
La Ocde prevé que Colombia crecerá 2,1% en 2027, frente al 2,6% estimado para 2026, en un escenario condicionado por la inflación persistente, el deterioro fiscal y una inversión privada insuficiente.
El organismo pidió un ajuste creíble que estabilice la deuda pública, reduzca los costos de financiación y permita recuperar la confianza de los inversores.
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El déficit del Gobierno nacional alcanzaría 7,2% del producto interno bruto en 2026 y se mantendría en ese nivel al año siguiente. Los pasivos financieros brutos pasarían de 64,4% del PIB en 2025 a 67,6% del PIB en 2027, mientras la regla fiscal permanece suspendida desde 2025.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presentó su Estudio Económico de Colombia 2026 el viernes 20 de noviembre en Bogotá. El secretario general del organismo, Mathias Cormann, definió el panorama con una advertencia: “Hoy Colombia se encuentra en una situación difícil”.
El organismo considera que el país debe completar el ajuste macroeconómico mientras enfrenta problemas de larga duración: baja productividad, informalidad laboral elevada, desigualdades territoriales y un envejecimiento acelerado de la población. La inflación continúa por encima de la meta del Banco de la República y las desviaciones presupuestarias han aumentado las primas de riesgo.
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El déficit del Gobierno central llegó a 6,4% del PIB en 2025, luego de que el gasto primario, que excluye los intereses de la deuda, subiera desde 16% del producto antes de la pandemia hasta casi 20%. Cormann sostuvo que “el gasto de emergencia de la pandemia nunca volvió a niveles normales”.
Los pagos de intereses ya ubican a Colombia entre los países de la Ocde y de América Latina con mayores cargas financieras por ese concepto. Esa presión reduce el margen disponible para inversión pública y programas de desarrollo productivo.
La organización valoró el proyecto de rescate económico presentado por el Gobierno como un avance, aunque consideró que requiere mayor ambición. “El proyecto de rescate económico es un paso importante en la dirección correcta. Pero los invito a ser aún más ambiciosos”, afirmó Cormann sobre la iniciativa radicada en octubre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.
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Incluso si la iniciativa se aprobara íntegramente y generara los ahorros calculados por el Ejecutivo, la deuda neta se estabilizaría cerca de 64% del PIB en 2030. Esa proporción superaría el tope de 55% fijado por la regla fiscal.
El estudio cerró sus datos el 6 de noviembre, nueve días antes de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara que su administración no cobraría IVA a la canasta familiar, una de las fuentes de recaudo contempladas en el proyecto. Bajo el supuesto de una aplicación parcial de las medidas, la Ocde calcula para 2027 un déficit primario de 2,6% del PIB, medio punto por encima del 2,1% previsto por el Ministerio de Hacienda.
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El aumento de 23% del salario mínimo le costaría al Estado al menos $5,3 billones en 2026 y unos 8 billones anuales desde 2027, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), citado en el estudio. La presentación también señaló que 81% de los subsidios a los servicios públicos llega a hogares que no son de bajos ingresos.
La recomendación central consiste en extender la consolidación fiscal más allá de 2030, con medidas para mejorar la eficiencia del gasto, ampliar las bases tributarias, reducir exenciones y reforzar el recaudo. La presión tributaria equivale a 20% del PIB, por debajo del promedio de 34% de la Ocde.
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El vicepresidente José Manuel Restrepo, sostuvo que las conclusiones reflejan la situación recibida por el actual Gobierno. “Lo que va a presentar el secretario general es en buena medida la fotografía del país que recibimos”, dijo durante la presentación.
Restrepo estimó que, sin medidas adicionales, el déficit total podría llegar a 9,4% del PIB en 2027. Gómez Martínez atribuyó el deterioro de las cuentas públicas a “la tentación populista” de la administración anterior y señaló que el cuatrienio previo representó “una ruptura con nuestra tradición de prudencia”.
Inversión, productividad y empleo formal

La inversión privada continúa como una de las principales limitaciones para el crecimiento. La formación bruta de capital se ubicó cerca de 16% del PIB en 2025 y llegó a 16,9% durante el segundo trimestre de 2026, niveles inferiores a los históricos y regionales.
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La incertidumbre regulatoria, los altos costos de financiamiento y los obstáculos para obtener licencias ambientales y de construcción han afectado las decisiones de inversión. Los sectores de energía, minería y vivienda han enfrentado cambios normativos que también incidieron sobre los proyectos privados.
“La inversión privada se ha visto restringida por factores estructurales, sectoriales y relacionados con la política pública, una elevada incertidumbre, altos costos de financiamiento y cuellos de botella regulatorios”, indicó el organismo. La recuperación de ese flujo de capital es necesaria para ampliar la capacidad productiva de la economía.
La inflación se proyecta en 6,0% para 2026 y 5,9% para 2027, todavía lejos de la meta de 3% del Banco de la República. Las tasas de interés elevadas encarecen el crédito para hogares y empresas, mientras el desempleo podría subir de 8,5% a 8,8% en ese período.
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La productividad laboral colombiana es la más baja entre los miembros de la Ocde: un trabajador del país produce menos de un tercio que el promedio del bloque. Esa brecha ayuda a explicar que el ingreso medio de un colombiano sea 34% del correspondiente a un habitante promedio de la organización, una distancia que se mantiene en niveles similares desde 2013.
La digitalización y la inteligencia artificial aparecen como herramientas para elevar la productividad, especialmente entre pequeñas y medianas empresas. Más de 90% del tejido empresarial corresponde a pymes, pero su uso de tecnologías digitales avanzadas es limitado y el servicio de banda ancha fija cuesta, en relación con los ingresos, casi el doble que en el promedio de la organización.
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Las simulaciones del estudio indican que el conjunto de reformas propuestas podría elevar el PIB por habitante 8,4% en 10 años. Entre las medidas planteadas figuran mejorar las competencias digitales, ampliar la cobertura de internet, reducir sus costos y reforzar la competencia en telecomunicaciones.
El envejecimiento y la presión sobre las pensiones

Colombia tiene actualmente 17 personas de 65 años o más por cada 100 habitantes en edad de trabajar, frente a 34 en el promedio de la Ocde. Esa relación se duplicaría en 24 años y llegaría a 60 por cada 100 en 2070.
La edad de jubilación es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. La organización propone elevarla gradualmente, igualarla entre ambos sexos y vincularla a la esperanza de vida, con una proyección de 65 años para mujeres y hombres en 2040.
“A medida que vivamos más años y mantengamos una buena salud durante más tiempo, también tendremos que trabajar durante más años”, afirmó Cormann. El organismo considera que ese cambio debe estar acompañado por una expansión del empleo formal, sobre todo entre mujeres y jóvenes.
La informalidad alcanza a 56% de los trabajadores y tres de cada cuatro no completan las 1.300 semanas requeridas para acceder a una pensión. La propuesta incluye reducir impuestos y aportes sobre los salarios más bajos, fortalecer los servicios de cuidado infantil y definir el salario mínimo con estudios técnicos independientes.
Restrepo señaló que el Gobierno busca convertir las recomendaciones en una agenda de trabajo para los ministerios, con énfasis en ajuste fiscal, control del gasto, generación de ingresos, inteligencia artificial, energías renovables, minerales críticos y formalización laboral.
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