
Dos expedientes relacionados con decisiones del gobierno de Gustavo Petro quedaron en manos de congresistas de oposición y deberán avanzar en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Uno está relacionado con la financiación de la campaña presidencial de 2022 y el otro con la divulgación de información médica privada de un menor de edad.
La asignación de nuevos ponentes abre una etapa de revisión para estos procesos, que durante meses estuvieron sin avances. Los representantes deberán estudiar los documentos, evaluar las pruebas y determinar si existen motivos para impulsar investigaciones formales contra el exmandatario o si corresponde tomar otras decisiones.
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La Comisión acumula 370 indagaciones penales y disciplinarias relacionadas con el mandato de Petro. Buena parte de esos expedientes continúa sin movimientos, especialmente los que están a cargo de congresistas del Pacto Histórico. Sin embargo, 20 procesos quedaron bajo responsabilidad de representantes independientes y de oposición, entre ellos los dos casos que ahora tienen nuevos responsables.
Cuenca estudiará el expediente sobre la financiación de la campaña
El representante Carlos Cuenca Chaux, de Cambio Radical, asumió la ponencia del proceso relacionado con la presunta violación de los topes electorales de la campaña presidencial de Petro en 2022. Además de integrar la Comisión, Cuenca ocupa su presidencia durante el periodo 2026-2027.
El expediente había pasado por las manos de Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U. Ahora, Cuenca deberá revisar un documento de más de 500 páginas y establecer si encuentra elementos suficientes para abrir una investigación formal contra el expresidente o si procede una decisión inhibitoria.
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El caso tiene como antecedente las conclusiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que encontró irregularidades en las cuentas de la campaña. Entre los hallazgos aparecen gastos que no fueron reportados, relacionados con publicidad y testigos electorales, además de aportes que no quedaron registrados en la contabilidad.

El organismo electoral también determinó que se superaron los límites legales de financiación y detectó problemas relacionados con el origen de algunos recursos. Por esos hechos impuso sanciones administrativas superiores a los $5.300 millones a los responsables financieros de la campaña y a los partidos involucrados.
Entre los sancionados figuran Ricardo Roa, gerente de la campaña y expresidente de Ecopetrol; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; María Lucy Soto, auditora, y los movimientos políticos Colombia Humana y la Unión Patriótica.
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La revisión que hará Cuenca en la Comisión de Acusación corresponde a una actuación distinta de las decisiones administrativas adoptadas por el CNE. Su tarea será establecer si los elementos del expediente permiten atribuir alguna responsabilidad al entonces candidato presidencial.
Briceño revisará la divulgación de la historia clínica de Kevin Acosta
El segundo proceso quedó a cargo del representante Daniel Briceño, del Centro Democrático. El congresista deberá estudiar la denuncia relacionada con la publicación de información médica de Kevin Acosta, un niño de siete años que murió en febrero de 2026 por complicaciones derivadas de una hemorragia cerebral, agravada por la hemofilia A severa que padecía.
La controversia surgió después de que Petro divulgara detalles de la historia clínica del menor durante una intervención en Uribia, La Guajira. En esa ocasión, el entonces presidente afirmó que el niño había sufrido una caída en bicicleta que le provocó un trauma craneoencefálico. También señaló que los médicos recomendaron una cirugía, pero que la madre no habría aceptado el procedimiento y habría optado por continuar con el tratamiento clínico.
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La difusión de esos datos generó cuestionamientos porque la historia clínica es un documento privado que contiene información médica confidencial. Aunque el caso también estuvo rodeado de señalamientos por una posible negligencia de la Nueva EPS y el Ministerio de Salud, el expediente asignado a Briceño se concentra en la divulgación de la información del menor.
El representante deberá determinar si existen elementos para establecer una eventual responsabilidad del exmandatario. Briceño ha sido uno de los congresistas más críticos de la administración Petro y denunció que la Comisión permanecía sin funcionar por falta de recursos. “Quiero comunicarle al país que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lleva más de un mes en completa parálisis por falta de recursos”, escribió el congresista en su cuenta de X el 7 de septiembre de 2026.
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