El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala pide al Congreso autorización para compras por excepción y 122 millones de quetzales adicionales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala planteó ante el Congreso de la República dos demandas esenciales con miras a las elecciones generales de 2027: por un lado, la autorización para realizar compras bajo la modalidad de excepción durante el ejercicio fiscal 2026; por el otro, la restitución de 122 millones de quetzales recortados de su presupuesto ordinario. Ambas medidas, según los magistrados, son consideradas indispensables para que la institución cumpla oportunamente con la organización y logística del próximo proceso electoral.

El magistrado Alexander Velázquez explicó que la actual redacción del artículo 44, inciso f, del Decreto 57-92 de la Ley de Contrataciones del Estado limita el uso de procedimientos de excepción a los años electorales. Tras la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 2016, el proceso electoral guatemalteco se extiende a dos ejercicios fiscales: uno preelectoral y otro electoral, lo que deja al tribunal sin una herramienta clave para agilizar adquisiciones en el año previo a la votación.

Velázquez afirmó que la petición del TSE no implica una modificación a los procedimientos ni un pedido de exenciones fuera del marco legal. Solicitó únicamente que se habilite una excepción reglamentaria para el año 2026, permitiendo adquirir insumos y equipos esenciales en menor plazo: “No pedimos variar procedimientos, no pedimos realizar compras fuera de lo que establece la ley de contrataciones. Lo único que pedimos es poder realizar una excepción para regular menores tiempos para llevar a cabo los procesos de compra”, sostuvo el magistrado.

Velázquez recordó que el Congreso ya adoptó una medida similar en el presupuesto de 2025, cuando habilitó la excepción para el ejercicio preelectoral, indicó que ahora el problema radica en la premura de los tiempos respecto al cronograma actual. Si el TSE debiera ceñirse a los plazos ordinarios, enfrentaría serias dificultades: la licitación estándar estipula un mínimo de 40 días hábiles de publicación más el tiempo necesario para dictámenes y revisiones. El magistrado admitió que la modificación presupuestaria fue aprobada por el pleno del tribunal apenas en las últimas semanas, lo que hace inviable el cumplimiento de tales tiempos antes de 2027.

La segunda solicitud se fundamenta en el recorte presupuestario que sufrió el TSE para 2026, según el magistrado Quelvin Jiménez Villalta. El tribunal había solicitado una suma mayor, pero el Congreso redujo 122 millones de quetzales, en el entendido de que los 500 millones asignados para la preparación electoral podrían cubrir todas las necesidades. Jiménez enfatizó que esos 500 millones están destinados exclusivamente a la logística de la elección y no al sostenimiento institucional ni al funcionamiento cotidiano del tribunal. “Se nos disminuyen esos 122 millones de quetzales que son necesarios para que el Tribunal Supremo Electoral pueda funcionar de una forma adecuada”, manifestó el magistrado ante el Congreso.

Tras el recorte, el tribunal redujo sus gastos al mínimo en insumos, equipos y mantenimiento, con el objetivo de garantizar el pago de la nómina. La ampliación planteada apunta a restablecer el nivel presupuestario del año previo, que fue de aproximadamente 447 millones de quetzales, sin requerimientos extraordinarios de fondos.

La presidenta del TSE advirtió que para evitar retrasos operativos resulta imprescindible iniciar las compras “a la brevedad posible”, con el fin de reunir todos los insumos necesarios en tiempo y forma antes del evento electoral.

El Congreso analiza alternativas para agilizar procesos y restaurar fondos recortados

Durante la comparecencia del TSE, varios jefes de bloque manifestaron apertura hacia ambas solicitudes. El diputado Jairo Flores planteó como alternativa a las compras por excepción la reducción de los plazos ordinarios de licitación —de los 60 días habituales a 30 o 20 días— para compatibilizar la agilidad con los mecanismos de control. Jorge Mario Villagrán apoyó formalmente la autorización de compras por excepción y anticipó que la Comisión de Finanzas del Congreso abordaría el miércoles siguiente el análisis para restituir los fondos recortados.

La diputada Sonia, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, respaldó el fortalecimiento institucional del tribunal, pero instó a los magistrados a detallar el destino y justificación de los recursos solicitados. Velázquez aseguró que la exposición desglosada de la ampliación requerida “ya está lista y será entregada por escrito al Congreso”.

En el contexto presupuestario, la restitución de los 122 millones de quetzales permitirá al TSE recuperar el equilibrio financiero alcanzado el año anterior, sin que se destinen fondos adicionales al operativo electoral ya cubierto por la asignación de 500 millones de quetzales.

La definición sobre el mecanismo de compras y la decisión respecto de la ampliación presupuestaria recaerá en las comisiones legislativas y, después, en el pleno, en el marco del cronograma rumbo a las elecciones de 2027.