
La Policía Profesional de Migración de Costa Rica ejecutó este viernes la primera deportación masiva por vía aérea de personas extranjeras en condición migratoria irregular. Un total de 33 personas, 31 hombres y dos mujeres, fueron expulsadas del país desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, como parte de un operativo coordinado para trasladar a los detenidos hacia sus países de origen tras cumplir condenas por distintos delitos.
El procedimiento se realizó mediante un vuelo chárter que partió desde San José con una ruta que incluye escalas en Panamá, Colombia y Ecuador. De acuerdo con las autoridades migratorias, las personas deportadas habían sido condenadas en territorio costarricense por delitos graves, entre ellos secuestro extorsivo, tráfico de drogas, abuso sexual contra persona menor de edad y minería ilegal, entre otros.
PUBLICIDAD
Según la información oficial, el primer tramo del vuelo cubrió la ruta San José–Panamá, donde descendió un grupo de extranjeros provenientes de diferentes nacionalidades. Entre ellos se encontraban personas originarias de Panamá, India, China, Sudáfrica, Jamaica, México, El Salvador y Honduras.
Una vez en territorio panameño, estas personas serán trasladadas en vuelos comerciales hacia sus respectivos países de origen, donde continuarán bajo los procedimientos migratorios correspondientes según la legislación de cada nación.
PUBLICIDAD

Posteriormente, el avión continuó su recorrido hacia Colombia, donde las autoridades costarricenses entregaron a 14 ciudadanos colombianos a las autoridades de ese país. Estos individuos habían cumplido sentencias en Costa Rica por delitos como tráfico de drogas, pesca ilegal, venta de medicamentos y tentativa de robo y robo agravado.
El último punto del itinerario fue Ecuador, donde se concretó la entrega de tres hombres de nacionalidad ecuatoriana. De acuerdo con las autoridades migratorias, estas personas habían sido condenadas en Costa Rica por transporte de droga y tráfico internacional de drogas, delitos vinculados al crimen organizado.
PUBLICIDAD
Las deportaciones se realizaron después de que los extranjeros cumplieran sus condenas en el sistema penitenciario costarricense, tras lo cual se activaron los procedimientos administrativos para su expulsión del país.
De acuerdo con las autoridades, este operativo forma parte de una estrategia para fortalecer los controles migratorios y garantizar que las personas extranjeras que hayan cometido delitos en Costa Rica sean devueltas a sus países una vez finalizado el cumplimiento de sus penas.
PUBLICIDAD

El proceso de deportación se ejecutó bajo lo establecido en el artículo 183 de la Ley General de Migración y Extranjería, normativa que regula los procedimientos para expulsar del país a personas extranjeras que se encuentran en condición migratoria irregular o que han sido condenadas por delitos en territorio nacional.
Las autoridades destacaron que el operativo fue posible gracias al apoyo logístico, asesoría técnica y recursos brindados por el Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió coordinar el traslado aéreo y la articulación con las autoridades de los países receptores.
PUBLICIDAD
Este tipo de vuelos chárter representa una herramienta utilizada por las autoridades migratorias para agilizar procesos de repatriación o deportación, especialmente cuando se trata de grupos numerosos de personas con diferentes nacionalidades.
Además, facilita la coordinación con gobiernos extranjeros para garantizar la recepción de los ciudadanos deportados y cumplir con los protocolos internacionales de seguridad y migración.
PUBLICIDAD

Las autoridades costarricenses también señalaron que estos procedimientos buscan reforzar la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria, especialmente en casos que involucran a personas extranjeras que han participado en actividades delictivas dentro del país.
La operación marca un precedente en la política migratoria reciente de Costa Rica, al tratarse de la primera deportación masiva realizada por vía aérea con un itinerario regional coordinado para la entrega de personas deportadas a diferentes países.
PUBLICIDAD
Según indicaron las autoridades, este tipo de operativos podrían repetirse en el futuro dependiendo de las necesidades del sistema migratorio y de seguridad, así como del número de personas extranjereras que finalicen sus condenas en el país y deban ser devueltas a sus lugares de origen conforme a la ley.
Mientras tanto, la Policía Profesional de Migración de Costa Rica mantiene coordinación con autoridades internacionales para continuar ejecutando procesos de deportación cuando corresponda, en cumplimiento de la legislación vigente y de los acuerdos de cooperación entre países.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Panamá valida proyección de crecimiento económico de 4.0% durante este 2026
Llaman al sector privado a liderar la generación de empleos

El ron salvadoreño debuta en el mercado japonés con su primera exportación y crece presencia de bebidas salvadoreñas en Asia
La entrada de este destilado al país asiático responde a esfuerzos conjuntos de promoción comercial entre autoridades diplomáticas y productores locales, quienes buscan abrir oportunidades en mercados internacionales caracterizados por altos estándares de calidad

Luto en República Dominicana: Sargento falleció por herida de bala en la cabeza al atender una denuncia ciudadana en Yamasá
Un miembro de la Dirección Central de Investigación falleció luego de ser atacado a tiros en el sector Cuneta de Máyiga, donde acudía ante un reporte ciudadano sobre la presencia de individuos armados, según fuentes oficiales

52 mil asegurados costarricenses estrenan moderna área de salud en Aguas Zarcas con servicio de urgencias 24/7
La nueva sede, que beneficiará directamente a miles de usuarios de la zona norte, promete mejorar la calidad de atención con más especialidades, infraestructura moderna y atención continua

Guatemala: RENAP defiende millonaria inversión en seguridad biométrica y dice que el contrato termina con años de proveedor único
La institución afirma que la licitación se llevó a cabo siguiendo la normativa vigente, con supervisión de autoridades y criterios técnicos, y que el modelo fortalece la seguridad en la gestión de la identidad ciudadana



