
El Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, presentó ante el Congreso la Ley de Rescate Fiscal, una reforma tributaria con la que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca estabilizar las cuentas públicas, reducir la dependencia del endeudamiento y recaudar cerca del 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB).
El proyecto llega cuando restan cinco semanas para el cierre de las sesiones ordinarias, que está estipulado para el 16 de diciembre, un plazo que limita el margen para su trámite legislativo.
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La iniciativa económica ha generado diferentes reacciones en todos los sectores del país, entre políticos, gremios y economistas, ante el alcance del ajuste propuesto y sus posibles efectos sobre empresas y hogares.

Uno de ellos fue el economista José Antonio Ocampo, que en su columna de opinión publicada en El Tiempo, plantea que el ajuste combinara medidas sobre el gasto estatal con un aumento de la tributación.
Ocampo, que fue ministro de Hacienda en los gobiernos de Ernesto Samper y Gustavo Petro, advirtió que el componente impositivo concentra el mayor peso de la iniciativa. Según la exposición de motivos citada por él, una cuarta parte del ajuste previsto para 2027 provendría del gasto y una quinta parte en los años posteriores provendría del mismo concepto.
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Incluso, mencionó la dificultad que podría enfrentar el Ejecutivo, en caso de que la ley de rescate no se apruebe antes de la fecha de cierre de sesiones en el Legislativo.
“En retrospectiva, el Gobierno debió presentar el proyecto mucho antes, incluso para ser debatido en paralelo con el presupuesto nacional”, indicó Ocampo.

Aspectos favorables de la reforma
En su texto publicado en el diario mencionado, el académico considera razonables las medidas orientadas a contener el gasto, como reducir la contratación, moderar el crecimiento de la nómina por debajo de la inflación y aplicar austeridad en las compras públicas.
También ve con buenos ojos que los excedentes de fondos especiales y encargos fiduciarios retornen al Tesoro Nacional, así como la revisión de más de 250 transferencias que, según señala, fragmentan el gasto operativo del Gobierno.
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“Las propuestas en materia de gasto son razonables: menos contratos, nómina que crece menos que la inflación y austeridad en las compras. Además, propone adecuadamente que los excedentes de los fondos especiales y encargos fiduciarios se devuelvan al Tesoro y que se evalúen las más de 250 transferencias que atomizan el gasto operativo del gobierno”, escribió Ocampo.
Sobre los impuestos, calificó de justa la aplicación del IVA a las compras por Internet inferiores a 200 dólares, al considerar que “equipararía las condiciones de competencia con los productores nacionales”. También respaldó la reducción de la tarifa de renta empresarial del 35% al 31%, aunque advirtió que esa decisión “tendría un costo fiscal”.
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Reparos a la ley
Para Ocampo, el Gobierno debe aumentar los recortes para conseguir respaldo político al incremento de impuestos. No obstante, rechazó que se presente el plan como un ajuste dominado por el gasto y sostuvo que se trata, principalmente, de una reforma tributaria de gran tamaño.
“Señalar que el 70% del ajuste fiscal viene por el lado del gasto es incorrecto. De hecho, un cuadro de la exposición de motivos indica que solo una cuarta parte del ajuste provendría del gasto en 2027 y una quinta parte en los años posteriores. Es, ante todo, una reforma tributaria de gran magnitud”, afirmó en su análisis.
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El exministro cuestionó eliminar la tarifa del 5% y trasladar todos los bienes y servicios que hoy la pagan a una tasa de 19%, entre los que se destacan varios productos de la canasta familiar, por lo que sugirió que “algunos alimentos permanezcan exentos”.

Además, objetó el mecanismo de devolución del IVA a hogares pobres y vulnerables, pues estima que las compras sin factura electrónica y los problemas de identificación de beneficiarios dificultarían su aplicación.
“La idea de devolver el IVA a los hogares pobres y vulnerables es interesante, pero imposible de implementar. Implica una cantidad enorme de devoluciones individuales, y además muchas de las compras de los hogares pobres se hacen en sitios donde no se expiden facturas electrónicas, como tiendas de barrio y plazas de mercado”, señaló Ocampo, quien propuso usar el registro universal de ingresos como base para una transferencia fija quincenal o mensual.
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En materia empresarial, planteó que la baja de renta “no debe acompañarse de un nuevo beneficio para grandes inversiones” y pidió revisar los incentivos vigentes. También propuso reforzar el impuesto de renta de las personas y preservar la progresividad del sistema mediante un impuesto al patrimonio más robusto. “No se debe debilitar el impuesto al patrimonio, como lo propone el proyecto, sino fortalecerlo”, concluyó.
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