Ministro de Defensa criticó el proceso de adquisición del Escudo Nacional Antidrones: “Los grupos armados se fortalecieron”

El proyecto contó con 119 empresas interesadas, pero hubo problemas para que expusieran especificaciones técnicas de sus soluciones. Finalmente, se concluyó que ninguna de las soluciones evaluadas satisfacía la necesidad operacional

El proyecto, cuestionado por el ministro de Defensa, Jorge Mora, busca “fortalecer y complementar las capacidades existentes frente a las crecientes amenazas provenientes de drones” (Ministerio de Defensa)
El proyecto, cuestionado por el ministro de Defensa, Jorge Mora, busca “fortalecer y complementar las capacidades existentes frente a las crecientes amenazas provenientes de drones” (Ministerio de Defensa)
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El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Mora, criticó la gestión del gobierno anterior, liderado por el expresidente Gustavo Petro, por la falta de avances en el Escudo Nacional Antidrones. Se trata de un proyecto que surgió en enero de 2026, bajo la dirección de Pedro Arnulfo Sánchez, entonces ministro de Defensa.

El objetivo de ese escudo es “fortalecer y complementar las capacidades existentes frente a las crecientes amenazas provenientes de drones”, según precisó Sánchez en una comunicación que publicó en su sitio web oficial, titulada “Escudo Nacional Antidrones: los hechos”.

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De acuerdo con el actual ministro de Defensa, al asumir la cartera, encontró un proyecto con dificultades y con una nula ejecución presupuestal heredada en 2026.

“12 países en tres continentes recorrieron. Evaluaron 22 empresas extranjeras, le anunciaron mediáticamente al país un megaproyecto de $6,2 billones. ¿Y cuál fue el resultado real que encontramos al asumir el ministerio? Cero soluciones viables, lo que obligó al cierre técnico de ese proceso mediante una resolución que sacamos el 14 de agosto", señaló el ministro Jorge Mora, en un debate de control político llevado a cabo el 17 de noviembre de 2026 en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

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El ministro de Defensa, Jorge Mora, aseguró que para el escudo antidrones se evaluaron 22 empresas extranjeras, pero, a juicio de la administración anterior, ninguna presentó soluciones viables (Luisa González)
El ministro de Defensa, Jorge Mora, aseguró que para el escudo antidrones se evaluaron 22 empresas extranjeras, pero, a juicio de la administración anterior, ninguna presentó soluciones viables (Luisa González)

De igual manera, el ministro indicó que una circular expedida por la administración anterior, fechada el 31 de marzo de 2026, bloqueó la compra directa de sistemas antidrones e inhibidores, mientras el proyecto seguía sin concretarse.

Mora afirmó, además, que la demora en la puesta en marcha del Escudo Nacional Antidrones permitió que los grupos armados fortalecieran sus capacidades tecnológicas, adquirieran equipos por Internet y recibieran asesoría extranjera.

“Las unidades no podían comprar inhibidores porque duraron todo ese tiempo que ellos iban a comprar y el gran presupuesto de Escudo Antidrones, y lo que hicieron fue que en ese tiempo los grupos armados se fortalecieron en tecnología, en adquisición, porque como son multimillonarios y lo pueden comprar por Internet, asesoría desde Ucrania recibieron y allá ellos ahoritica tienen una gran capacidad antidrón y el gobierno anterior prohibió la compra de inhibidores”, precisó el ministro Jorge Mora.

La explicación del exministro de Defensa

En la comunicación que emitió el exministro Pedro Sánchez en su sitio web se explican en detalle todas las gestiones que adelantó la cartera para poder poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones. Según precisó, la estimación inicial del costo del escudo era de $6,2 billones. En 2026, se proyectó una primera fase de $1 billón, que después quedó ajustada en $800.000 millones por “limitaciones presupuestales estructurales”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ministro de Defensa aseguró que los grupos armados se fortalecieron mientras el proyecto del escudo antidrones seguía sin avanzar (AFP)

“Una inversión de esta magnitud requería una vigilancia tecnológica rigurosa para identificar y evaluar capacidades antidrones tácticas, semifijas y fijas que respondieran a las particularidades del contexto colombiano. Una vez culminada, se avanzaría a las etapas precontractual y contractual”, indicó.

En total, 119 empresas de 21 países mostraron interés en participar en el proyecto. Sin embargo, muchas de las compañías no asistieron y remitieron las especificaciones técnicas de sus soluciones, mientras que otras informaron que no alcanzaban a importar sus sistemas a Colombia.

“Solo algunas empresas trasladaron sus productos al país. Los evaluadores técnicos de la fuerza pública determinaron que las especificaciones anunciadas en fichas técnicas y material comercial no coincidieron plenamente con los resultados de las pruebas ni satisfacían integralmente la necesidad operacional”, detalló.

Así las cosas, se decidió que la vigilancia tecnológica continuaría en los países de origen de las empresas interesadas que en su momento indicaron que no podían trasladar sus equipos a Colombia. Las evaluaciones de las soluciones se realizaron en Estados Unidos, España, Francia, Polonia, Tailandia, India y Lituania, pero ninguna surtió el efecto esperado.

El exministro de Defensa Pedro Sánchez explicó que, al no tener soluciones viables de las empresas interesadas, no se giraron los recursos para el proyecto (Luisa González/Reuters)
El exministro de Defensa Pedro Sánchez explicó que, al no tener soluciones viables de las empresas interesadas, no se giraron los recursos para el proyecto (Luisa González/Reuters)

“Ninguna de las soluciones evaluadas satisfacía integralmente la necesidad operacional definida (...). Recomendar una adquisición bajo esas condiciones implicaría aceptar brechas de capacidad y trasladar al Estado riesgos operacionales, técnicos, de integración y sostenimiento”, informó el comité técnico.

En consecuencia, los recursos asignados al proyecto no fueron transferidos por el Ministerio de Hacienda. Según el exministro, corresponde al actual Gobierno gestionar el dinero requerido para continuar con el proyecto.

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