Rodrigo Lara pidió radicar un estatuto antiterrorista con medidas contra las finanzas criminales: “Vamos por el dinero de los narcos”

El exministro del Interior Rodrigo Lara solicitó al Ejecutivo que lleve al Congreso un proyecto de estatuto antiterrorista que, según explicó, fue preparado durante su paso por la cartera para reforzar las herramientas legales contra organizaciones vinculadas con el narcotráfico, la extorsión y ataques contra infraestructura.

En una publicación en X, Lara afirmó que trabajó durante 76 días en la iniciativa, que supera las 130 páginas y fue diseñada como complemento de la ley de sometimiento. El exfuncionario describió ambas propuestas bajo la idea de “zanahoria y garrote”, con beneficios judiciales para quienes se entreguen y medidas más severas contra estructuras que mantengan actividades violentas.

El exministro indicó que el texto fue elaborado con participación del Ministerio de Justicia, el abogado Iván Cancino y el Ministerio de Defensa. Además, pidió al nuevo jefe de la cartera política que presente la iniciativa “cuanto antes”.

La propuesta aún no ha sido radicada ante el Congreso. De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el texto quedó bajo revisión jurídica de la Presidencia y fue dividido en dos proyectos: una ley estatutaria y otra ordinaria. El rediseño respondió a observaciones planteadas frente a una versión inicial de la propuesta.

El proyecto buscaría definir organizaciones y actos terroristas

Lara sostuvo que el estatuto establece criterios para identificar qué se considera una organización terrorista y qué conductas pueden ser catalogadas como actos de terrorismo. También aseguró que la iniciativa no estaría dirigida contra agrupaciones políticas ni contra la protesta social.

“La protesta social queda excluida”, afirmó el exministro. Según explicó, las disposiciones apuntarían a grupos criminales que recurran a ataques, intimidación armada o actividades que afecten a la población y al Estado.

Uno de los ejes centrales sería el rastreo de las finanzas ilegales. La propuesta contempla el congelamiento inmediato de fondos, activos y recursos de personas u organizaciones incluidas en una eventual lista de estructuras terroristas. También plantea mecanismos judiciales más ágiles para actuar sobre bienes asociados con esas redes.

El exfuncionario mencionó la prohibición de pagos en efectivo para operaciones como la compra de bienes inmuebles. A ello sumó medidas de trazabilidad y bancarización obligatoria para el comercio de oro, un sector que ha sido señalado por autoridades como susceptible de ser utilizado para ocultar recursos de origen ilícito.

Habría licencias para operadores de criptoactivos y cámaras con reconocimiento facial

Entre los puntos expuestos por Lara figura la creación de una categoría para los proveedores de servicios de activos virtuales, conocidos como Psav. Esas empresas requerirían licencia y sus operaciones con criptoactivos deberían pasar por mecanismos bancarizados, según la propuesta.

El documento también incluiría el uso de cámaras con reconocimiento facial para localizar a personas con órdenes de captura por delitos relacionados con terrorismo, financiación de esas actividades, secuestro, homicidio y otros crímenes graves.

El exministro planteó, además, un régimen penitenciario especial para cabecillas de grupos criminales. La medida tendría como objetivo limitar las posibilidades de que continúen dirigiendo acciones desde los centros de reclusión.

Otro apartado se refiere a un programa contra la extorsión. Lara señaló que una persona obligada a entregar dinero bajo amenazas no sería tratada como colaboradora de una organización terrorista. Sin embargo, tendría que informar el pago a las autoridades para permitir la identificación de las redes responsables.

“Vamos por el dinero de los narcoterroristas”, escribió el exministro al presentar las medidas económicas y financieras contempladas en el borrador.

La iniciativa incorporaría agravantes por uso de menores y ataques con drones

La propuesta prevé nuevos tipos penales o agravantes para conductas como la minería ilícita a gran escala, el reclutamiento o uso de menores de edad, la retención de integrantes de la fuerza pública y la instrumentalización de civiles.

También incluye disposiciones para proteger infraestructura crítica y fortalecer la cooperación internacional en inteligencia. Lara mencionó herramientas contra el uso de drones con fines terroristas, una preocupación que ha cobrado relevancia por ataques atribuidos a grupos armados en distintas regiones.

El texto propone medidas para combatir el fenómeno del “gota a gota”. Según el exministro, una versión preliminar contemplaba eliminar el delito de usura con el fin de ampliar alternativas de crédito formal en sectores de bajos ingresos.

Lara invitó a los partidos de la coalición de Gobierno a respaldar y complementar el estatuto. La discusión legislativa deberá definir los alcances de las facultades sobre vigilancia, inteligencia, reconocimiento biométrico, sanciones financieras y garantías para evitar afectaciones a derechos fundamentales.

“Invito a los partidos de la coalición de gobierno a respaldarlo y complementarlo @CeDemocratico @PartidoLiberal @soyconservador @PCambioRadical @partidodelaucol @PartidoVerdeCoL @MovSalvacionNal @defensoresco @creemosco y otros“, señaló.

El exministro sostuvo que el país requiere actualizar sus instrumentos contra el narcoterrorismo. La eventual presentación del proyecto dependerá ahora del Ministerio del Interior y de la decisión del Ejecutivo de incluirlo en su agenda legislativa.

“Colombia no puede seguir enfrentando al narcoterrorismo con herramientas del siglo pasado. El texto está listo en buena medida”, finalizó.