La Contraloría de Bogotá identificó un presunto detrimento patrimonial de $8.397 millones en recursos del servicio Comunidad de Cuidado, tras detectar que personas mayores recibieron atención sin acreditar todos los requisitos de ingreso y permanencia exigidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.
La conclusión surgió de una indagación preliminar sobre la operación del programa, que ofrece atención institucional a personas mayores en condiciones de vulnerabilidad. El organismo de control señaló que las fallas se concentraron en la validación de la información de los beneficiarios y en la aplicación de los controles establecidos para asignar los cupos.
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Más de 200 atenciones bajo revisión entre 2023 y 2026
La revisión de la Contraloría abarcó los registros del servicio en las modalidades de atención moderada y grave. Durante 2023 fueron atendidas 59 personas que no reunían la totalidad de las condiciones; en 2024, la cifra subió a 68; en 2025 se ubicó en 60 y, hasta junio de 2026, alcanzó 62 casos.

En conjunto, el ente de vigilancia identificó 249 atenciones en ese período que, según sus hallazgos preliminares, se otorgaron sin que se verificara plenamente el cumplimiento de los criterios definidos en la ficha técnica del programa. Esas condiciones hacen parte del Portafolio de Servicios, Modalidades, Estrategias, Beneficios y Transferencias Monetarias del Distrito.
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Uno de los requisitos examinados fue la titularidad de bienes inmuebles. Para acceder a Comunidad de Cuidado, el potencial usuario no debía figurar como propietario de una vivienda u otro inmueble, de acuerdo con la información disponible en la Ventanilla Única de Registro. La Contraloría encontró inconsistencias en la verificación de ese criterio.
La Subdirección para la Vejez debía validar el cumplimiento de las condiciones
La entidad de control indicó que la Subdirección para la Vejez de la SDIS tenía la responsabilidad de comprobar que los aspirantes y usuarios mantuvieran las condiciones requeridas para entrar y permanecer en el servicio. Sin embargo, la indagación detectó deficiencias en ese proceso.

Las observaciones incluyen fallas en la aplicación del Manual del Servicio Comunidad de Cuidado, el Protocolo de Verificación del Cumplimiento de Criterios de Ingreso para la Oferta Institucional y los procedimientos de focalización, priorización e ingreso a los servicios sociales.
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De acuerdo con la Contraloría, esos mecanismos debían permitir el cruce y la actualización de datos antes de asignar o mantener un cupo. La ausencia de controles efectivos habría impedido advertir las inconsistencias a tiempo y corregir la vinculación de beneficiarios que no reunían todos los requisitos.
“El presunto detrimento patrimonial, estimado en $ 8.397 millones, representa una afectación a los recursos destinados al servicio Comunidad de Cuidado”, afirmó Mauricio Dávila, director del Sector Integración Social de la Contraloría de Bogotá.
El funcionario agregó que el resultado de la revisión muestra la necesidad de reforzar el seguimiento y la validación de la información de las personas inscritas en programas sociales. “Seguiremos vigilando que los recursos públicos y los cupos destinados a la atención de las personas mayores se administren adecuadamente”, señaló.
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Los cupos son limitados y se dirigen a población vulnerable
El servicio Comunidad de Cuidado está destinado a personas mayores que requieren atención integral y cumplen parámetros de vulnerabilidad definidos por el Distrito. Por esa razón, la Contraloría advirtió que los recursos y cupos institucionales son limitados y deben priorizar a quienes acrediten las condiciones para recibirlos.
En Bogotá, la población mayor en situación de pobreza o vulnerabilidad económica también puede acceder a transferencias como el componente para personas mayores del Ingreso Mínimo Garantizado y el programa nacional Colombia Mayor. Para 2026, el apoyo mensual del Ingreso Mínimo Garantizado para sus beneficiarios es de $150.000 por persona.
Estos programas tienen criterios distintos a los de Comunidad de Cuidado, pero comparten procesos de focalización relacionados con la edad, la clasificación socioeconómica, la falta de pensión o de ingresos suficientes y la residencia en la ciudad. La inscripción para los apoyos distritales se realiza de manera presencial en las subdirecciones locales de Integración Social.
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Las personas mayores de 62 años también cuentan con un beneficio de pasajes gratuitos en TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público. Para el segundo semestre de 2026, cerca de 332.000 ciudadanos reciben ese apoyo, según la información entregada.
La Contraloría recordó que la administración de los recursos públicos debe ajustarse a los principios de eficiencia, eficacia, economía y responsabilidad establecidos en la Constitución, la Ley 80, la Ley 610 y el Decreto 403 de 2020. La indagación preliminar busca establecer las responsabilidades que puedan derivarse de las irregularidades detectadas.
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