Estos son los cambios en las encuestas preelectorales tras importante fallo de la Corte Constitucional: no habrá más “periodo de silencio”

El fallo del alto tribunal redefinió los límites de la supervisión estatal sobre las firmas encuestadoras, con énfasis en la protección de la información política, la intimidad y los datos personales de los ciudadanos

La sentencia C-168 de 2026 de la Corte Constitucional hizo una importante modificación a la Ley de Encuestas en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La sentencia C-168 de 2026 de la Corte Constitucional hizo una importante modificación a la Ley de Encuestas en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Corte Constitucional eliminó dos restricciones de la Ley 2494 de 2025 sobre encuestas electorales en Colombia: anuló el límite que impedía medir la intención de voto antes de los tres meses previos a la inscripción de candidatos y prohibió al Consejo Nacional Electoral (CNE) acceder a datos que permitieran identificar a los participantes.

El alto tribunal, en una decisión que se conoció en la noche del martes 17 de noviembre, pero que corresponde al del 3 de junio de 2026, concluyó que la vigilancia estatal debe preservar tanto el derecho a la información política como el anonimato de los que desean expresan sus preferencias. Así quedó plasmada en la sentencia C-168 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Meneses.

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En la determinación, se examinaron las disposiciones de los artículos 5 y 12 de la norma y el fallo estableció que las restricciones cuestionadas afectaban la libertad de información, la intimidad y el hábeas data. De esta manera, se dispusieron de una serie de cambios en el trámite que deberán surtir estas mediciones en el territorio nacional.

Así se cayó la regla que limitaba las encuestas electorales en Colombia

En efecto, la Corte retiró la regla que solo autorizaba las encuestas con preguntas sobre intención de voto desde los tres meses anteriores al inicio de la inscripción de candidaturas. Para el alto tribunal, esa prohibición creaba un lapso demasiado extenso sin acceso público a mediciones sobre las preferencias electorales en el país.

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El magistrado Vladimir Fernández discrepó de forma parcial de la decisión sobre los datos de los encuestados y sostuvo que el CNE debía conservar acceso a los números telefónicos y al código para reproducir la selección de las muestras, pues permitían comprobar si las metodologías coincidían con las aplicadas durante el trabajo de campo.

En su decisión, el tribunal advirtió que la prohibición de divulgar este tipo de estudios operaba lejos de la jornada de votación. En el numeral 133 de la sentencia, señaló que la norma establecía un “periodo de silencio general en la etapa preelectoral”, por lo que derogó esa restricción de las limitaciones que pueden regir cuando se acerca la elección.

El 31 de octubre de 2027 se llevarán a cabo las elecciones regionales en Colombia. (REUTERS)
El 31 de octubre de 2027 se llevarán a cabo las elecciones regionales en Colombia. (REUTERS)

Según el análisis de la Corte, la cercanía de la votación puede justificar medidas destinadas a evitar que los resultados influyan en la reflexión final de los electores, pero esa razón no alcanza para bloquear mediciones durante una parte amplia del calendario electoral, como se efectuó en los comicios a la presidencia.

Y de la misma manera, frente a los efectos que puedan producir las encuestas, el tribunal fijó una alternativa basada en la circulación de información verificable. En el numeral 136, indicó que esos riesgos deben enfrentarse con “mayor información disponible”, rigor estadístico y diversidad de fuentes, para así evitar la propagación de rumores.

La decisión anunciada por la Corte Constitucional mantiene las exigencias técnicas que regulan la elaboración y publicación de los estudios de opinión. Las firmas encuestadoras siguen sujetas a controles sobre la calidad y transparencia de sus mediciones, aunque ya no deberán cumplir las dos obligaciones anuladas.

Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: Colprensa
El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el ente encargado de velar el cumplimiento de la Ley de Encuestas en Colombia. (Colprensa)

CNE conserva la auditoría, pero sin conocer a los encuestados

La segunda medida obligaba a las firmas a entregar al CNE los números telefónicos usados en encuestas telefónicas y un código digital para reproducir la selección de participantes en muestras en hogares. La Corte concluyó que el organismo puede verificar los procedimientos sin vincular la identidad de una persona con su respuesta política.

En el numeral 151, el tribunal explicó que, bajo la regla anulada, “la expectativa de anonimato de parte del encuestado desaparece”, por lo que la sentencia recordó que las preferencias electorales son datos sensibles con protección constitucional e invitó a que se desarrollen y empleen alternativas menos invasivas para verificar esos registros.

La Corte también evaluó la utilidad de los teléfonos para controlar la calidad de los sondeos. En el numeral 156, sostuvo que esos registros “poco aportan a la confiabilidad de la encuesta” y que la auditoría puede hacerse, en consecuencia, con información anonimizada y los demás documentos técnicos exigidos a las empresas.

La magistrada Paola Meneses fue la ponente de la sentencia que hizo modificaciones en la Ley de Encuestas en Colombia. (Corte Constitucional)
La magistrada Paola Meneses fue la ponente de la sentencia que hizo modificaciones en la Ley de Encuestas en Colombia. (Corte Constitucional)

Con esta trascendental decisión se preservó, según la Corte, la obligación de entregar el código utilizado para procesar la información y calcular los resultados. La diferencia es que ya no será exigible el código destinado a reproducir la selección de ciudadanos en muestras de hogares ni los teléfonos de las personas consultadas en las mediciones.

Fernández afirmó que esos elementos sí resultaban necesarios para detectar duplicidades, sustituciones de participantes u otras irregularidades en la conformación de las muestras y consideró que la entrega de la información al organismo electoral podía ajustarse a la Ley 1581 de 2012, siempre que el CNE garantizara confidencialidad.

Por su parte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez acompañó la declaración de inconstitucionalidad de las normas demandadas, aunque presentó una aclaración de voto sobre los argumentos de la mayoría. En su revisión, la Corte evaluó otras disposiciones de la misma ley, en lo referente a la sentencia C-296, y mantuvo lo resuelto sobre apartes del artículo 12.

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