Nueva medida del Gobierno De la Espriella busca cambiar los estratos para asignar subsidios de servicios públicos: de qué dependería la entrega

El 10 de noviembre de 2026 se conocieron las bases del borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 del Gobierno de Abelardo de la Espriella. En este se plantea, entre otras cosas, actualizar los estratos socioeconómicos y complementarlos con datos de ingresos, vulnerabilidad y capacidad de pago de los hogares para mejorar la asignación de subsidios y contribuciones en los servicios públicos.

El documento no ordena la eliminación de la clasificación vigente ni establece cambios inmediatos en las facturas de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo. Dicha propuesta figura en las páginas 421 y 423 del borrador, dentro del capítulo de estabilidad macroeconómica y sostenibilidad fiscal. El texto busca revisar la focalización de los subsidios y las contribuciones para los servicios de energía eléctrica, gas combustible por redes, acueducto, alcantarillado y aseo.

Se señala que los estratos seguirán como parte del sistema, aunque dejarán de ser la única referencia para determinar apoyos o contribuciones. Las entidades responsables “fortalecerán y actualizarán la estratificación socioeconómica” para potenciar su uso dentro del régimen de servicios públicos domiciliarios.

Fallas en la distribución de recursos

Dicha propuesta responde a un diagnóstico sobre fallas en la distribución de recursos. “Se han documentado igualmente ineficiencias relacionadas con los errores de inclusión y exclusión derivados de la focalización de subsidios mediante la estratificación socioeconómica”, señala el borrador.

Y es que esos errores ocurren cuando hogares que no están en situación de pobreza o vulnerabilidad reciben subsidios por la zona donde viven, mientras familias con bajos ingresos quedan excluidas por las características de su vivienda o barrio. Según el documento, esa situación reduce los recursos disponibles para infraestructura y para mejorar la cobertura, calidad y confiabilidad de los servicios.

Al respecto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) coordinará el diseño del ajuste junto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Vivienda, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El objetivo declarado es “mejorar la identificación de las condiciones de ingreso, vulnerabilidad y capacidad de pago de los hogares”.

Como se recordará, el actual modelo está regulado por la Ley 142 de 1994 y divide las viviendas en seis niveles según las condiciones del predio y del barrio, sin considerar directamente los ingresos de quienes residen allí.

Se establece que:

• Estratos uno, dos y tres: pueden recibir subsidios sobre el consumo básico, mientras que los estratos cinco y seis aportan contribuciones para financiar parte de esos apoyos.
• Estrato uno: reciben subsidios de hasta 50% sobre el consumo básico. Para los estratos dos y tres, los apoyos pueden llegar hasta 40% y 15%, respectivamente.
• Estratos cinco y seis, además de comercios e industrias: pagan contribuciones de hasta 20% para financiar los subsidios destinados a usuarios de menores estratos.

¿Cómo funcionaría el cruce entre estratos e ingresos?

El borrador ordena “optimizar, diseñar, validar y realizar pruebas piloto” de una metodología que combine la estratificación con información socioeconómica de los hogares. El cruce incluiría registros administrativos, variables catastrales y los datos disponibles en el Registro Universal de Ingresos (RUI), que estima los ingresos de los hogares con información de entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 creó esa herramienta para reemplazar de forma gradual al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, conocido como Sisbén.

El RUI comenzó a operar el 1 de agosto de 2026. El Gobierno expidió el Decreto 1621 el 28 de octubre y amplió hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para que las entidades trasladen sus programas sociales al nuevo esquema.

La norma también formalizó la Ventanilla Social, una plataforma del DNP para que las personas consulten su clasificación. Una vez que las entidades validen la información, el sistema publica el resultado en un plazo máximo de seis días hábiles.

Lo que aún no define el plan sobre las facturas

Otro detalle está en que el borrador no fija umbrales de ingresos para decidir quién conservará, recibirá o perderá subsidios. Tampoco establece porcentajes futuros de subsidios y contribuciones, el número de hogares que podrían resultar afectados, el ahorro fiscal esperado ni una fecha de aplicación general. Cualquier modificación en las facturas dependerá de la metodología que elaboren las entidades y de los pilotos previstos antes de trasladar el modelo a los recibos de servicios públicos.

Por ahora, el texto no permite determinar qué hogares tendrían mayores apoyos, cuáles aportarían más mediante contribuciones o cómo se redefiniría cada caso.

Las bases del plan superan las 400 páginas y están organizadas en siete ejes. El DNP, dirigido por Julián Buitrago, prevé entregarlas al Consejo Nacional de Planeación el 15 de noviembre. El cronograma contempla audiencias regionales entre el 18 de noviembre y el 23 de enero de 2027. El Gobierno proyecta radicar el proyecto de ley ante el Congreso de Colombia el 7 de febrero de 2027.

El debate tiene antecedentes en la administración de Gustavo Petro, cuyo Plan Nacional de Desarrollo creó el RUI con la intención de convertirlo, con el tiempo, en el instrumento central para distribuir subsidios. En 2023, el entonces director del DNP, Jorge Iván González, presentó ese sistema como una vía para abandonar el uso exclusivo de los estratos.

En noviembre de 2025, gremios del sector energético también propusieron ajustar el cobro de la energía según el consumo, en lugar de basarlo en el estrato. El nuevo borrador, sin embargo, no dispone ese reemplazo: conserva la clasificación socioeconómica y plantea ampliar la información con la que se decidirán los subsidios y las contribuciones.