
La suspensión provisional del Decreto 1485 de 2025, firmado durante el Gobierno de Gustavo Petro, hará que vuelvan a aplicarse de forma temporal las reglas vigentes desde 2015 para calcular el mecanismo que cubre el deslizamiento del salario mínimo en las rentas vitalicias.
La decisión fue tomada por el Consejo de Estado, que dejó sin efectos la totalidad de la norma mientras resuelve de fondo las demandas sobre su legalidad. En consecuencia, recupera vigencia el régimen previsto en el Decreto 036 de 2015.
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La medida afecta principalmente a los fondos privados de pensiones, las aseguradoras y los afiliados del régimen de ahorro individual que buscan pensionarse mediante una renta vitalicia. No implica, por sí sola, un aumento automático de las mesadas ni un cambio inmediato en todas las modalidades de pensión.

El Decreto 1485 de 2025 había reemplazado la regulación incorporada en el Decreto 1833 de 2016 sobre el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo.
Ese instrumento busca proteger a las aseguradoras frente al riesgo de que los incrementos del salario mínimo superen las previsiones utilizadas para financiar las rentas vitalicias. Estas prestaciones garantizan al pensionado el pago de una mesada durante toda su vida a través de una aseguradora.
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La norma suspendida modificaba el parámetro para establecer la cobertura. La fórmula debía tomar el mayor valor entre el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos diez años y el 35% del promedio de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante ese período.
Según el análisis técnico incorporado al proceso, el parámetro pasaba de 0,39% a 1,99%, cerca de cinco veces más. La discusión se concentró en la distribución del costo que puede surgir cuando el salario mínimo crece por encima de las proyecciones actuariales.
Con la suspensión, vuelve a operar el esquema anterior, que establecía una cobertura distinta para ese riesgo. El alcance de la decisión es temporal y dependerá de la sentencia definitiva que adopte el alto tribunal.
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Asofondos y Fasecolda alertaron por el mayor capital requerido

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y Asulado Seguros de Vida S.A. cuestionaron el impacto de la regulación sobre el financiamiento de las pensiones mínimas bajo la modalidad de renta vitalicia.
Uno de los argumentos planteados por Asofondos y Fasecolda fue que el nuevo mecanismo podía elevar el ahorro necesario para contratar una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo. De acuerdo con cálculos presentados por esas organizaciones, el capital requerido podría subir de unos $349 millones a cerca de $549,6 millones para los hombres y $549,5 millones para las mujeres.
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Las entidades sostuvieron que ese cambio podía afectar a personas próximas a cumplir las condiciones de jubilación y a afiliados que reciben una prestación mediante retiro programado. También plantearon que algunos trabajadores podrían requerir más años de cotización o una mayor acumulación de recursos para acceder a una renta vitalicia.
Esas cifras, sin embargo, corresponden a estimaciones de los demandantes. El Consejo de Estado no declaró como probados esos efectos económicos ni concluyó que todos los afiliados deban aportar más dinero para pensionarse.
La medida no eleva automáticamente las mesadas

La decisión cautelar no significa que todas las pensiones aumenten ni que los afiliados reciban de forma inmediata una mesada más alta. Tampoco modifica por igual las condiciones de quienes están pensionados, de quienes cotizan en fondos privados y de quienes se encuentran cerca de solicitar su prestación.
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El efecto directo consiste en suspender el mecanismo regulatorio fijado por el Gobierno y restablecer, mientras avance el proceso judicial, las disposiciones previas para cubrir el riesgo asociado al incremento del salario mínimo.
Por ese motivo, la medida tiene mayor incidencia sobre la forma en que se calculan y financian determinadas rentas vitalicias que sobre el monto actual que reciben los pensionados. Las condiciones particulares dependerán de la modalidad de pensión y de la situación de cada afiliado.
La falta de trámite ante la SIC fue el argumento central de la suspensión

El punto que llevó a la suspensión fue el cuestionamiento sobre la falta de un trámite de abogacía de la competencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
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Asulado sostuvo que el decreto podía afectar la libre competencia entre aseguradoras y que, por esa razón, el proyecto requería una evaluación conforme al artículo 7 de la Ley 1340 de 2009.
La Sala consideró, de manera preliminar, que había elementos para cuestionar el procedimiento de expedición de la norma. El tribunal señaló que una eventual incidencia sobre la competencia requería una revisión técnica de la autoridad especializada.
El Consejo de Estado confirmó la decisión que había negado la cautela solicitada por Asofondos y Fasecolda, pero revocó el rechazo a la petición de Asulado. Con esa determinación, suspendió de manera provisional todo el Decreto 1485 de 2025.
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El proceso continuará hasta que el alto tribunal emita una decisión definitiva sobre la legalidad de la norma y sobre los cuestionamientos relacionados con sus efectos económicos y actuariales.
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