
La muerte de David Mauricio Aza Chamorro volvió a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan quienes trabajan por sus comunidades en el Cauca. El defensor de derechos humanos fue asesinado el sábado 14 de noviembre en la vía que comunica a Caloto con Santander de Quilichao, según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El caso de Aza se convirtió en el homicidio número 135 de un líder social registrado en Colombia durante 2026. La organización recordó que el hombre tenía una trayectoria de trabajo comunitario con jóvenes y participaba en iniciativas sociales del norte del departamento.
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“Era un líder comunitario juvenil, reconocido por su trabajo en proyectos sociales. En su momento se desempeñó como co-representante y fue fundador e integrante de la organización ‘El Norte Resiste’, en el departamento del Cauca”, indicó Indepaz al referirse a la víctima en sus redes sociales.

Las circunstancias en las que ocurrió el crimen todavía no están esclarecidas. De acuerdo con la información divulgada por el instituto, la organización a la que pertenecía Aza sostuvo que el homicidio habría ocurrido durante un procedimiento de la Fuerza Pública. Esa versión fue incluida en el pronunciamiento, que también precisó que el caso permanece bajo investigación.
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“Las circunstancias de su muerte son materia de investigación. Sin embargo, a través de un comunicado, la organización El Norte Resiste denunció que David habría muerto durante un procedimiento de la fuerza pública y responsabilizó a sus integrantes por lo ocurrido”, se lee en el pronunciamiento de Indepaz.
Cauca, entre las regiones más golpeadas por la violencia
El asesinato se conoce en un contexto de persistentes alertas por la situación de seguridad en el Cauca. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el deterioro de las condiciones en distintos territorios, donde grupos armados se disputan el control territorial y las rentas ilegales asociadas al narcotráfico y a la comercialización de marihuana.
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Las afectaciones alcanzan a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas. Entre los riesgos señalados por la entidad están los homicidios selectivos, las amenazas, el desplazamiento forzado, los confinamientos y el reclutamiento de menores de edad. También se identificaron amenazas relacionadas con el uso de drones y explosivos en sectores poblados.
El caso de Aza se suma a un balance nacional que Indepaz presentó sobre los primeros cien días del Gobierno de Abelardo de la Espriella. El informe, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de la organización, comprende el periodo entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026 y registra 45 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
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De acuerdo con ese documento, 36 de las víctimas eran hombres y nueve mujeres. La cifra equivale a un homicidio cada 2,2 días. En 44 de los 45 casos, además, no se había identificado al presunto responsable al momento de elaborar el balance.
El Cauca encabezó la lista departamental con once asesinatos, seguido de Antioquia, con ocho, y Putumayo, con cuatro. Estos datos ubican al suroccidente del país entre las zonas con mayores afectaciones contra quienes ejercen labores de liderazgo social.
El balance de Indepaz durante los primeros cien días
El reporte también documentó ocho homicidios de firmantes del acuerdo de paz, todos hombres, durante el mismo periodo. A esa cifra se agregan 26 masacres que dejaron 87 víctimas, entre ellas cinco menores de edad. La organización contabilizó, además, 6.667 personas desplazadas por hechos de violencia durante agosto y septiembre.
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Indepaz advirtió que las cifras deben leerse teniendo en cuenta las dinámicas territoriales y los conflictos que anteceden al actual mandato. La ONG señaló que los crímenes no pueden atribuirse automáticamente a las decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella, pues también responden a disputas y condiciones de violencia previas.
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