El gobierno de Abelardo de la Espriella creó el Fondo Milagro el 9 de septiembre de 2026 para financiar la reconstrucción tras el terremoto que se registró el 10 de agosto en Colombia, que dejó más de 400.000 personas afectadas en 16 departamentos. Sin embargo, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana informó que no se ha podido establecer plenamente la trazabilidad de los $624.656 millones comprometidos —incorporados el 17 de septiembre al Presupuesto General de la Nación (PGN)—, según los registros disponibles al 5 de noviembre.
De acuerdo con el análisis que hizo el Observatorio Fiscal, los recursos iniciales del Fondo Milagro provienen de un crédito contingente contratado con el Banco Mundial en 2025 para atender desastres. El 7 de octubre, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público registró el compromiso presupuestal a favor de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (Fiducoldex), la entidad que administra el patrimonio autónomo.
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“El Decreto 1379 de 2026 lo creó como un patrimonio autónomo. Una bolsa de recursos separada jurídicamente y destinada exclusivamente a la reconstrucción. No es una entidad pública con funcionarios propios ni opera bajo las mismas reglas generales de contratación de una entidad estatal. Para administrarlo, el Ministerio de Hacienda contrató directamente a Fiducoldex mediante un contrato de fiducia mercantil”, precisó.
El observatorio indicó que el compromiso registrado no implica que el dinero haya sido transferido a contratistas, constructores o personas damnificadas. Pues, aunque Fiducoldex gestiona el fondo, los recursos permanecen en la cuenta del Tesoro hasta que se autoricen los pagos.
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Ahora bien, el observatorio advirtió que la ausencia de registros sobre los desembolsos en los territorios afectados impide determinar cuánto dinero llegó efectivamente a las víctimas. Indicó, además, que la trazabilidad del gasto se debilita cuando los recursos pasan a patrimonios autónomos.
“No encontramos un registro que permita establecer cuánto de esos recursos había llegado efectivamente a los territorios. Por ello, desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana advertimos que recurrir a patrimonios autónomos puede generar una ruptura en la trazabilidad del gasto si no existen obligaciones suficientemente detalladas y oportunas de publicación sobre contratos, pagos y beneficiarios finales”, detalló.
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En su análisis, el observatorio indicó que la creación de mecanismos extraordinarios como los fondos para atender emergencias muchas veces está justificada en la rigidez del presupuesto. De acuerdo con su explicación, el gasto flexible del PGN, que puede reasignarse, pasó de representar el 12,9% del total de los recursos en 2023, a representar el 9,5% en 2025.
Esto hace que el margen para la reasignación presupuestal, en aras de responder a una situación como el terremoto, sea muy reducido. Es por eso que se buscan recursos adicionales por otros medios.
“El caso del Fondo Milagro deja una lección que va más allá de esta emergencia. Desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana reiteramos al Gobierno y a la ciudadanía que un presupuesto en el que la mayor parte del gasto está comprometida de antemano reduce la capacidad de reaccionar ante eventos inesperados y puede empujar a los gobiernos a crear nuevos instrumentos para conseguir y ejecutar recursos”, indicó.
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Por otro lado, el congresista Duvalier Sánchez cuestionó el hecho de que los recursos del Fondo Milagro estén comprometidos a favor de la fiduciaria. De acuerdo con su crítica, aunque en los registros se indique que el dinero ya está ejecutado al 100%, la cifra podría ser menor.
“Es como si usted pagara “de una” un apartamento sobre planos y el constructor le dijera que ya está construido, cuando apenas está demoliendo lo que había en el lote. En las cuentas del Gobierno, el Fondo aparece 100% ejecutado. En la realidad, la plata sigue quieta en el Tesoro”, señaló.
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