
En medio del revuelo generado al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia por cuenta del reciente escándalo que involucra a Carlos Andrés Oyola Tovar, señalado de coordinar una presunta red de activistas digitales, bodegueros y hackers para atacar a la Registraduría y alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, poco a poco las autoridades continúan armando el rompecabezas y estableciendo responsabilidades.
El supuesto plan, que no tiene una investigación pública conocida, se suma a las alertas sobre campañas destinadas a erosionar la confianza en el sistema electoral colombiano.
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La Misión de Observación Electoral identificó 300 campañas de desinformación durante el calendario electoral, de las cuales al menos 56 buscaban sembrar dudas sobre la integridad del proceso.
Algunas atribuían, “sin evidencia verificable, una supuesta captura o cooptación de la Registraduría por intereses externos”, mientras otras cuestionaban la autonomía de la autoridad electoral y reforzaban narrativas de fraude.

La Contraloría ordenó esta semana una revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia por cerca de $20.783 millones. La medida forma parte de las indagaciones sobre presuntas irregularidades dentro de una entidad que, durante el gobierno de Gustavo Petro, estuvo dirigida por cuatro exmilitantes del M-19: Manuel Alberto Casanova, Carlos Ramón González —prófugo en Nicaragua—, Jorge Lemus y René Guarín.
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Fuentes de la entidad consultadas por El Colombiano sostuvieron que la DNI dejó de operar como un organismo integrado por funcionarios de carrera y se convirtió en una estructura dedicada a proteger intereses del gobierno de turno. El caso de Oyola amplió los interrogantes sobre el manejo de información, contratos y operaciones de inteligencia.
La denuncia electoral y los intentos de acceso a sistemas
El 5 de marzo de 2026, el registrador Hernán Penagos denunció ante la Fiscalía un presunto plan para alterar los sistemas informáticos de la Registraduría. El expediente quedó a cargo de la unidad de delitos informáticos.
Los ataques continuaron durante la campaña legislativa, cuando Penagos alertó sobre intentos de ciberataque y de suplantación de la página de la Registraduría. En algunos momentos se detectaron hasta 300 direcciones IP conectadas de forma simultánea.
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Un informe de empalme vinculó a Oyola con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers para “cambiar resultados de la votación del 21 de junio”. Otro documento, divulgado por la revista Semana, alertó sobre intentos de alterar el mapa de riesgo electoral y los datos del preconteo en favor de Iván Cepeda.
Los mismos documentos mencionaron un supuesto plan para espiar a opositores mediante infiltrados en la Unidad Nacional de Protección, el Consejo Nacional Electoral y otras entidades. La eventual participación de Oyola en esas operaciones todavía debe aclararse.

El señalamiento contra el contratista coincidió con los cuestionamientos que Petro dirigió contra la autoridad electoral. El expresidente criticó el programa de conteo, los formularios E-14 y pidió en varias ocasiones que se divulgara el código fuente de los sistemas utilizados en los comicios.
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La condena pendiente y el recorrido de Oyola en el Estado
Oyola permanece en prisión por un caso distinto al presunto ataque electoral. La Fiscalía le imputó cinco delitos, entre ellos concierto para delinquir y acceso abusivo a sistema informático, por una supuesta red que entre 2017 y 2023 alteró calificaciones y registros financieros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Según el expediente, al menos 19 estudiantes habrían obtenido títulos sin cumplir los requisitos académicos. Oyola habría operado como enlace entre los beneficiarios y personas con acceso interno a los sistemas de la universidad.
Su propio historial académico habría sido modificado 46 veces, lo que le permitió graduarse como ingeniero de sistemas y especialista en gerencia pública. La universidad detectó una irregularidad similar en su maestría y le impidió obtener ese título.
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Algunos de los beneficiados por las alteraciones terminaron trabajando en una alcaldía con títulos irregulares. Oyola no aceptó los cargos y un juez ordenó su envío a prisión mientras avanza el proceso judicial.
Antes de llegar a la DNI, trabajó entre 2018 y 2022 en la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador liberal Rodrigo Villalba, actual gobernador del Huila. Más tarde contrató con la Contraloría y, en enero de 2023, ingresó a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos con un contrato de $16 millones mensuales.

Felipe Tascón, entonces director de esa dependencia, dijo a El Colombiano que no recordaba cómo conoció a Oyola, aunque afirmó que durante su paso por la entidad “logró organizar información”. También señaló que la verificación de su perfil correspondía al Fondo Colombia en Paz.
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Oyola ingresó a la DNI en febrero de 2024, bajo la dirección de Casanova. Allí habría extraído bases de datos de otras entidades para tareas de contrainteligencia que después se perdieron en una nube.
Luego fue trasladado al grupo de Tecnología, donde recibió el encargo de desarrollar un sistema de información de inteligencia. Jorge Lemus dijo a El Tiempo que solo entregó pilotos y que “estaban diciendo que no servía la plataforma”.
El contratista siguió activo en la DNI pese a que tenía una orden de captura desde mayo. También escapó de un allanamiento de la Fiscalía en un apartamento que funcionaba como fachada de la entidad.
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Lemus sostuvo que en ese inmueble “permanecían agentes de contrainteligencia que eran los encargados de custodiar los predios”, aunque aseguró que el lugar no pertenecía a la DNI.
El ingreso del hermano gemelo a la Registraduría
Cristian Javier Oyola Tovar, hermano gemelo del imputado, habría ingresado el 13 de febrero de 2026 a la Registraduría con autorización de un correo enviado a nombre de la magistrada del Consejo Nacional Electoral Fabiola Márquez, integrante del Pacto Histórico.
Durante la reunión se abordaron asuntos vinculados con las elecciones de 2026: el programa de escrutinio, la asignación de jurados y el plan de auditoría del código fuente. Cristian Oyola es contratista de la Unidad Nacional de Protección, una de las entidades mencionadas en los documentos internos de la DNI por una posible infiltración para labores de espionaje.
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También acumuló más de $400 millones en contratos con el Estado. Llegó a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito cuando su hermano llevaba diez meses allí y tuvo el mismo supervisor.
En esa dependencia obtuvo contratos de hasta $14,2 millones mensuales, aunque no está claro cómo acreditó la formación y la experiencia requeridas. Los informes internos también cuestionaron la inclusión de la DNI en la asignación de vehículos de protección para expresidentes y exvicepresidentes mediante el Decreto 0563 del 3 de junio, una medida que habría facilitado la instalación de micrófonos y rastreadores GPS para labores de inteligencia.
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