Videos almacenados en un celular empeñado destaparon las presuntas agresiones sexuales de un hombre contra una niña de 6 años en una finca del municipio de Puerto Guzmán, en el departamento del Putumayo.
La captura se produjo en una vía pública de Villavicencio, Meta, por orden judicial y su reclusión en un centro carcelario.
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Fredy Raúl Vélez García conocía a la víctima y a su familia. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2025, cuando el hombre habría aprovechado esa cercanía para llevar a la menor, mediante engaños, a un sector apartado del predio rural. Allí la habría sometido a actos de índole sexual y los grabó con la cámara de su teléfono móvil.
La cadena de descubrimientos comenzó con una decisión del propio implicado: empeñar ese celular en una compraventa del municipio de Solita, en el departamento del Caquetá, a cambio de dinero.

Mientras el dispositivo estuvo bajo custodia del establecimiento comercial, los videos fueron extraídos y circularon en el municipio. Fue así como llegaron a manos de la familia de la niña.
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La madre, al conocer la existencia de las imágenes, acudió de inmediato a las autoridades. Ese paso dio inicio a la investigación que permitió identificar y localizar a Vélez García, quien fue capturado por unidades de la Policía Nacional en la vía pública de Villavicencio, capital del departamento del Meta, en cumplimiento de una orden judicial.
Un fiscal de la Seccional Putumayo le imputó el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, figura del Código Penal colombiano que aplica cuando la víctima es especialmente vulnerable por razón de su edad y cuando el agresor se vale de una posición de confianza o engaño para cometer el ilícito.
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Vélez García no aceptó el cargo imputado. Ante esa negativa, un juez de control de garantías —magistratura encargada de supervisar la legalidad de las actuaciones de la Fiscalía durante la etapa previa al juicio— le impuso medida de aseguramiento con reclusión en establecimiento carcelario.

Durante la audiencia, la fiscal explicó: “En este caso, el indiciado es una persona que por tener esa calidad de obrero, de trabajador de la finca de los padres, pues hace parte de esa unidad doméstica, ¿no? Tenía tanta confianza que permitían que la niña jugara con él. Él interactuaba en la misma unidad doméstica, a tal grado que la niña tenía tanta confianza con él que acudió con él a jugar al papá y a la mamá. Más bien, esa garantía que tenía él de respeto, de cuidado, o sea, la menor es la que se vulnera, es la que se quiebra".
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Capturan en Risaralda a mujer acusada de abusar y torturar a una niña de 10 años de su familia
La Fiscalía General de la Nación deberá presentar ante un juez los elementos reunidos tras la captura de una mujer de 27 años en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, por un caso que involucra a una niña de 10 años de su mismo núcleo familiar.
La detenida quedó a disposición de las autoridades después de que un juez emitiera una orden en su contra. La investigación sigue en curso y será la Justicia la que defina su situación jurídica, con base en las pruebas que exponga el ente acusador.
El procedimiento estuvo a cargo del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Policía de Risaralda. También participaron el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía.
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La mujer es requerida por los delitos de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años, tortura y violencia intrafamiliar. Las imputaciones hacen parte de la investigación y no constituyen una declaración de responsabilidad penal, que solo puede establecer un juez.
Las autoridades abrieron las indagaciones después de recibir información sobre la situación de la menor. Durante las primeras verificaciones, los uniformados encontraron señales que apuntaban a posibles episodios de maltrato y remitieron el caso a los organismos judiciales.
El coronel Jaime Higgins, de la Policía de Risaralda, indicó que la pesquisa también contempla denuncias por presuntos actos de tortura, según las declaraciones recogidas por Semana.
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La institución no precisó de qué manera habrían sucedido los hechos ni desde cuándo se habrían presentado. Esos aspectos forman parte de las diligencias que adelantan las autoridades.
De acuerdo con Semana, el proceso penal dependerá de los elementos que la Fiscalía lleve ante el juez. El despacho deberá determinar si el material permite avanzar con las actuaciones judiciales contra la capturada.
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