Operativo en la frontera norte de Costa Rica deja más de 50 personas detenidas por tráfico de migrantes

Organización criminal en Los Chiles además del ingreso ilegal de personas, habría acumulado hasta 70 millones de colones mensuales y contado con apoyo de policías

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El Organismo de Investigación Judicial realizó un amplio operativo temprano este martes en distintas localidades fronterizas, con el objetivo de capturar a decenas de presuntos implicados en delitos vinculados al traslado ilegal de personas. Fuente: OIJ
El Organismo de Investigación Judicial realizó un amplio operativo temprano este martes en distintas localidades fronterizas, con el objetivo de capturar a decenas de presuntos implicados en delitos vinculados al traslado ilegal de personas. Fuente: OIJ

Un extenso operativo conocido como “Los Talibanes” desarrollado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Los Chiles, zona norte de Costa Rica, permitió este martes la detención de decenas de personas señaladas por integrar una estructura criminal responsable de delitos como tráfico de personas, robo agravado, homicidio e infracción a la Ley de Psicotrópicos.

Según el OIJ, las acciones buscan desarticular una red que habría movilizado ilegalmente a cientos de migrantes, generado ingresos mensuales de hasta 70 millones de colones y contado con la complicidad de funcionarios policiales.

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De acuerdo con las declaraciones de Michael Soto, director interino del OIJ, la operación movilizó cerca de 600 oficiales y más de 120 jueces y fiscales, quienes llevaron a cabo 51 allanamientos en los sectores de Los Chiles, Aguas Zarcas y Santa Rosa de Pocosol.

El operativo comenzó a la 1:00 a.m., dirigido a la captura de alrededor de 67 personas y, en el último recuento, Soto informó sobre 54 detenidos. Entre los arrestados figuran cuatro miembros de la Fuerza Pública y uno de la Policía Profesional de Migración, acusados de suministrar información a la banda.

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La complicidad entre miembros de la Fuerza Pública y el grupo desarticulado facilitó el suministro de información sobre movimientos operativos, favoreciendo la operación ilegal en la frontera. Fuente: OIJ
La complicidad entre miembros de la Fuerza Pública y el grupo desarticulado facilitó el suministro de información sobre movimientos operativos, favoreciendo la operación ilegal en la frontera. Fuente: OIJ

La estructura de la organización y su modus operandi

La investigación inició en 2024. El OIJ rastreó las operaciones de un grupo criminal sin líder único, organizado en una estructura piramidal. Estaría compuesto por aproximadamente 60 personas con roles en vigilancia, transporte, captación de víctimas y ocultamiento, incluyendo a funcionarios públicos presuntamente colaboradores.

El grupo operaba principalmente en el sector fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, en la zona de Tablillas. Los integrantes contactaban a personas nicaragüenses en San Carlos de Nicaragua y ofrecían cruzar la frontera a cambio de sumas entre 8 mil y 15 mil colones, es decir unos USD 30, por persona.

Una vez en territorio costarricense, las víctimas eran trasladadas en vehículos hacia distintos destinos o permanecían ocultas en viviendas de seguridad, especialmente durante operativos policiales.

Soto detalló: “Se identificaron 117 víctimas en 44 eventos, tanto de tráfico de personas como de robos agravados”, quienes en varias ocasiones fueron asaltadas tras ingresar al país, despojadas de dinero, teléfonos, joyas y otras pertenencias. El proceso se repetía a diario, movilizando entre 150 y 200 personas por jornada, con aumentos en días festivos.

Aunque la mayoría de los flujos eran de personas nicaragüenses, hubo periodos en los que la red facilitó la entrada de cubanos, venezolanos y migrantes extracontinentales, según informó el OIJ.

Las acciones policiales incluyeron 51 allanamientos coordinados con jueces y fiscales en diferentes localidades, tras varios meses de investigaciones que identificaron numerosos beneficiarios financieros de la actividad ilícita. Fuente: OIJ
Las acciones policiales incluyeron 51 allanamientos coordinados con jueces y fiscales en diferentes localidades, tras varios meses de investigaciones que identificaron numerosos beneficiarios financieros de la actividad ilícita. Fuente: OIJ

Homicidios, drogas y complicidad policial

El OIJ vincula a la organización con el homicidio de un hombre de 30 años de apellido Duarte, de nacionalidad nicaragüense, ocurrido el 14 de junio de 2025 en el centro de Los Chiles.

Tres miembros de la red participaron en el asesinato tras un asalto durante el traslado de la víctima; al resistirse, “lo golpearon con un objeto contundente hasta quitarle la vida y lo dejaron abandonado en la carretera”.

La organización también habría realizado incursiones en la venta y distribución de droga en la zona de Los Chiles, según el OIJ.

El involucramiento de funcionarios policiales permitió, según Soto, entregar “información respecto a las operaciones policiales” a los integrantes de la estructura.

Los agentes arrestados son sospechosos de colaborar con la organización delictiva, proporcionando datos que facilitaban el traslado clandestino de migrantes y otros actos ilícitos en la zona. Fuente: OIJ
Los agentes arrestados son sospechosos de colaborar con la organización delictiva, proporcionando datos que facilitaban el traslado clandestino de migrantes y otros actos ilícitos en la zona. Fuente: OIJ

Magnitud del operativo y decomisos

El operativo contó con el apoyo de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), la Unidad Canina, la Unidad de Vigilancia y Seguimiento (UVISE) y diferentes cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública. Durante los allanamientos se decomisaron 12 vehículos y continúa la búsqueda de pruebas para fortalecer las investigaciones.

Banda generaba ingresos de hasta 70 millones de colones, unos USD 140 mil, por mes. Fuente: OIJ
Banda generaba ingresos de hasta 70 millones de colones, unos USD 140 mil, por mes. Fuente: OIJ

Al concluir la operación, los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

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