicional para los investigadores, quienes debieron identificar y mapear tanto las rutas abiertas como las ocultas.
Las pesquisas avanzan mientras se recopilan pruebas sobre la manera en que los responsables diseñaron estos esquemas para garantizar la continuidad de sus operaciones ilícitas.
En algunos escenarios, vigilantes o administradores resultan captados por los delincuentes; en otros, las actividades suceden sin conocimiento de los propietarios de los terrenos.
La Fiscalía plantea que es urgente reforzar la vigilancia y aumentar recursos para la detección de aeronaves y la localización de campos de aterrizaje clandestinos. Boraschi señaló: “falta inversión, más recursos para detectar las aeronaves y para localizar los campos clandestinos”, en referencia a la ausencia de herramientas suficientes para enfrentar esta modalidad criminal.
Expansión regional y desafíos para la supervisión estatal
La problemática afecta también a otros países. Según la Fiscalía, Colombia, México y Estados Unidos enfrentan situaciones equivalentes, donde las organizaciones criminales valoran la geografía y la capacidad de reacción estatal para definir las rutas aéreas usadas en el transporte de drogas.
El descubrimiento de pistas empleadas para el narcotráfico en sitios como Puerto Jiménez, Limón, Santa Cruz, Nicoya, Bagaces y Cañas demuestra la dimensión del problema. Las autoridades insisten en la necesidad de una supervisión más estricta y en la asignación de mayores recursos para frenar el uso delictivo de las pistas aéreas en Costa Rica.
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