El salario mínimo de Colombia para 2027 tendría un referente técnico de 8,4%, resultado de sumar una inflación prevista de 6,7% y un avance de la productividad de 1,7%, según las estimaciones de Bancolombia. Un ajuste por encima de ese nivel elevaría las presiones sobre los precios, limitaría la creación de empleo formal y aumentaría los costos fiscales.
“Nuestras estimaciones sugieren que un incremento responsable (inflación + productividad) del salario mínimo podría acercarse al 8,4%, lo que contribuiría a preservar el poder adquisitivo de los colombianos, aumentaría los incentivos para la contratación laboral formal y podría atenuar las presiones fiscales de cara al ajuste necesario para 2027″, se indica en el informe Radar Bancolombia elaborado por la directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de la entidad Laura Clavijo.
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La discusión comenzará con una inflación anual de 6,29% en septiembre, el registro más alto desde julio de 2024 y más del doble de la meta de 3% del Banco de la República. Los servicios, el sector más expuesto a la indexación y a los costos laborales, registraron un aumento anual de 7,2%.
La mesa de concertación se instalará el 18 de noviembre. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) divulgará a finales de noviembre el dato de productividad acumulado en el año y el plazo para alcanzar un acuerdo vencerá el 15 de diciembre.
Inflación y productividad como base del ajuste
En el informe también se destaca que el cálculo técnico busca preservar el poder adquisitivo ante el alza generalizada de bienes y servicios e incorporar las ganancias en la capacidad de los trabajadores para generar valor agregado. La inflación compensa la pérdida de salario real, mientras que una mayor productividad permite incrementos salariales sin elevar, en principio, el costo laboral por cada unidad producida.
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La productividad por trabajador, medida como el valor agregado real por persona ocupada, habría crecido apenas 0,1%. El cálculo parte del valor agregado promedio de la primera mitad del año y se extiende al tercer trimestre con proyecciones de crecimiento del producto interno bruto y del empleo.
Esa medición muestra una estabilidad frente a los niveles de 2025. Una estimación más amplia, basada en la metodología del Dane e integrada por los aportes del trabajo y del capital al valor agregado, sitúa el crecimiento de la Productividad Total de los Factores en torno al 1,7%.
El traslado de los costos laborales a los precios
La diferencia entre el ajuste teórico y el aumento efectivo del salario mínimo promedió 2,9 puntos porcentuales durante los últimos 20 años. Para 2026, esa brecha llegó a 17,1 puntos porcentuales.
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Las remuneraciones de los asalariados representan 34,4% del producto interno bruto colombiano. Cerca de la mitad de los salarios que pagan las empresas está vinculada al salario mínimo, ya sea porque los trabajadores reciben ese monto o porque sus remuneraciones lo toman como referencia, de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares.
Cada punto porcentual que exceda el parámetro técnico añadiría cerca de 0,15 puntos porcentuales a la inflación, por el traslado de los mayores costos empresariales a los precios. Bajo esa estimación, el aumento de 23% decretado para 2026 habría contribuido con cerca de 2,5 puntos porcentuales a la inflación de este año.
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La presión se concentraría especialmente en actividades intensivas en mano de obra, como las comidas fuera del hogar, el servicio doméstico y los servicios de cuidado personal. Un aumento de 10% agregaría entre 0,2 y 0,5 puntos porcentuales a la inflación de 2027, mientras que un ajuste de 12% sumaría entre 0,5 y 0,8 puntos porcentuales.
Los incrementos reales del salario mínimo por encima de la productividad también tienden a reducir la contratación formal. Cada punto porcentual adicional disminuiría en una magnitud similar el ritmo de creación de empleo, en un mercado laboral cuya informalidad se ha mantenido cerca de 55% durante los cuatro años más recientes.
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El gasto fiscal aumentaría 0,04% del producto interno bruto por cada punto porcentual de incremento del salario mínimo, según estimaciones del Banco de la República. El efecto proviene del mayor costo de las nóminas públicas, el encarecimiento del sistema pensional y el ajuste de transferencias y programas sociales definidos en función del salario mínimo.
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