
Una verificación del portal especializado en fact checking Colombiacheck concluyó que dos afirmaciones de la panelista Jerome Sanabria, pronunciadas el 12 de noviembre en Noticias RCN, presentan datos falsos o incompletos sobre el proceso de reincorporación de las antiguas Farc y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Durante un panel de opinión, Sanabria afirmó que los integrantes de las Farc “no se desmovilizaron” y que “siguen delinquiendo”.
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La activista también cuestionó la primera sentencia contra el último Secretariado de esa guerrilla y aseguró que recibieron “ocho años de reparación sin un solo día de cárcel”.
El chequeo periodístico determinó que la primera afirmación es falsa y que la segunda resulta cuestionable porque mezcla hechos ciertos con omisiones sobre la dejación de armas, el sistema de sanciones y las decisiones adoptadas por el tribunal de paz.
La ONU certificó la dejación de 8.994 armas en 2017
La afirmación de que las Farc no dejaron las armas contradice los registros de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
El 22 de septiembre de 2017, la misión informó que había concluido la inhabilitación del armamento de las Farc-EP. El balance incluyó 8.994 armas, además de municiones, explosivos, granadas y minas antipersonal entregadas en las zonas veredales y puntos transitorios de normalización, así como material encontrado en caletas.
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Ese mismo año, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reconoció la culminación de la dejación individual de armas.
El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, encargado de monitorear la implementación del Acuerdo de Paz, reportó en 2019 que el 97% de las disposiciones relacionadas con el cese al fuego y la dejación de armas estaban completadas.
El proceso no implicó solo el abandono de la actividad armada. El Acuerdo de Paz adoptó el término reincorporación porque buscaba garantizar la transición de los antiguos combatientes hacia la vida civil, con posibilidades de participación económica, social y política.
Más de 11.000 firmantes siguen vinculados al proceso de reincorporación
Los datos más recientes de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con corte al 30 de septiembre de 2026, registraron 11.165 personas vinculadas al proceso de reincorporación.
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Esa cifra equivale a cerca del 82% de las 13.609 personas acreditadas inicialmente como excombatientes después de la firma del Acuerdo.
De ese grupo, 10.868 continúan en el programa general de reincorporación socioeconómica previsto en el Decreto Ley 899 de 2017.
Otros 297 comparecen ante la JEP bajo esquemas especiales de acompañamiento. En el quinto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad también reportó que más de 11.000 firmantes continuaban activos en el proceso hasta 2025.
La exdirectora de la ARN, Alejandra Miller, cuestionó la afirmación de Sanabria. “Es una equivocación, las Farc sí se desmovilizaron, entregaron más armas que hombres, de hecho. Sí existió desmovilización y dejación de armas”, afirmó en declaraciones recogidas por el mismo portal.
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Miller señaló que más del 85% de las personas acreditadas permanecen vinculadas al programa integral y rechazó la idea de que la mayoría hubiera regresado a la guerra.
“Es una irresponsabilidad decir que estas personas se regresaron a la guerra y que son las que nutren los grupos de las disidencias, eso no es verdad”, sostuvo la exfuncionaria.
La salida del registro no implica que los excombatientes hayan retomado las armas
La verificación también aclara que una parte de los firmantes dejó de aparecer en los registros de acompañamiento institucional por razones distintas al rearme.
Cerca de 1.000 excombatientes acreditados han muerto. Además, el Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz ha documentado, además, más de 500 asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz.
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Otros avanzaron de manera autónoma en su transición a la vida civil y dejaron de requerir acompañamiento de la ARN. “Son personas que lograron avanzar en sus procesos de reincorporación y ya no necesitaron más el acompañamiento de la Agencia”, explicó Miller.
La exfuncionaria añadió que las estructuras disidentes se nutren, en buena parte, de reclutamientos recientes de menores y jóvenes en los territorios. Además, ella dijo que vincular de manera general a la población reincorporada con esos grupos puede elevar los riesgos de seguridad contra los firmantes.
La primera sentencia contra el Secretariado llegó en 2025, pero la JEP tomó decisiones desde 2018
La segunda frase de Sanabria partió de un dato cierto: la primera sentencia de la JEP se emitió el 16 de septiembre de 2025, más de siete años después de que la jurisdicción comenzara a ejercer funciones en marzo de 2018.
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Esa decisión correspondió al macrocaso 01, sobre secuestros y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las Farc-EP.
La JEP declaró responsables a siete integrantes del último Secretariado por una política que dejó 21.396 víctimas, una cifra ligeramente inferior a las más de 22.000 mencionadas por Sanabria.
Sin embargo, la verificación señala que el tribunal no permaneció inactivo durante esos años.
El macrocaso abrió en julio de 2018; la Sala de Reconocimiento imputó al Secretariado en enero de 2021; siete comparecientes reconocieron responsabilidad ante las víctimas en junio de 2022, y la resolución de conclusiones se expidió en noviembre de ese año.
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