Solo 5 de los 20 partidos recibirán dinero de la deuda política tras las elecciones en Costa Rica

El conteo de votos tras las elecciones nacionales realizadas el pasado 01 de febrero en Costa Rica, dejó a la vista un dato clave sobre el funcionamiento del sistema electoral costarricense y, en particular, sobre el acceso al financiamiento público.

En esta ocasión, solo 5 partidos políticos de los 20 inscritos obtendrán el derecho a la llamada deuda política, de acuerdo con los resultados preliminares y lo establecido en la Constitución Política.

Este escenario no solo define el panorama financiero inmediato de las agrupaciones que participaron en los comicios, sino que también vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Costa Rica: la creciente dificultad para sostener la pluralidad partidaria frente a los requisitos que impone el modelo electoral vigente.

La Constitución Política, en su artículo 96, inciso 2, establece que únicamente tendrán derecho a la contribución estatal aquellos partidos que superen el 4% de los votos válidos emitidos a escala nacional o provincial. Como alternativa, también pueden acceder al financiamiento público las agrupaciones que logren elegir al menos una diputación, incluso si no alcanzan ese porcentaje mínimo de respaldo en la papeleta presidencial.

Este criterio fue reforzado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mediante la resolución 591-E-2002, en la que se determinó que la obtención de una diputación constituye una prueba suficiente de respaldo ciudadano. Según el más reciente corte oficial del TSE, el Partido Unidad Social Cristiana logró elegir un diputado, mientras que el Frente Amplio alcanzó siete curules en la próxima Asamblea Legislativa.

Bajo estas reglas, únicamente tres partidos acceden de manera automática al financiamiento estatal por haber superado el umbral del 4% de los votos válidos. Se trata de Pueblo Soberano, que obtuvo 1,191,727 votos, equivalentes al 48.30% del total; Liberación Nacional, con 825,041 votos, un 33.44%; y la Coalición Agenda Ciudadana, que alcanzó 119,700 sufragios, para un 4.85%.

Por su parte, el Frente Amplio, que registró 92,826 votos (3.76%), y el Partido Unidad Social Cristiana, con 68,732 votos (2.79%), no alcanzaron el porcentaje mínimo exigido en la elección presidencial. Sin embargo, ambos cumplen con la condición alternativa al haber obtenido representación legislativa, lo que les permite acceder a la contribución económica del Estado.

La situación es muy distinta para el resto de las agrupaciones que participaron en la contienda. Un total de 15 partidos nacionales quedaron por debajo del umbral requerido y, al no lograr diputaciones, quedan excluidos del financiamiento público. Entre ellos figuran partidos como Nueva República, Avanza, Unidos Podemos y Liberal Progresista, con porcentajes de votación que oscilan entre el 1,78% y apenas el 0,06%.

Esta exclusión tiene implicaciones directas para la viabilidad política de estas fuerzas emergentes. Sin acceso a la deuda política, muchas agrupaciones enfrentan serias dificultades para cubrir gastos de campaña, saldar deudas adquiridas durante el proceso electoral y, en algunos casos, incluso para mantenerse activas de cara a futuros comicios. Uno de ello se trataría del Partido Nueva República, quien recientemente, su candidato presidencial, Fabricio Alvarado, aseguró a medios nacionales que no volverá a competir por la presidencia de la República.

El resultado ha reavivado el debate sobre la fragmentación del sistema de partidos y las barreras estructurales que enfrentan las agrupaciones pequeñas. Si bien estas fuerzas aportan diversidad ideológica y representación de sectores específicos, el actual esquema de financiamiento limita su capacidad de consolidarse y competir en igualdad de condiciones, lo que a la mayoría de ella los hace competir por la silla presidencial en una sola ocasión.

Las cifras y criterios que les permitieron a estos partidos políticos acceder a la deuda política están basados en documentos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones y de lo establecido en la Constitución Política de Costa Rica.