Corficolombiana alerta por aumento de consultas previas que retrasan grandes proyectos

Corficolombiana advirtió que el aumento de los procesos de consulta previa está generando retrasos y mayores dificultades para ejecutar grandes proyectos en Colombia. La presidenta de la entidad, Ana Milena López, señaló que entre 2020 y 2026 ingresaron 283 proyectos nuevos a estos procedimientos y pidió reglas más claras que protejan los derechos de las comunidades sin convertir la consulta en una barrera permanente para la inversión.

Según información publicada por Blu Radio, López explicó que actualmente se registran cerca de seis proyectos nuevos con consulta previa por cada billón de pesos invertidos, una cifra que supera en más del doble el promedio observado entre 2005 y 2015.

La consulta previa es un mecanismo que debe aplicarse cuando una obra o proyecto puede afectar directamente a comunidades indígenas o afrodescendientes. Su objetivo es identificar impactos, concertar medidas y proteger los derechos y las formas de vida de esas poblaciones.

Sin embargo, el sector empresarial considera que el aumento de los procedimientos y la multiplicación de comunidades incluidas están haciendo más compleja la ejecución de algunas inversiones estratégicas.

López mencionó como ejemplos el proyecto Sirius, considerado uno de los principales descubrimientos de gas de las últimas décadas, y Colectora, una línea de transmisión necesaria para conectar proyectos de energías renovables con el sistema eléctrico.

En el caso de Colectora, el proceso ha involucrado consultas con más de 260 comunidades. Para la presidenta de Corficolombiana, esta situación muestra la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de coordinar los procedimientos y garantizar acuerdos oportunos.

Gobierno reconoce dificultades en los procesos

Alejandro Burgos, director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, reconoció que existen problemas en la forma como se han venido desarrollando estos trámites.

El funcionario afirmó que durante la administración anterior se multiplicaron de manera “ilógica” comunidades reconocidas en las direcciones de Asuntos Indígenas y Comunidades Negras. También señaló que la Agencia Nacional de Tierras adjudicó terrenos a algunas comunidades en zonas cercanas a importantes proyectos de infraestructura.

Burgos puso como ejemplo el Meta, donde, según indicó, se otorgaron tierras en áreas próximas a exploraciones de SierraCol Energy.

También se refirió al proyecto Sirius. Una orden judicial obligó a la autoridad a verificar si distintas comunidades costeras y pesqueras debían ser incorporadas a la consulta previa.

“Tuvimos que visitar más de 120 comunidades y, de esas, solo dos se incluyeron en el proceso consultivo”, explicó Burgos.

El funcionario señaló que ese trabajo implicó un importante despliegue de recursos, personal y tiempo. Añadió que ya fue expedida la resolución que establece la ruta metodológica para la consulta previa de Sirius, aunque reconoció que algunas comunidades podrían no estar de acuerdo con la decisión.

Corficolombiana pide reglas claras sin reducir garantías

La presidenta de Corficolombiana aclaró que la discusión no debe plantearse como una elección entre crecimiento económico y sostenibilidad. A su juicio, el objetivo debe ser encontrar un equilibrio que permita proteger a las comunidades y, al mismo tiempo, dar seguridad jurídica a los proyectos.

“Las consultas no se pueden volver una extorsión para que los proyectos se hagan”, afirmó López al referirse a las dificultades que, según el sector empresarial, enfrentan algunas inversiones.

La directiva insistió en que agilizar los procedimientos no significa eliminar las garantías de participación ni debilitar la protección ambiental. Su planteamiento es que las entidades responsables tengan capacidad suficiente para verificar quién debe participar, facilitar acuerdos y reducir duplicidades.

Burgos, por su parte, consideró necesario adoptar medidas frente a un procedimiento que calificó como “completamente desbordado”.

El debate se concentra así en cómo mantener la consulta previa como una garantía para las comunidades étnicas sin que la falta de coordinación institucional prolongue indefinidamente los trámites.

Para Corficolombiana, la solución pasa por definir criterios estables, fortalecer la capacidad del Estado y evitar que un mismo proyecto enfrente procesos repetidos sin una justificación clara.

La discusión adquiere especial relevancia en proyectos estratégicos que requieren grandes inversiones y atraviesan territorios donde existen comunidades con derecho a ser consultadas.

El sector empresarial y el Gobierno coinciden en que el procedimiento presenta dificultades, aunque el reto será introducir ajustes sin afectar los derechos de participación reconocidos a las comunidades indígenas y afrodescendientes.