El Ministerio de Salud continua trabajando en estrategias para minimizar el vapeo, principalmente en la población adolescente en Costa Rica.
Este martes la entidad hizo público el Reglamento Técnico RTCR 519-2025, una normativa que establece límites estrictos a la comercialización, composición y presentación de los productos de vapeo.
La medida busca contener los crecientes riesgos sanitarios asociados a estos dispositivos, especialmente ante el aumento sostenido de su consumo entre adolescentes y jóvenes en el país.
La normativa introduce obligaciones dirigidas a frenar la proliferación de dispositivos y líquidos diseñados para resultar atractivos a personas menores de edad, en un contexto en el que las autoridades sanitarias han advertido un impacto cada vez mayor en la salud pública.
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De acuerdo con el nuevo marco legal, fabricantes, importadores y comercializadores contarán con un plazo máximo de seis meses, a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, para adecuarse plenamente a las nuevas disposiciones.
Uno de los cambios más relevantes es la restricción drástica de los aditivos permitidos. A partir de la entrada en vigencia del reglamento, solo se autorizarán 16 aditivos, todos con sabor a tabaco, lo que deja fuera cualquier presentación con aromas frutales, dulces o similares, identificados por las autoridades como un factor clave en la captación de consumidores jóvenes.
La decisión se produce en medio de cifras que encendieron las alertas del sector salud. Según la encuesta más reciente del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), uno de cada diez adolescentes entre 12 y 17 años consume vapeadores, con una mayor incidencia entre mujeres.
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El fenómeno se ha visto impulsado por la percepción errónea de que estos dispositivos son menos dañinos que el cigarrillo tradicional, así como por la amplia difusión de contenidos en redes sociales que normalizan su uso.
Desde el punto de vista sanitario, el impacto ya es visible. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que la cantidad de personas atendidas por afecciones relacionadas con el vapeo pasó de apenas 13 casos a más de 4.500 en un periodo relativamente corto.
Entre las principales complicaciones se reportan problemas respiratorios, cardiovasculares y posibles afectaciones neurológicas, particularmente preocupantes en población adolescente, cuyo desarrollo aún no se ha completado.
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El nuevo reglamento endurece también las condiciones de venta, exhibición y fiscalización. Los líquidos para vapeo, tanto de producción nacional como importados, deberán cumplir requisitos técnicos específicos en cuanto a su contenido, rotulado, manejo de residuos y trazabilidad. El Ministerio de Salud reforzará la supervisión mediante inspecciones aleatorias en puntos de venta, bodegas y establecimientos de almacenamiento.
Además, se establece la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de dispositivos y líquidos para vapeo. Los empaques no podrán incluir personajes, logotipos deportivos, símbolos nacionales ni formas que imiten juguetes, útiles escolares u otros artículos asociados a la infancia y adolescencia. La intención es reducir la exposición temprana y evitar la normalización del vapeo entre jóvenes.
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En cuanto a la composición, el reglamento fija un límite máximo de nicotina de 20 miligramos por mililitro (2%) y restringe el volumen de los envases con nicotina a un máximo de 10 mililitros. Según el Ministerio de Salud, estas disposiciones buscan disminuir el riesgo de dependencia, así como la exposición a sustancias químicas potencialmente peligrosas.
El consumo de vapeadores entre jóvenes ha sido identificado por expertos como una puerta de entrada a otras formas de consumo de nicotina, con posibles consecuencias a largo plazo.
Por ello, las autoridades consideran que la regulación es un paso necesario para proteger a la población más vulnerable y contener una tendencia que venía en aumento.
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La implementación del reglamento estará acompañada de una fiscalización reforzada y del retiro inmediato del mercado de los productos que no cumplan con la normativa. Con ello, el Ministerio de Salud busca consolidar entornos más saludables y responder a una problemática que, de no ser atendida, podría profundizar sus efectos en la salud pública del país.
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