Contraloría reveló presuntas irregularidades en contratos de la DNI durante el Gobierno Petro: millonario sistema biométrico nunca habría funcionado

La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en tres contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), suscritos entre 2022 y 2025, durante el Gobierno de Gustavo Petro. Las observaciones están relacionadas con la adquisición de un sistema automatizado de identificación biométrica, la elaboración de los diseños de un edificio institucional y el desarrollo de una plataforma para procesar información de contrainteligencia.

Uno de los casos corresponde a un contrato por $580 millones para adquirir e implementar un sistema biométrico ABIS, cuyo cumplimiento físico y financiero fue certificado en un 100% en diciembre de 2022. Sin embargo, la información suministrada sobre el caso señala que la herramienta no habría entrado en funcionamiento, pese a que se efectuó el pago.

Los hallazgos hacen parte de la auditoría financiera que adelanta el organismo de control a la DNI, correspondiente a la vigencia fiscal 2025. Mediante una comunicación dirigida al director general de la entidad, Jorge Andrés Zuluaga López, la Contraloría notificó tres observaciones y solicitó explicaciones y soportes documentales.

La entidad contó con un plazo de cuatro días hábiles, siguientes a la recepción del documento, para presentar sus argumentos y ejercer el derecho de contradicción y defensa frente a los señalamientos.

El sistema biométrico de $580 millones

La observación número 20 corresponde al contrato de compraventa y prestación de servicios 053 de 2022, suscrito el 7 de octubre de ese año entre la DNI y Protactis S. A. S., por $580 millones, incluido el IVA. El objeto contractual contemplaba la adquisición de un Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS), el licenciamiento de la plataforma y de dispositivos iOS, además de su integración, instalación y entrenamiento.

Inicialmente, el contrato tenía como fecha de finalización el 30 de noviembre de 2022. Sin embargo, mediante un primer modificatorio, el plazo se extendió hasta el 20 de diciembre de ese año, sin que se incrementara el valor acordado.

Uno de los aspectos revisados por la Contraloría tiene que ver con las condiciones establecidas para realizar el desembolso. La cláusula décima primera estipulaba que el pago debía efectuarse por la adquisición y puesta en funcionamiento de la solución ABIS, previo recibo y certificación a satisfacción del supervisor, de acuerdo con las especificaciones contractuales.

No obstante, el 28 de diciembre de 2022 se elaboraron el Informe de Supervisión número 01 y el acta de recibo a satisfacción, documentos en los que se certificó el cumplimiento físico y financiero del 100 % del contrato. Estos soportes sirvieron para tramitar el pago de los $580 millones.

La información suministrada sobre el caso señala que el sistema biométrico no habría funcionado, pese a la certificación de cumplimiento y al desembolso de los recursos. La observación de la Contraloría se concentra en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la adquisición y puesta en funcionamiento de la herramienta.

Plataforma de contrainteligencia no estaba terminada

Otro de los contratos examinados es el número 043 del 24 de noviembre de 2025, suscrito con el Grupo de Consultoría de Informática (GCI), por $1.155.620.900. El acuerdo tenía como propósito desarrollar e implementar un sistema de información y mecanismos de interoperabilidad para automatizar las etapas de recolección y análisis de datos de contrainteligencia.

El plazo inicial de ejecución estaba previsto hasta el 26 de diciembre de 2025. Sin embargo, se realizaron dos modificaciones: la primera extendió el término hasta el 28 de febrero de 2026 y la segunda lo amplió hasta el 17 de abril del mismo año.

Las prórrogas buscaban permitir la culminación de las pruebas, el cierre técnico, la estabilización, la validación integral y la puesta en operación definitiva del sistema.

Según el informe de supervisión del 27 de abril de 2026, el contrato registraba un avance físico del 90,43% y una ejecución financiera del 60,36%. Pero la Contraloría advirtió que el porcentaje de avance reportado no contaba con soportes técnicos suficientes para verificar las actividades realizadas y establecer el estado real del proyecto.

Además, durante una visita efectuada el 27 de octubre de 2026, el equipo auditor constató que el sistema no estaba terminado ni se encontraba en operación, a pesar de que el plazo contractual había vencido el 17 de abril. Para el organismo de control, esta situación evidencia debilidades en la estructuración, planeación y supervisión del contrato, así como dificultades para integrar los sistemas institucionales.

Deficiencias en los diseños de un edificio de la DNI en Funza

La tercera observación corresponde al contrato de consultoría 044 de 2023, suscrito con Supreme Construcciones S. A. S. por $362.364.374,99. El acuerdo contemplaba la elaboración y coordinación de los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios y demás componentes técnicos para construir el edificio F10 de la Sede Operativa Definitiva de la DNI, en Funza, Cundinamarca.

La auditoría identificó deficiencias en la calidad y suficiencia de los estudios y diseños. Durante la ejecución de la obra se requirieron modificaciones y actividades que, según la Contraloría, debieron contemplarse desde la etapa de planeación.

Entre los cambios estuvieron ajustes en la resistencia del concreto, modificaciones en el espesor de algunos muros, que pasó de 0,10 a 0,15 metros, incorporación de elementos metálicos y escaleras tipo gato, y sustitución de la solución inicialmente prevista para los servicios sanitarios por unidades portátiles.

En una visita del 28 de octubre de 2026, los auditores también observaron vibraciones en la escalera principal, entre el segundo y tercer piso, y una caja de inspección sanitaria cubierta por el acabado del suelo.

Adicionalmente, encontraron soportes de cantidades de obra con imágenes de modelos o representaciones gráficas y cantidades globales que no precisaban los lugares de ejecución, lo que limitaba su trazabilidad y verificación.

La Contraloría señaló que estas situaciones reflejan debilidades en la elaboración, coordinación y revisión de los diseños, así como en la supervisión del contrato. Por ello, formuló una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.

Las tres observaciones identificadas por la Contraloría podrían representar un presunto detrimento patrimonial para los recursos públicos, debido a los pagos realizados por bienes y servicios cuya ejecución, funcionamiento o calidad presentan cuestionamientos. El organismo de control busca establecer si las situaciones detectadas ocasionaron un daño al patrimonio del Estado y si existen responsabilidades derivadas de las posibles irregularidades contractuales.