A diez años del Acuerdo de Paz de 2016, solo el 4,6% de las víctimas ha culminado su proceso de reparación: “No se firmó para una sola orilla del dolor”

A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las antiguas Farc, la reparación integral de las víctimas continúa entre los principales compromisos pendientes de implementación. Un balance de la Defensoría del Pueblo establece que, de los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos en el país, solamente 63 han terminado sus planes, equivalentes al 4,6%.

Las cifras hacen parte del informe Las víctimas en el centro, un compromiso constitucional: diez años del acuerdo de paz, presentado el 11 de noviembre de 2026 durante la Audiencia Defensorial La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional, en Bogotá. El documento examina los resultados alcanzados desde noviembre de 2016 y los obstáculos que persisten para garantizar los derechos de las comunidades afectadas por el conflicto armado.

El balance también identifica retrasos en los procesos de retorno, reubicación e integración local de las personas desplazadas. De los 1.068 planes existentes, 912 están aprobados, lo que representa el 85,4%. Sin embargo, el 60,8% registra un avance igual o inferior al 25% y únicamente 31 planes, equivalentes al 2,9%, han completado sus acciones.

A estas dificultades se suma que el 77,3% de las personas desplazadas evaluadas no ha superado su situación de vulnerabilidad, especialmente por las dificultades relacionadas con la generación de ingresos y el acceso a vivienda.

Durante la presentación del informe, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se refirió a los resultados de la reparación y a las obligaciones pendientes del Estado. “La reparación es una obligación, no un gesto. En diez años, menos del 5% de los 1.367 sujetos de reparación colectiva terminaron la ejecución de su plan de reparación. Ocho de cada diez víctimas no han recibido atención psicosocial. Tres de cada cuatro personas desplazadas no han superado su situación de vulnerabilidad”, afirmó.

Atención psicosocial: ocho de cada diez víctimas no han accedido al programa de reparación

Otro de los componentes examinados es el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi), creado para contribuir a la rehabilitación de quienes sufrieron afectaciones por el conflicto armado.

Según el documento, frente a 7.855.016 sujetos de atención, el programa acumuló 1.120.915 procesos de atención durante trece años. La Defensoría aclara que esta cifra no corresponde al número de personas atendidas, debido a que una misma persona puede recibir varios procesos.

El análisis concluye que aproximadamente ocho de cada diez víctimas no han accedido al programa, situación que evidencia las limitaciones de cobertura del programa. El informe también identifica fluctuaciones en la cantidad de atenciones registradas: en 2017 se reportaron 133.704; en 2022 la cifra descendió a 26.165 y en 2024 aumentó a 201.207.

Para la Defensoría, estos cambios reflejan dificultades para mantener una política continua y con financiación estable. Además, señala desigualdades territoriales, problemas para garantizar enfoques diferenciales y falta de información suficiente sobre la atención psicosocial a víctimas de violencia sexual.

Entre sus recomendaciones están garantizar recursos plurianuales, fortalecer la continuidad de los procesos y mejorar los sistemas de información para articular la rehabilitación individual, familiar y colectiva.

Los avances del acuerdo y las dificultades que persisten en los territorios

El balance también reconoce resultados en reincorporación, justicia transicional y desarrollo rural. En 2017, más de 14.100 firmantes dejaron las armas y, diez años después, alrededor de 11.000 personas continúan vinculadas al proceso de reincorporación.

En materia de justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelanta 11 macrocasos y ha emitido cinco condenas por crímenes sistemáticos de extrema gravedad, entre ellos secuestros cometidos por las antiguas Farc y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a integrantes de la fuerza pública. La jurisdicción también ha establecido que más de 21.000 personas fueron víctimas de secuestro, 18.677 niñas y niños fueron reclutados por las antiguas Farc y 35.178 personas sufrieron violencia sexual y basada en género.

No obstante, la Defensoría considera necesario acelerar los procesos pendientes, fortalecer la participación de las víctimas y garantizar los recursos, la coordinación institucional y el seguimiento para que las sanciones propias tengan un cumplimiento efectivo.

En el componente rural, el informe registra una reducción de la pobreza multidimensional en las zonas rurales y dispersas de los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). El indicador pasó del 47,2% en 2018 al 26,1% en 2025, aunque la entidad advierte que este resultado no puede atribuirse exclusivamente al acuerdo de paz.

En formalización de tierras se registran 3.349.711,66 hectáreas, equivalentes al 47,85% de la meta prevista. Sin embargo, persisten retrasos en la ejecución de las iniciativas Pdet y dificultades para garantizar servicios, proyectos productivos y mejores condiciones de vida.

El documento también advierte sobre el bajo cumplimiento de los compromisos con enfoque de género. A noviembre de 2025, solo el 13% de las 130 disposiciones monitoreadas por el Instituto Kroc tenía implementación completa.

En materia de seguridad, la Defensoría registró 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos entre enero de 2016 y junio de 2026. Asimismo, 521 firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados desde 2016; el desplazamiento masivo pasó de 12.841 personas afectadas en 2017 a 107.924 en 2025, mientras que las víctimas de confinamiento aumentaron de 18.603 a 128.825 durante el mismo periodo.

La Defensoría pide acelerar la reparación y mantener los compromisos

Entre las recomendaciones del informe está acelerar la implementación de los planes de reparación colectiva y mejorar su articulación con los Pdet, los procesos de retorno y reubicación y las sentencias de restitución de tierras.

La entidad también plantea fortalecer la prevención y protección de las personas defensoras de derechos humanos y los liderazgos sociales, garantizar la seguridad de quienes permanecen en reincorporación y cumplir los compromisos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

La Defensoría sostiene que la implementación debe mantenerse como una política de Estado, con financiación, responsabilidades verificables y continuidad institucional, independientemente de los cambios de gobierno.

“Poner a las víctimas en el centro significa, primero, que no hay víctimas de primera y víctimas de segunda. La madre de un soldado ejecutado y la madre de un muchacho reclutado por la guerrilla lloran igual. El secuestrado y el desplazado esperan igual. El acuerdo no se firmó para una sola orilla del dolor y la Defensoría no puede acompañar a una sola orilla”, señaló la defensora Iris Marín.