Colombia se estaría convirtiendo en una 'fabrica de bebés' para extranjeros: gestación subrogada habría incrementado desproporcionadamente

Colombia habría alcanzado hasta 2.100 acuerdos de gestación subrogada internacional en 2025, consolidándose como una alternativa para parejas extranjeras ante los menores costos y la falta de una regulación específica

Manos con guantes azules apoyan un transductor sobre un abdomen con gel junto a una pantalla que exhibe la ecografía de dos embriones.
Colombia alcanzó los 2.100 acuerdos de gestación subrogada internacional en 2025, según las estimaciones de Sensible Surrogacy. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Colombia podría haber concentrado hasta 2.100 acuerdos de gestación subrogada internacional en 2025, impulsada por la llegada de parejas extranjeras que buscan alternativas más accesibles y menos restrictivas para formar una familia.

Así lo estimó William Houghton, miembro de la consultora Sensible Surrogacy, que explicó cómo se habría fomentado el polémico negocio que, entre otros, resulta extremadamente costoso para un colombiano promedio, pero termina siendo una gran opción para ciudadanos extranjeros con economías más poderosas.

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Según el informe revelado por el medio The Economist, Colombia pasó de unos 1.600 acuerdos en 2021 a 2.100 cuatro años después. Su crecimiento habría coincidido con la interrupción de los mercados de gestación subrogada en Ucrania y Georgia, dos destinos que habían atraído a parejas extranjeras antes de la invasión rusa de 2022.

Un programa habitual cuesta alrededor de 65.000 dólares en Colombia, frente a 110.000 en México y cerca de 200.000 dólares en Estados Unidos. Las clínicas de fertilidad de Bogotá y otras capitales, además de una población étnicamente diversa, que facilita encontrar donantes de óvulos con rasgos físicos similares a los de los futuros padres, figuran entre los factores que explican la demanda.

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Una mujer embarazada sostiene sus manos sobre el vientre frente a una mesa con tazones de fruta, ensalada, frutos secos y pan.
El costo promedio de un programa en Colombia ronda los 65.000 dólares, frente a los 200.000 dólares que cuesta en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2019, Mark y su esposo, residentes en Irlanda, estaban preparados para ser padres, pero la gestación subrogada comercial no estaba disponible en su país. Según comentaron a The Economist, Estados Unidos resultaba demasiado caro y destinos más económicos, como Ucrania y Georgia, excluían a las parejas homosexuales.

La recomendación de otra pareja los llevó a Bogotá, donde su hijo había nacido mediante este procedimiento. Una agencia organizó la donación de óvulos, el tratamiento de fertilización in vitro, la gestante y los servicios legales necesarios.

De una actividad pequeña a un destino internacional

La expansión comenzó antes de la guerra en Ucrania. Mark Semple, director del grupo médico ReproVida, recordó que la actividad era “minúscula” cuando instaló su organización en Colombia en 2018, pero creció rápidamente en los años siguientes.

Las parejas homosexuales llegaron “en gran medida por recomendaciones personales”, explicó Semple al medio americano. Después de 2022, la interrupción de los servicios en Ucrania y Georgia dirigió también a muchas parejas heterosexuales hacia Colombia.

Buena parte de América Latina no desarrolló mercados internacionales de este tipo debido a restricciones legales. Colombia siguió otro camino a partir de un fallo de la Corte Constitucional de 2009, que determinó que no existían leyes que prohibieran la práctica.

Primer plano del vientre de una mujer embarazada, con ambas manos apoyadas en la parte inferior y una tira negra, posiblemente un sensor, en la piel. Viste ropa beige.
La interrupción de los servicios en Ucrania y Georgia tras el conflicto bélico de 2022 trasladó la demanda internacional hacia Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los magistrados recomendaron entonces que las gestantes no aportaran sus propios óvulos y que los acuerdos no estuvieran motivados por el lucro. Sin embargo, esas condiciones nunca fueron incorporadas a la legislación.

La falta de una regulación específica facilita el funcionamiento de agencias y clínicas, pero deja a padres y gestantes expuestos a decisiones judiciales contradictorias. Santiago Martínez, abogado de la firma Martínez Díaz & Asociados, que asesora en estos casos, señaló a The Economist que los jueces han llegado a conclusiones diferentes al aplicar las normas familiares vigentes.

Un caso reciente en Medellín reflejó esa incertidumbre. Una gestante se negó a entregar al bebé a su padre biológico, obtuvo inicialmente la custodia y luego un tribunal de apelaciones revocó esa decisión.

La escasez de gestantes y los riesgos de explotación

Las clínicas y agencias suelen seleccionar a las candidatas mediante evaluaciones médicas y psicológicas. Un abogado colombiano calculó que solo una de cada 10 postulantes es aceptada en los centros con los que trabaja.

El aumento de la demanda volvió más difícil encontrar gestantes que cumplan los requisitos. Hace algunos años, las agencias necesitaban unos cuatro meses para vincular a los futuros padres con una candidata; ahora algunas parejas esperan hasta un año.

Primer plano del torso de una mujer embarazada vestida con un vestido de punto color claro, con sus manos sosteniendo suavemente su vientre. La luz proviene del fondo.
Organizaciones defensoras de derechos alertaron sobre contratos restrictivos aplicados a mujeres migrantes en la frontera con Venezuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escasez elevó el riesgo de que operadores sin escrúpulos reduzcan los controles. Entre las prácticas denunciadas figuran aceptar a mujeres que presuntamente no superaron las evaluaciones médicas o psicológicas, o prescindir por completo de esos filtros.

Las debilidades de supervisión afectan especialmente a mujeres de zonas empobrecidas, como Cúcuta, cerca de la frontera venezolana. Alejandra Vera, de la organización de derechos de las mujeres Corporación Mujer Denuncia y Muévete, afirmó al medio extranjero que algunas clínicas captan por redes sociales a mujeres que atraviesan situaciones financieras desesperadas.

Migrantes venezolanas en Colombia relataron que les pidieron firmar contratos en inglés que no podían comprender. Algunos acuerdos habrían limitado sus desplazamientos, su alimentación o sus relaciones sexuales, y otros intentaron negarles el derecho al aborto, protegido por la Constitución colombiana.

Las denuncias impulsaron pedidos de mayores restricciones. En julio de 2026, el Congreso aprobó una ley que incorporó la “explotación reproductiva” entre las formas de explotación contempladas por la legislación contra la trata de personas, aunque sin definir con claridad el alcance del término.

En agosto se presentó un proyecto para prohibir por completo la gestación subrogada. La oposición proviene de sectores feministas de izquierda, que sostienen que la práctica mercantiliza el cuerpo de las mujeres y explota a quienes tienen menores recursos, y de conservadores religiosos de derecha, que creen que debilita a la familia tradicional.

Sin embargo, una prohibición total parece improbable. Martínez consideró que el Congreso ha tenido dificultades durante años para resolver cuestiones morales divisivas, y más de una docena de proyectos destinados a regular la práctica fracasaron en las últimas dos décadas.

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