
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó 45 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ocho firmantes del Acuerdo de Paz asesinados y 26 masacres durante los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella, comprendidos entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026.
El informe, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de la organización, reunió indicadores sobre violencia contra población civil, desplazamiento forzado, confrontación armada, acciones militares y denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
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Del total de líderes y defensores asesinados, 36 eran hombres y 9 mujeres. La organización calculó que, durante el periodo revisado, ocurrió un homicidio de este tipo cada 2,2 días.

Cauca y Antioquia concentraron los homicidios de liderazgos sociales
El departamento del Cauca registró 11 asesinatos de líderes sociales, seguido por Antioquia, con ocho. Putumayo tuvo cuatro casos, mientras La Guajira, Meta, Valle del Cauca y Norte de Santander sumaron tres cada uno.
Los liderazgos comunitarios y comunales concentraron 24 de los homicidios incluidos en el balance. Indepaz señaló que estos casos afectan a juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, comunidades indígenas, colectivos afrodescendientes, agrupaciones juveniles y redes de defensa de derechos.
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La entidad indicó que la muerte de una persona con funciones de representación local puede debilitar procesos comunitarios y reducir la participación en territorios donde existen amenazas de grupos armados o estructuras criminales.
El seguimiento también contabilizó ocho firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Todos eran hombres. Nariño y Cauca tuvieron dos casos cada uno, mientras Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Putumayo registraron uno.
Para este indicador, Indepaz indicó que contrasta información con la Fiscalía General de la Nación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
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Las masacres dejaron 87 víctimas, entre ellas 5menores de edad
El documento registró 26 masacres que dejaron 87 víctimas, entre ellas cinco menores de edad. Indepaz utiliza para este conteo la definición de homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en condición de indefensión, cometido bajo circunstancias comunes de tiempo, modo y lugar.
Valle del Cauca encabezó la lista por número de hechos, con seis. Antioquia y Tolima reportaron tres casos cada uno, mientras Huila tuvo dos. La distribución cambió al revisar el número de fallecidos: Valle del Cauca acumuló 18 víctimas, Tolima 12, Huila 10 y Antioquia 9.
El informe precisó que esa información no permite atribuir todos los crímenes a una misma organización armada ni establecer un único motivo. Cada expediente requiere determinar posibles disputas locales, retaliaciones, dinámicas criminales y circunstancias propias.
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Más de 6.600 personas fueron desplazadas en agosto y septiembre
Para agosto y septiembre, el observatorio documentó 17 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 6.667 personas. Trece de esos casos fueron clasificados como masivos. El Cauca concentró 3.474 personas desplazadas, equivalente al 52,1% del total, seguido por Chocó, con 1.609; Antioquia, con 739, y Bolívar, con 424.
Según el reporte, el 63,7% de las personas desplazadas dejó sus territorios en medio de combates entre grupos armados. El registro se relaciona, entre otros sucesos, con la emergencia humanitaria ocurrida en Cajibío, Cauca, donde enfrentamientos y ataques con drones afectaron a habitantes de los corregimientos de Ortega y Chaux.

El reporte incluyó 43 uniformados asesinados y ocho bombardeos
El balance también incorporó datos de afectaciones contra integrantes de la fuerza pública. Según cifras del Ministerio de Defensa divulgadas por medios de comunicación y recopiladas por Indepaz, 43 uniformados fueron asesinados y 219 resultaron heridos durante el periodo revisado.
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El documento incluyó 339 hechos catalogados como terrorismo, con corte al 5 de noviembre. La organización subrayó que esa clasificación abarca ataques con explosivos, hostigamientos y otras acciones, por lo que no equivale exclusivamente a incidentes con drones.
Además, el observatorio registró ocho bombardeos. Señaló que las operaciones contra objetivos militares deben cumplir principios de distinción, proporcionalidad y precaución, en especial ante la posibilidad de presencia de menores de edad reclutados por grupos ilegales.
El informe identificó seis denuncias que deben tratarse como presuntas ejecuciones extrajudiciales hasta que avancen las investigaciones judiciales. Los casos fueron reportados en Bogotá, Santa Marta, La Macarena, Villa Rica, El Charco y Meta.
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Indepaz sostuvo que los hechos no pueden atribuirse de manera automática a decisiones de la actual administración, debido a que responden a conflictos territoriales de larga data.
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