La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA resaltó el proceso de las Elecciones Nacionales 2026 en Costa Rica. Según el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la jornada electoral no solo fue significativa por la amplia afluencia de votantes, con casi un 70% de participación, sino porque consolidó a Costa Rica como el primer país de las Américas en elegir a dos mujeres como presidentas por voto popular.
Para la OEA, el TSE mostró capacidad operativa sobresaliente, tanto en el cumplimiento de los plazos legales para la elaboración y distribución del padrón electoral como en la implementación de campañas para el empadronamiento juvenil y la inclusión de personas con discapacidad.
En el proceso del 2026, se destacó el diseño de materiales accesibles y la incorporación de auxiliares de accesibilidad en aproximadamente 200 centros de votación, para apoyar la participación autónoma de personas mayores y con discapacidad.
El día de las elecciones, la Misión de Observación Electoral supervisó la apertura de 7.154 Juntas Receptoras de Voto (JRV), constatando la presencia de materiales y personal necesario, así como la adecuada atención a votantes, incluidos aquellos privados de libertad, quienes ejercieron su derecho al sufragio gracias a operativos para la reimpresión y custodia de cédulas de identidad.
Según el informe de la OEA, la jornada se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes graves, siguiendo la tradición democrática local.
El modelo costarricense enfrentó desafíos en la integración de las JRV. De acuerdo con los datos recabados, en la semana previa solo 313 de las 7.154 JRV estaban compuestas íntegramente por integrantes designados por partidos, mientras que cerca de 1.000 fueron conformadas únicamente por auxiliares electorales del TSE.
Más de 20 mil auxiliares participaron en el proceso, un fenómeno que, según la OEA, evidencia la brecha entre la normativa y la realidad en la integración partidaria de las mesas.
Para garantizar la transparencia y eficiencia en la transmisión de resultados, el TSE operó un sistema multicanal con protocolos de certificación de bases de datos en ceros. La MOE recomendó fortalecer la revisión de versiones del software y unificar la digitalización de actas y resultados numéricos, a fin de mejorar la simultaneidad y claridad en la divulgación de resultados.
El sistema político-electoral de Costa Rica continúa mostrando retos en materia de financiamiento. Según la OEA, persisten factores que favorecen la inequidad, como la dependencia excesiva de financiamiento privado y la liberalidad en los límites de aportes y gastos.
Para las elecciones de 2026, solo tres partidos accedieron a créditos bancarios respaldados por certificados de cesión, y el monto de cesiones autorizadas superó en más de un 80% al total de la contribución estatal prevista, con cifras cercanas a los 71 mil millones de colones (aproximadamente $145,04 millones USD), mientras que la contribución estatal fijada fue casi 39 mil millones de colones (alrededor de $79,9 millones USD).
La OEA subrayó el avance significativo tras la aprobación de la Ley N.º 10755 para fortalecer la transparencia y control del financiamiento político. Dicha ley refuerza la rendición de cuentas, la fiscalización de recursos de los partidos y permite el levantamiento de secretos fiduciarios, renovando las capacidades de la autoridad electoral en la materia.
El foco en la equidad de género se reflejó en la consolidación de la paridad, plasmada tanto en la integración de listas legislativas como en la dirección de partidos.
Tras la elección de 2026, Costa Rica se convirtió en el primer país de las Américas en elegir dos presidentas por voto popular. Pese a ello, la MOE/OEA llamó la atención sobre las brechas persistentes en la encabezamiento de listas y la necesidad de profundizar la capacitación en perspectiva de género al interior de los partidos.
La elección costarricense fue acompañada de un amplio proceso de observación social e internacional. Se dieron múltiples llamados a la participación ciudadana por parte de organizaciones civiles, sector empresarial y la Iglesia Católica.
Según la MOE/OEA, la fortaleza institucional y el profesionalismo del Tribunal Supremo de Elecciones son activos fundamentales para la democracia costarricense, recomendando a todos los actores resguardar la integridad y fortalecer permanentemente este órgano autónomo.
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