
El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, afirmó que una circular expedida durante el gobierno de Gustavo Petro impidió a las unidades militares adquirir de manera directa equipos para neutralizar drones. Según el funcionario, la medida bloqueó la compra de inhibidores mientras no se concretaba el Escudo Nacional Antidrones, un proyecto anunciado por la anterior administración.
Mora formuló la denuncia el 17 de noviembre de 2026, durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. El jefe de la cartera sostuvo que la circular, fechada el 31 de marzo de 2026, centralizó las adquisiciones de sistemas antidrones en el proyecto nacional que estaba en etapa de evaluación tecnológica.
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“El 31 de marzo de 2026 sacaron una circular que bloqueó la compra directa de sistemas antidrones para poder alimentar el escudo antidrones, que jamás se concretó”, declaró Mora ante los congresistas. El ministro aseguró que las tropas no pudieron comprar inhibidores durante ese periodo, pese a la expansión de los ataques con aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos.
“Quiero hablar de algo que se ha mencionado en los últimos días: el escudo antidrones; yo lo bauticé como un espejismo tecnológico y el balance es que ahí lo que hubo fue un turismo burocrático”, expresó.
Mora cuestionó un proyecto estimado en $6,2 billones
El Escudo Nacional Antidrones fue impulsado a comienzos de 2026 por el entonces ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, con una estimación global de $6,2 billones. La iniciativa buscaba integrar radares, mecanismos de detección y sistemas de inhibición para identificar y neutralizar drones que representaran una amenaza contra la fuerza ública.
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De acuerdo con Mora, al asumir la cartera encontró un proceso sin contratación adjudicada, ejecución presupuestal ni una alternativa técnica viable. Añadió que la evaluación de 22 compañías extranjeras en 12 países no produjo una solución aplicable a las necesidades operacionales de Colombia.
El actual jefe de Defensa afirmó que el proceso terminó con un cierre técnico mediante una resolución expedida el 14 de agosto de 2026. También cuestionó que se hubieran anunciado recursos para la primera etapa del plan, inicialmente cercanos a $1 billón y luego ajustados a $800.000.000.000, sin que estos llegaran a ser ejecutados.
La crítica de Mora ocurre en un contexto de aumento de ataques con drones atribuidos a organizaciones armadas. El 7 de noviembre de 2026, un ataque contra el cantón militar de Santa Rosa, en Bolívar, dejó tres militares muertos y 47 heridos.
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Pedro Sánchez defendió que no se compraron sistemas sin viabilidad técnica

El exministro Sánchez rechazó la idea de que la falta de compra obedeciera a inacción. Sostuvo que la decisión se basó en los conceptos de comités técnicos integrados por miembros activos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Conforme a su explicación, durante siete meses se realizó una vigilancia tecnológica en la que participaron 119 empresas de 21 países. Algunas soluciones fueron evaluadas dentro y fuera del país, pero ninguna cumplió de manera integral los requisitos operacionales definidos por las autoridades.
Sánchez señaló que contratar equipos bajo esas condiciones habría dejado brechas de capacidad y riesgos de integración, operación y sostenimiento. Por ello, indicó, no se firmaron contratos ni se comprometieron recursos. Los fondos de la primera fase tampoco fueron transferidos por el Ministerio de Hacienda, debido a que no se identificó una solución apta para avanzar a la contratación.
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El debate enfrenta dos interpretaciones sobre el mismo proceso. Mientras Mora sostiene que la circular restringió la capacidad inmediata de las unidades para adquirir inhibidores, Sánchez afirma que el Gobierno anterior evitó una compra que no contaba con respaldo técnico suficiente.
Los ataques con drones mantienen presión sobre la Fuerza Pública
La Fundación Ideas para la Paz registró 119 ataques con drones en 2024, 277 en 2025 y 351 hasta el 2 de noviembre de 2026. En ese periodo, la fuerza pública acumuló 401 heridos y 24 muertos por este tipo de acciones, de acuerdo con datos citados por El Espectador.
Expertos consultados por ese medio advirtieron que un sistema nacional de inhibición no resolvería por sí solo el problema. También plantearon medidas de protección física en instalaciones militares, protocolos tácticos y capacidades para responder a drones operados por fibra óptica, cuya señal no puede ser bloqueada con inhibidores de radiofrecuencia.
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El Gobierno actual anunció un plan de choque para dotar a las tropas de equipos de detección, seguimiento e inhibición, y trabaja en un documento Conpes para financiar una estrategia de largo plazo frente a esta amenaza.
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