
Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda, pidió al Gobierno nacional acelerar la ejecución de recursos y convertir los planes aprobados en obras para los damnificados del terremoto del 10 de agosto de 2026.
“Más que una queja, es la voz de la gente que hoy está solicitando no más anuncios, sino ya acciones contundentes en el territorio”, afirmó en entrevista con Blu Radio el martes 10 de noviembre.
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La solicitud llega tres meses después del sismo de magnitud 7,4, que se registró a las 7:34 a. m. del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El movimiento, localizado a cerca de 103 kilómetros de profundidad, fue sentido en varias regiones del país y causó graves daños en el Eje Cafetero, entre ellas Risaralda.

En Risaralda, el balance presentado por la Gobernación el 25 de septiembre reportó 135.028 personas registradas en el Registro Único de Damnificados, equivalentes a 73.087 familias. La cifra incluía 111 fallecidos, 588 heridos, 63.609 viviendas averiadas, 5.535 destruidas, 5.306 edificios averiados y 109 colapsados.
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¿Cómo se quiere recuperar Risaralda del terremoto?
Risaralda formuló 15 planes de acción: uno departamental y uno para cada uno de sus 14 municipios. “Ese plan está aprobado por el Gobierno Nacional y lo que estamos expectantes es realmente a que ese plan tenga recursos necesarios para avanzar”, afirmó el gobernador.
Según Patiño, el departamento destinará el 60% de sus regalías a contratos de reconstrucción y radicó proyectos por 80.000 millones de pesos ante el Ministerio de Vivienda, 17.000 millones para infraestructura educativa y más de 5.000 millones para seguridad alimentaria.

La Gobernación también reportó que el primer giro de ayudas para familias con viviendas destruidas o inhabitables ascendió a 13.995 millones de pesos, con corte del Registro Único de Damnificados al 24 de agosto. El segundo giro, destinado a quienes fueron incluidos hasta el 4 de septiembre, continuaba pendiente al 21 de octubre.
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Demoliciones, estudios técnicos y recursos pendientes
Patiño aseguró que para el domingo 15 de noviembre está prevista la demolición del edificio Invico, una de las estructuras afectadas en Pereira, explicó que la intervención dependía de un trámite ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El gobernador sostuvo que el proceso de evaluación y demolición todavía está en marcha. “A la fecha, más de ciento diez edificios. Hay setenta edificaciones pendientes”, afirmó. También advirtió que varias construcciones siguen bajo revisión técnica, por lo que la cantidad de demoliciones podría aumentar una vez concluyan los conceptos de los especialistas.
El mandatario aclaró que algunos inmuebles requieren estudios de patología estructural y vulnerabilidad antes de decidir si deben ser demolidos o reforzados. Entre ellos están varias sedes de la Gobernación de Risaralda.
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La administración departamental informó el 8 de octubre que evaluaba el Palacio Gris, el edificio Risaralda y el edificio de Rentas para establecer el alcance de los daños y las medidas necesarias.

Estudios para definir el futuro de edificios públicos
“Ya próximamente entregarán estos estudios patológicos y los estudios de vulnerabilidad que darán pie para poder tomar decisiones y avanzar si es la demolición o es una reestructuración para los edificios”, dijo Patiño.
Según el mandatario, las demoliciones y los inmuebles que permanecen cerrados ya modificaron el paisaje urbano de Pereira y Dosquebradas. “El centro de Pereira y Dosquebradas ha cambiado muchísimo”, señaló en la entrevista sobre los daños y la posterior remoción de edificios tendrán efectos sobre la arquitectura y la planificación de ambas ciudades.
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“Ya son tres meses, ya hay un Fondo Milagro creado y estamos de verdad expectantes a que podamos avanzar rápidamente en el territorio para la reconstrucción de lo que la gente hoy está esperando”, dijo Patiño en la conversación con Blu Radio.
El Fondo Milagro es el mecanismo anunciado para financiar la recuperación tras el terremoto, mientras que el Plan de Acción Específica, o PAE, fija las obras y necesidades priorizadas.
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