
La senadora Carolina Corcho respondió al anuncio de la Fiscalía General de la Nación sobre la solicitud de imputación contra dos exintegrantes de su campaña presidencial y aseguró que no existe prueba de una conducta penalmente reprochable de su candidatura. La congresista también pidió que se respeten las garantías de los investigados y alertó sobre una posible politización de la justicia.
La reacción de Corcho se produjo luego de que la Fiscalía radicara ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, una petición de audiencia de formulación de imputación por presuntas irregularidades en documentos utilizados para tramitar la reposición de votos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Los investigados son Nelson Emiro Linares Zárate, exgerente de la campaña de Corcho durante la consulta interna del Pacto Histórico, y Héctor Ulises Ávila Cortés, quien cumplía labores administrativas y contables en una empresa proveedora de servicios logísticos para la candidatura. La diligencia fue fijada para el próximo 2 de diciembre.

“Respeto profundamente la administración de justicia, pero hago un llamado respetuoso a la Fiscal General de la Nación para que se respete el debido proceso”, precisó la hoy senadora del Pacto Histórico
Corcho reclamó garantías para su exgerente de campaña
En un comunicado, Corcho afirmó que respeta a jueces, fiscales y magistrados, así como las decisiones de la administración de justicia. Sin embargo, expresó su inconformidad con la información que recibió sobre la incautación de teléfonos celulares de quien fue el gerente de su campaña.
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La senadora sostuvo que esa diligencia se habría realizado sin el acompañamiento de los abogados de confianza del exgerente. Por ello, hizo un llamado a la fiscal General de la Nación para que se garanticen los derechos y el debido proceso de las personas investigadas.
“He actuado con lealtad y transparencia durante todo mi recorrido político, y mi campaña presidencial no fue la excepción”, señaló Carolina Corcho. La congresista agregó que defenderá esa posición ante su juez natural y ante el organismo investigador.

Corcho, además, cuestionó la celeridad de la investigación frente a otros expedientes penales que, según afirmó, llevan años sin una decisión. En ese contexto, manifestó preocupación por lo que considera una politización de la administración de justicia y por eventuales intentos de afectar a dirigentes del Pacto Histórico.
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“Demostraré ante la justicia que no existe prueba alguna en contra de mi campaña presidencial”, afirmó. La senadora no figura entre las personas para quienes la Fiscalía solicitó la imputación.
La Fiscalía indaga facturas para pedir recursos por votos
De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía General de la Nación, la investigación está a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción. La hipótesis es que se habrían emitido facturas con información falsa para respaldar servicios que, presuntamente, no fueron prestados.

Esos documentos habrían sido entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE) para gestionar la reposición de votos. Este mecanismo permite que las campañas reciban recursos públicos en función de los votos obtenidos, dentro de las condiciones y límites establecidos por la normativa electoral.
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El ente acusador pretende atribuir a Linares y Ávila los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa. La solicitud de audiencia no constituye una declaración de responsabilidad penal: en esa etapa, la Fiscalía comunica formalmente los cargos que investiga y las defensas pueden controvertirlos.
El juez deberá escuchar la formulación de imputación y las intervenciones de las partes en la fecha programada. Cualquier decisión sobre responsabilidad corresponde a las etapas posteriores del proceso judicial.
Transparencia por Colombia pide revisar los gastos de campaña
La organización Transparencia por Colombia respaldó la actuación de la Fiscalía y señaló que el caso pone de relieve la necesidad de atender posibles delitos electorales y de mantener controles sobre el uso de los recursos de las campañas.
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“La rendición de cuentas y la vigilancia sobre los recursos electorales son fundamentales para fortalecer la transparencia del sistema político”, indicó la entidad en un pronunciamiento público. También pidió que el proceso avance con todas las garantías legales.

La organización sostuvo que el CNE debe verificar de forma rigurosa los gastos reportados por las campañas y las solicitudes de reposición de votos, con el fin de identificar posibles inconsistencias. Añadió que la responsabilidad, individual o relacionada con una campaña, debe establecerse por las vías institucionales correspondientes.
El caso continuará con la audiencia prevista para el 2 de diciembre, cuando la Fiscalía expondrá ante un juez los hechos por los que busca vincular formalmente a los dos exintegrantes de la campaña de Corcho.
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