El presidente de la República, Abelardo de las Espriella, anunció desde un evento en Medellín, Antioquia, que su Gobierno buscará esclarecer la diferencia entre los bienes que fueron inventariados y los que se han recuperado para la reparación de las víctimas de las extintas Farc. En efecto, dijo que exigirá explicaciones y responsabilidades por ese proceso.
En su criterio, los responsables de hechos violentos deben responder ante la justicia y aportar sus recursos a la reparación. “Haber firmado acuerdos o haberse desmovilizado no libera a los victimarios de sus obligaciones”, declaró.
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El Gobierno pondrá el foco en los bienes de los exjefes de las Farc
El líder del movimiento Defensores de la Patria cuestionó la reparación material prevista tras el Acuerdo de Paz de La Habana y señaló que, una década después, los resultados no corresponden con la dimensión de los daños que atribuye a la antigua guerrilla.
Según su declaración, la Contraloría General de la República advirtió incumplimientos en la entrega de bienes y deficiencias en su recuperación y administración. Para De la Espriella, la brecha entre el inventario y los activos recuperados requiere una investigación.

“Diez años después, los resultados siguen muy lejos de la magnitud de los daños que causaron. La propia Contraloría General de la República ha denunciado incumplimientos en la entrega de bienes y graves deficiencias en su recuperación y administración. La distancia entre lo inventariado y lo efectivamente recuperado exige explicaciones y responsabilidades”, expuso.
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De la Espriella promete usar instrumentos legales para recuperar activos
Abelardo de la Espriella aseguró que utilizará los mecanismos legales disponibles para perseguir los bienes de los responsables, sin excepciones para organizaciones que calificó como terroristas, y destinar los recursos obtenidos a las víctimas.
“Mi gobierno utilizará todos los instrumentos legales para perseguir los bienes de los victimarios, sin excepciones para ninguna organización terrorista, y destinar esos recursos para reparar a las víctimas. No aceptaré que los responsables de tantos crímenes sigan escondiendo y disfrutando de sus fortunas, porque esa plata es de las víctimas de la violencia en Colombia”, afirmó el presidente.
Y agregó: “No aceptaré que los responsables de tantos crímenes sigan escondiendo y disfrutando de sus fortunas, porque esa plata es de las víctimas de la violencia en Colombia”.
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Primer campanazo de la ONU al gobierno de Abelardo de la Espriella por la financiación y continuidad del Acuerdo de Paz 2016

La implementación del Acuerdo Final de Paz continúa enfrentando desafíos relacionados con la financiación, la seguridad y la continuidad institucional, según el más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
El documento, presentado por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, destaca los avances alcanzados durante los últimos años, pero también advierte sobre factores que podrían afectar la consolidación del proceso de paz. Entre ellos se encuentran las dificultades para garantizar recursos suficientes para la reincorporación de excombatientes, la persistencia de la violencia en territorios afectados por el conflicto y los retrasos en algunos componentes de la Reforma Rural Integral.
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Guterres señaló que los acontecimientos registrados durante el periodo evaluado demostraron tanto la capacidad de resiliencia de las instituciones y de la sociedad colombiana como la importancia que mantiene el acuerdo de paz para avanzar en materia de seguridad, desarrollo y estabilización territorial.
El secretario general destacó que Colombia atraviesa una nueva etapa política después de una transición democrática pacífica y recordó que el actual Gobierno es el tercero que recibe las instituciones, compromisos y avances derivados del Acuerdo Final de Paz. Aunque el Gobierno de Abelardo de la Espriella todavía no ha detallado completamente su enfoque para la implementación, el informe señala que manifestó su intención de cumplir con la Constitución y con las obligaciones jurídicas derivadas del acuerdo.
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