Reconocidas feministas defendieron a Gustavo Petro en medio del escándalo por el supuesto intercambio de contratos por favores sexuales: “Se busca generar vergüenza y arrepentimiento”

Las denuncias públicas y los videos divulgados alrededor de Gustavo Petro abrieron un debate político y mediático en Colombia, mientras el expresidente ha rechazado haber usado contratos estatales para obtener favores sexuales y las acusaciones permanecen bajo análisis de las autoridades, sin una decisión judicial que determine responsabilidades.

Durante una emisión de Canal91+, la conductora María Paula Fonseca conversó con la filósofa Luciana Cadahia y la historiadora del arte Julia Buenaventura sobre el impacto de la controversia en el progresismo colombiano. Las invitadas cuestionaron la difusión de los señalamientos, reclamaron cautela frente a los materiales que circulan en redes sociales y defendieron la presunción de inocencia.

Cadahia planteó que la discusión debe considerar la falta de información pública sobre el origen, la fecha y el contexto de los videos divulgados. “Con independencia de cuáles sean los gustos personales de Petro, que es algo propio de la vida privada de una persona, lo que están buscando al exponer un video de cuya veracidad todavía no conocemos, cuyo contexto tampoco conocemos y cuyo avance de la causa tampoco conocemos, lo que se busca es generar una vergüenza y un arrepentimiento”, afirmó.

La filósofa sostuvo que el caso puede tener consecuencias políticas que trascienden la situación particular de Petro. “Quieren desmoralizar al campo popular”, expresó. Según su análisis, los ataques dirigidos contra figuras de izquierda buscan afectar el respaldo de los sectores sociales que acompañaron sus proyectos políticos.

Cadahia comparó esta situación con procesos que involucraron a líderes progresistas latinoamericanos, como Luiz Inácio Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa y Evo Morales. En su opinión, las acusaciones públicas, la presión mediática y las actuaciones judiciales pueden operar como herramientas de desgaste político cuando no existen elementos suficientes que permitan establecer responsabilidades.

Las invitadas pidieron revisar los contratos y evitar conclusiones anticipadas

Buenaventura afirmó que las denuncias relacionadas con posibles contratos estatales deben examinarse a partir de documentos y hechos verificables. “Si una persona acusa a otra de pagar favores sexuales con contratos, pues lo primero que hay que ver son los contratos. Eso es lo primero que hay que ver”, dijo.

La historiadora consideró necesario establecer si los contratos existieron, cuáles fueron sus montos, qué funciones incluían y si hubo irregularidades en su asignación. También señaló que las declaraciones públicas no reemplazan las verificaciones de las autoridades competentes.

“Hay que primero ver cuál es la hipótesis que se plantea, cuál es la acusación”, sostuvo Buenaventura. Para la invitada, los señalamientos deben ser objeto de investigación, aunque esa revisión debe diferenciar entre los hechos comprobables, los testimonios y las interpretaciones políticas que rodean el caso.

Durante el programa, ambas analistas cuestionaron que el debate se reduzca a una discusión moral sobre la vida íntima de una persona. Cadahia afirmó que el feminismo debe conservar una perspectiva crítica frente a las denuncias y evitar respuestas automáticas. “Empezar a actuar con la lógica de la cancelación, del victimismo, del ‘yo sí te creo, hermana’, fuera de todo contexto, no es el legado feminista”, expresó.

La filósofa sostuvo que el feminismo debe mantener su vínculo con las luchas sociales y laborales. “El feminismo es una expresión más del campo popular”, afirmó. Cadahia consideró que separar las demandas de las mujeres de otras discusiones sobre desigualdad, trabajo y poder puede debilitar a los sectores populares.

El debate dentro del Pacto Histórico

Buenaventura pidió a los dirigentes y militantes del Pacto Histórico evitar divisiones internas frente a las acusaciones. “No es momento de achicopalarse”, dijo. La historiadora planteó que las discusiones políticas deben sostenerse con argumentos, solidaridad y respeto por las garantías procesales.

En ese sentido, cuestionó las reacciones que dan por establecida una responsabilidad antes de que concluyan las actuaciones judiciales. “La presunción de inocencia es lo primero”, manifestó durante la entrevista.

Cadahia coincidió en que el debate debe conservar una dimensión política y no limitarse a la condena pública. “Acá no se está pensando políticamente. Acá lo que se está haciendo es juzgar”, afirmó. Para la filósofa, Colombia atraviesa una disputa por la interpretación de los hechos y por el lugar que ocupa el progresismo en la discusión pública.

Las intervenciones de Cadahia y Buenaventura en Canal91+ expresaron una defensa de la presunción de inocencia y una crítica a las dinámicas de exposición mediática.