Siete integrantes del Ejército Nacional fueron capturados e imputados por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente cobrar viáticos con informes de desplazamientos falsos en un batallón de operaciones terrestres de Cúcuta, Norte de Santander. La investigación estableció una posible afectación a recursos públicos de $10,35 millones entre enero y abril de 2025.
Un capitán y seis suboficiales habrían tramitado, suscrito y legalizado órdenes de misión para desplazamientos que no realizaron o para actividades distintas de las autorizadas. La documentación permitió el reconocimiento y desembolso de viáticos destinados a comisiones oficiales.
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Los procesados son el capitán Carlos Andrés Chía Sánchez; los sargentos primeros Julián Mauricio Alarcón Cely y Carlos Armando Bejarano Martín; el sargento viceprimero Édgar Armando Gamboa Ortega; y los sargentos segundos Javier Enrique Jiménez Ruiz, John Fredy Montenegro Garcés y Luis Eder Morales Sánchez.

Para la época de los hechos, todos ocupaban cargos en áreas administrativas, logísticas y operacionales del batallón, cuyo puesto de mando está en el Cantón Militar San Jorge, en Cúcuta.
La Fiscalía detectó diferencias entre los informes y los registros militares
La investigación avanzó tras verificar contradicciones entre las comisiones de servicio reportadas por los uniformados y los registros de las unidades militares donde debían cumplir las actividades.
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De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas recaudadas permiten inferir que los siete procesados intervinieron en el trámite de misiones de trabajo que no se cumplieron. El fiscal del caso indicó durante la audiencia que el pago de los viáticos estaba sujeto a la realización efectiva de los desplazamientos y a la presentación de los requisitos administrativos exigidos.
“Se había producido ese reconocimiento y pago de recursos públicos por valor de diez millones trescientos cincuenta mil pesos, cuya erogación estaba condicionada al cumplimiento efectivo de las respectivas misiones de servicio”, sostuvo el representante del ente acusador.
La Fiscalía señaló que las actuaciones investigadas ocurrieron entre enero y abril de 2025 y estuvieron relacionadas con el funcionamiento logístico, administrativo y operacional del batallón en Cúcuta.
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Uno de los informes incluyó actividades que, según la investigación, no ocurrieron
Entre los hechos expuestos por la Fiscalía figura una comisión autorizada el 16 de enero de 2025 para un desplazamiento a Bucaramanga, previsto entre el 17 y el 22 de ese mes. El objetivo formal era entregar documentación en medicina laboral y recibir víveres.
Según el fiscal, uno de los procesados presentó el 25 de enero un informe ejecutivo de pasajes y viáticos con un itinerario que describía actividades diarias en la capital santandereana. El documento consignó supuestas entregas de documentación, formación de personal, firma de planillas y cargue de víveres en la Agencia Logística.
La Fiscalía aseguró que esos hechos no ocurrieron y que el militar no realizó el viaje ni ingresó a las dependencias donde debía cumplir la comisión. Tampoco habría dejado registros en las guardias del cantón militar de Bucaramanga.
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El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional, ejecutaron las capturas de manera simultánea.
Los procedimientos se realizaron en Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Nilo, Sogamoso, Bucaramanga y Cúcuta.
Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander imputó a los siete uniformados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Los procesados no aceptaron los cargos.
Un juez de control de garantías les impuso medidas no privativas de la libertad: no podrán salir del país ni comunicarse con los testigos vinculados a la investigación.
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El proceso continuará mientras la Fiscalía profundiza la verificación de las órdenes de misión y los soportes que sustentaron los pagos. Los siete militares permanecen vinculados a la investigación bajo restricciones judiciales, a la espera de que se defina su situación penal por las presuntas irregularidades en el manejo de viáticos.
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