El Consejo de Estado mantuvo vigente la orden contra Caxdac para que 347 pilotos civiles normalicen su afiliación inicial en Colpensiones, tras negar la suspensión provisional solicitada contra la medida de la Superintendencia Financiera.
La decisión no modifica las condiciones de acceso a la pensión ni el valor de las prestaciones de los trabajadores involucrados, según informó el Ministerio del Trabajo.
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La providencia fue adoptada el 27 de octubre de 2026 y respalda la instrucción impartida el 4 de febrero de ese año. La Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles deberá dejar de administrar afiliaciones que no pertenezcan a los regímenes especiales autorizados por la ley.
El traslado a Colpensiones será el paso inicial para regularizar los registros de los pilotos. Una vez cumplido ese trámite, podrán elegir otra administradora dentro del Sistema General de Pensiones, siempre que la entidad esté legalmente habilitada y se cumplan los requisitos previstos.
La orden surgió después de que la Superintendencia Financiera identificara que Caxdac captaba y administraba afiliaciones de aviadores civiles por fuera de los regímenes que puede manejar. El alto tribunal consideró, en esta etapa judicial, que la autoridad de vigilancia actuó dentro de sus competencias al exigir la suspensión de esas actividades.
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Las funciones limitadas de Caxdac en el sistema pensional
Caxdac fue creada antes de la Ley 100 de 1993, pero esa condición no le concede una autorización general para administrar las pensiones de todos los aviadores civiles. Los decretos leyes 1282 y 1283 de 1994 limitaron sus funciones al régimen de transición y a las pensiones especiales transitorias.
El Consejo de Estado recordó que la caja no puede asumir tareas equivalentes a las de Colpensiones ni gestionar afiliaciones del Sistema General de Pensiones fuera de las facultades legales. El artículo 52 de la Ley 100 establece que las cajas existentes antes de esa norma están sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Financiera.
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La corporación también analizó el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que faculta a la Superintendencia Financiera para ordenar la suspensión inmediata de prácticas ilegales o no autorizadas. La intervención no creó reglas pensionales nuevas, sino que exigió que las afiliaciones sean administradas por entidades habilitadas.
El Ministerio del Trabajo anunció que coordinará el cumplimiento de la decisión con el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y Colpensiones. La cartera laboral precisó que el pronunciamiento resuelve una medida cautelar y no representa una sentencia definitiva sobre la legalidad de la orden administrativa.
La alerta financiera planteada por la caja de aviadores
La junta directiva de Caxdac advirtió que el traslado de los afiliados podría tener consecuencias para las finanzas públicas. Su presidente, Jorge Mario Medina, sostuvo en una entrevista con el Noticiero de La FM que la caja ha pagado las mesadas sin retrasos y cuenta con recursos para responder por sus obligaciones.
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“Caxdac no tiene problemas financieros en términos de viabilidad y sostenibilidad”, afirmó Medina. El directivo indicó que la entidad posee un portafolio de $2,17 billones y que sus cálculos contemplan recursos suficientes para pagar las pensiones hasta 2120.
“Hoy contamos con un portafolio de 2,17 billones que podemos garantizar las pensiones y, en nuestros cálculos, han llegado a ser hasta el año 2120 para pagarle hasta el último de los afiliados, porque Caxdac es una caja cerrada”, dijo el presidente de la junta directiva.
Medina señaló que la entidad recibió una estructura financiera desfinanciada cuando comenzó a operar bajo el esquema posterior a la Ley 100 de 1993. Añadió que durante 32 años la caja ha cumplido con el pago de las pensiones de los pilotos.
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El directivo afirmó que ya comunicó a Colpensiones una alerta por el efecto económico del traslado de los primeros afiliados. “Ya le hemos dicho a Colpensiones que, de trasladar a los primeros pilotos, se genera una alerta inicial de $217.000 millones”, manifestó.
La orden contra Caxdac seguirá vigente mientras avanza el proceso judicial y el Consejo de Estado no adopte una decisión definitiva sobre la legalidad del acto expedido por la Superintendencia Financiera.
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