De la Espriella se acerca a sus primeros 100 días de Gobierno con más ataques armados y reclutamiento de menores: Fundación Pares analizó estrategia de seguridad

Los primeros meses del gobierno de Abelardo de la Espriella dejan un panorama de contrastes en materia de orden público. Mientras las autoridades reportan miles de capturas y operaciones contra estructuras ilegales, los registros oficiales y el seguimiento de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) muestran un incremento de distintas manifestaciones de violencia, así como una reducción en las incautaciones de drogas.

Uno de los aspectos que más preocupa es la actividad de los grupos armados. Según el monitoreo de Pares, entre el 7 de agosto y el 31 de octubre de 2026 se registraron 111 acciones armadas, principalmente ataques con drones contra integrantes de la Fuerza Pública y enfrentamientos. El ELN y el Estado Mayor Central (EMC), de alias Iván Mordisco, figuran entre los principales responsables de estos hechos.

Los departamentos más afectados fueron Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander. Además, agosto dejó 106 integrantes de la Fuerza Pública heridos o asesinados, una cifra que representó el tercer pico mensual más alto desde 2022, después de julio de ese año y mayo de 2026.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, explicó a Infobae Colombia que estas mediciones permiten observar la presencia y las dinámicas de las organizaciones ilegales: “Estos son los datos que tenemos de las acciones especialmente que se han hecho en materia de seguridad en comparación con lo anterior y de un conteo que sí hacemos nosotros de acciones armadas, que digamos que está relacionado también con presencia de actores armados ilegales”.

Reclutamiento, confinamiento y violencia: las cifras que preocupan

El balance del Ministerio de Defensa para los primeros tres meses de la administración también refleja aumentos en varios indicadores. Al comparar el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre de 2026 con las mismas fechas del gobierno de Gustavo Petro, el reclutamiento ilícito de menores pasó de 52 a 131 casos, un incremento del 152%.

La situación también se refleja en las comunidades afectadas por el confinamiento. Los registros pasaron de 8.436 a 21.482 personas, lo que representa una variación del 155%. A esto se suma el aumento de los casos de terrorismo, que subieron de 84 a 339, equivalente al 304%. Además, se reportaron 34 casos de control criminal, frente a ninguno en el periodo utilizado para la comparación.

En materia de homicidios, el total presentó una disminución del 4,6%, al pasar de 3.303 a 3.151. Sin embargo, el comportamiento de algunas modalidades muestra una tendencia distinta: los asesinatos clasificados como “enfrentamiento crimen” aumentaron de 15 a 85, mientras que las muertes de personas atacadas por grupos armados organizados pasaron de 124 a 515. También crecieron los homicidios relacionados con enfrentamientos entre estas estructuras, de 16 a 26.

Para Bonilla, el incremento del reclutamiento de niños y adolescentes responde, entre otros factores, a las dinámicas internas de las organizaciones ilegales: “Con las cifras del reclutamiento de menores, que esas son de la Defensoría del Pueblo, sí se ve que hay un incremento muy grande, que también tiene mucho sentido porque en la medida que los grupos armados hoy tienen como una política”.

La investigadora considera que estas estructuras tienen mayor facilidad para reemplazar a sus integrantes, especialmente a los más jóvenes. “Un reclutamiento, una formación, estas cosas no les cuesta tanto, están formando mucho menos, están prácticamente teniendo como desechables a los jóvenes y a los chicos y chicas que están ingresando a estos grupos”.

Capturas e incautaciones, dos indicadores con comportamientos distintos

En el balance de Pares, las cifras de capturas muestran otro panorama. Durante agosto y septiembre se contabilizaron 33.488 detenciones, de las cuales 17.220 ocurrieron en agosto y 16.268 en septiembre. Aunque el resultado supera en 18% las 28.318 capturas registradas durante los dos primeros meses del Gobierno Petro en 2022, ambos meses estuvieron por debajo del promedio mensual de enero a julio de 2026.

También se firmaron 147 órdenes de extradición. No obstante, las incautaciones de cocaína, base de coca y marihuana disminuyeron 16,4% en agosto y 54,5% en septiembre frente al promedio de los primeros siete meses del año. En comparación con el mismo periodo de 2022, la reducción fue del 10%. Asimismo, fueron destruidos 695 laboratorios y centros de acopio, un 15,8% menos que en ese año.

Bonilla considera que la comunicación del Gobierno ha tenido mayor protagonismo que los resultados concretos. “La capacidad no se multiplica, eso se nota en el presupuesto. La mayoría del presupuesto y capacidad de las fuerzas está muy limitado. Estamos muy desactualizados. Hay muchas cosas ahí que están ocurriendo que hace que más allá del show que hace el presidente De la Espriella, tomándose fotos con los capturados o poniendo las bolsas, pues realmente las cifras no te dan nada significativo en comparación con la que ya se venía haciendo”, expresó.

La subdirectora de Pares advierte que los resultados deben analizarse con cautela, pues considera que tres meses no son suficientes para establecer conclusiones definitivas. Sin embargo, cuestiona que el Ejecutivo pretenda atender simultáneamente distintos frentes de seguridad con capacidades limitadas.

“Yo creo que ya es complejo saber cómo va a terminar esto, pero no auguraría, por ejemplo, una disminución sustancial del narcotráfico ni de la capacidad del narcotráfico para generar rentas que terminan llegando a los grupos armados ilegales”.

Finalmente, Bonilla advierte que la prevención del reclutamiento sigue siendo uno de los asuntos pendientes de la política de seguridad. A su juicio, mostrar capturas y operaciones no garantiza que los menores se alejen de las estructuras ilegales, pues se necesitan medidas que eviten su vinculación.