Lalis expuso las consecuencias para trámites de vehículos y licencias, y entérate de las impactantes cifras que revelan un factor de género en esta problemática (@smilelalis08/TikTok)
La Comisión Primera del Congreso de la República aprobó en primer debate un proyecto de ley que establece restricciones en trámites de vehículos automotores y licencias de conducción para las personas que incumplen con el pago de las cuotas alimentarias de sus hijos.
La iniciativa legislativa busca ampliar las sanciones administrativas y financieras contra los deudores alimentarios morosos, impidiendo que puedan realizar traspasos de propiedad de automóviles o gestionar documentos de tránsito mientras mantengan obligaciones pendientes con los menores de edad.
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Durante la discusión en la célula legislativa, Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis, se expuso que el propósito de esta regulación es evitar que los responsables económicos adquieran bienes o realicen operaciones comerciales en el sector automotriz sin haber garantizado previamente los recursos destinados al sostenimiento de sus hijos.

El debate por el enfoque de género en está pelea en el Congreso
El trámite de la norma incluyó un debate entre los integrantes de la corporación respecto a la aplicación de un enfoque diferencial de género en la redacción del articulado y en el análisis estadístico del incumplimiento de las obligaciones familiares en Colombia.
Por un lado, el senador Miguel Ángel Pinto, del Centro Democrático, solicitó durante su intervención en la sesión que la iniciativa se tramite sin distinción de sexo entre los progenitores, señalando que la falta de pago afecta a los menores de edad independientemente de quién ejerza su custodia.
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Al sustentar su posición ante los miembros de la comisión, el congresista dijo: “Yo lo primero que quiero pedirle a todos es que le quitemos a esta discusión el género, porque tristemente aquí hay tanto irresponsable hombre como irresponsable mujer”.

En contraste con esa postura, Lalis defendió la inclusión del enfoque diferencial en el proyecto, bajo el argumento de que los registros judiciales demuestran una carga desproporcionada sobre las madres en los procesos por alimentos.
Al explicar el alcance de las medidas aprobadas en el primer debate, la parlamentaria indicó que la iniciativa apunta directamente a restringir las operaciones en los organismos de tránsito.
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“Acabamos de aprobar en Comisión Primera un proyecto que busca crear consecuencias para trámites de vehículos de automotores. Estamos hablando de traspasos, licencias de conducción, en fin. Porque obvio tienen pa’ comprar carros, estrenarlos y no para darle de comer a sus hijos”, dijo la representante por el Pacto Histórico.
La congresista señaló igualmente las dificultades probatorias que enfrentan las mujeres al acudir a los despachos judiciales para demostrar la solvencia económica de los padres que evaden sus responsabilidades financieras.

Sobre los obstáculos en los procesos de reclamación, la representante expresó en su intervención: “Mientras ellas tienen, además, todas las barreras de acceso a la justicia, porque no sé si ustedes saben, pero las mamás se terminan convirtiendo entonces en investigadoras privadas, en la policía, tienen que ir a probar que el tipo compró un carro, que tiene una casa”.
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Las cifras de incumplimiento alimentario que fueron expuestas
Para respaldar la pertinencia del enfoque de género en la redacción de la norma, la legisladora citó un estudio efectuado por la Corte Constitucional entre 2010 y 2015 sobre los litigios relacionados con el pago de manutención infantil en el país.
De acuerdo con los datos expuestos durante la sesión, de un total de 1.690 acciones judiciales revisadas en ese periodo, 1.426 fueron instauradas por mujeres para exigir el cumplimiento de la obligación alimentaria, cifra que equivale al 84 por ciento de los expedientes analizados.
Asimismo, las estadísticas presentadas en el debate indican que, en los procesos promovidos ante los jueces para solicitar la disminución del monto de las cuotas alimentarias fijadas previamente, 45 de los 51 casos estudiados fueron radicados por hombres.
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Al responder a los planteamientos del senador Pinto sobre la neutralidad de la ley, la representante sostuvo que la jurisprudencia constitucional reconoce el incumplimiento sistemático de estas obligaciones como una forma de violencia económica que exige medidas específicas para eliminar las barreras institucionales.
En ese sentido, la congresista afirmó: “La Corte Constitucional ha señalado que esta forma en la que el padre no responde por sus hijos es violencia de género, estipulada con números. Esto está alejado de un asunto político, incluso ideológico; es un tema de cifras”.
Con la aprobación en Comisión Primera, el proyecto de ley continuará su trámite hacia la plenaria de la corporación para su segundo debate, etapa en la que los congresistas definirán el alcance definitivo de las restricciones vehiculares y su articulación con los mecanismos vigentes del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).
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