La abogada Cindy Charlotte Reyes informó sobre un fallo de tutela que ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia garantizar el correcto almacenamiento y el acceso público a la colección de la biblioteca Marco Fidel Suárez (@CindyCharlotte) /X)
Un juez de Bogotá ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia adoptar medidas de protección en 48 horas para los libros de la Biblioteca Marco Fidel Suárez, tras concluir que el cierre del servicio y las condiciones de almacenamiento vulneraron los derechos a la cultura, la información pública y la educación.
La decisión fue emitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de Bogotá, que resolvió una tutela presentada por la abogada Cindy Reyes Sinisterra. La acción cuestionó el traslado de las colecciones, la restricción de la consulta pública y la falta de información sobre la ubicación de los materiales.
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“Tenemos una primera victoria para proteger la biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería. La justicia reconoció que el ministerio vulneró los derechos de acceso a la información, la educación y la cultura”, afirmó Reyes Sinisterra.

La Cancillería deberá corregir riesgos de humedad, filtraciones y electricidad
El fallo dispuso que la Cancillería de Colombia organice las cajas sobre plataformas elevadas, evite el almacenamiento con cargas o alturas excesivas y corrija riesgos eléctricos en el lugar donde se encuentran los libros.
La orden también contempla medidas frente a eventuales filtraciones y problemas de humedad. El plazo para cumplir esas disposiciones es de 48 horas desde la notificación judicial.
La Biblioteca Marco Fidel Suárez, que depende de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, cuenta con más de 21.000 volúmenes sobre derecho, filosofía, historia, política internacional, tratados y asuntos diplomáticos.
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De acuerdo con la información presentada ante el juzgado, las inspecciones de la Biblioteca Nacional de Colombia y del Archivo General de la Nación identificaron cajas ubicadas directamente sobre el piso, materiales apilados por encima de la altura recomendada e instalaciones eléctricas incompletas. Los informes también advirtieron riesgos por la proximidad de baños y zonas de cocina.
En redes sociales quedó registrado el momento en el que se trasladan los libros y demás elementos de la biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería, que se habría hecho en medio de la lluvia, sin tener en cuenta que consiste en un archivo histórico que requeriría tratamiento especial - crédito @cuervoji/X
La decisión judicial no estableció que los libros se hayan perdido o deteriorado. El juez concluyó que las condiciones descritas no ofrecían garantías suficientes para preservar las colecciones ni para permitir su acceso público.
La Cancillería tendrá cinco días hábiles para informar dónde están las colecciones
La sentencia fijó un segundo plazo de cinco días hábiles para que la Cancillería precise la ubicación de la colección general y de los libros patrimoniales. La entidad deberá comunicar además una fecha para reanudar el servicio de consulta pública.
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La cartera también tendrá que presentar un cronograma con las tareas pendientes de organización, inventario y conservación. El fallo ordenó establecer un mecanismo provisional para que investigadores, usuarios y ciudadanos accedan al catálogo y a los materiales disponibles.
“En cinco días hábiles deberán informar con exactitud dónde está almacenada la colección y proveer un mecanismo provisional para que la ciudadanía pueda consultar los libros”, sostuvo Reyes Sinisterra.
El servicio de la biblioteca quedó restringido desde el 21 de septiembre de 2026, sin una fecha confirmada de reapertura. La colección general fue trasladada a la Casa José María Melo entre el 29 y el 30 de octubre, según la información incluida en la tutela.
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Durante el proceso surgieron dudas sobre la ubicación de cerca de 2.000 libros patrimoniales, la correspondencia entre el inventario físico y el catálogo bibliográfico, así como la ausencia de documentos que acreditaran el traslado. Según la información aportada al expediente, la Cancillería no entregó un acto administrativo específico ni un acta de entrega y recibo de la colección.
El fallo prohíbe nuevas bajas, donaciones o traslados sin requisitos técnicos
Desde la notificación de la sentencia, la Cancillería no podrá descartar, depurar, donar, dar de baja ni trasladar nuevamente los ejemplares sin cumplir condiciones administrativas y técnicas.
Cualquier decisión sobre el acervo deberá estar respaldada por un acto administrativo motivado, un inventario físico conciliado con el catálogo y las evaluaciones y autorizaciones de especialistas que correspondan.
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El juez no ordenó el retorno de la biblioteca a la antigua capilla del Palacio de San Carlos. Reyes Sinisterra indicó que realizará seguimiento a las órdenes impartidas y afirmó que acudirá nuevamente ante la justicia si los plazos no se cumplen.

“Haré veeduría para que, dentro de esas 48 horas y esos cinco días hábiles, se cumplan las órdenes”, dijo la abogada. “De lo contrario, exigiremos ante la justicia que los libros vuelvan a la Cancillería”.
La Cancillería había explicado que el traslado responde a una reorganización de sus espacios y al funcionamiento de la nueva sede de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Según la entidad, concentrar la biblioteca en esa institución busca acercar el acervo a funcionarios, investigadores y estudiantes vinculados con la política exterior.
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