Daniel Briceño pidió liquidar la DNI y la UNP por los escándalos durante el Gobierno Petro: “Hackers y exguerrilleros”

Daniel Briceño, representante a la Cámara del Centro Democrático, exigió que se lleve a cabo la clausura y liquidación inmediata de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP): dos de las entidades que, en su concepto, fueron corroídas por la corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro.

La petición del congresista más votado de la presente legislatura se conoció a raíz del más reciente escándalo derivado de la vinculación y posterior captura de un analista de sistemas con orden judicial vigente, Carlos Oyola, que habría comprometido a los organismos de seguridad estatal y estaría implicado en fraudes en la universidad Unad.

“La Dirección Nacional de Inteligencia infiltrada por alias Calarcá y varios hackers. La UNP llena de exguerrilleros y delincuentes. Ambas deben liquidarse”, señaló Briceño, que con ello también hizo mención a las informaciones periodísticas sobre cómo integrantes de la DNI estaban al servicio de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

De esta manera, el parlamentario, que hizo recordar lo sucedido en su momento con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se refirió al cúmulo de cuestionamientos que rodearon a las dos entidades clave del Poder Ejecutivo. En especial, cuando se conocieron documentos internos que señalan presuntas maniobras de espionaje en los esquemas de los expresidentes y supuestos planes para intervenir plataformas electorales.

La captura del analista Carlos Oyola reactivó las alertas sobre el uso del aparato estatal

La reacción del representante se originó tras la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, detenido en Neiva por unidades del Gaula Militar, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Pese a contar con una orden judicial expedida en mayo por presuntos delitos informáticos, Oyola permaneció vinculado a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Según consignó un documento de empalme reservado de 26 páginas entregado a la nueva dirección del organismo, y revelado por Noticias Caracol, el técnico habría tenido la misión de articular colaboradores informáticos para vulnerar plataformas estatales e intervenir los sistemas de la Registraduría Nacional del Estado Civil en las presidenciales.

El mismo informe oficial advirtió sobre la existencia de una sede clandestina de operaciones situada cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, inmueble que fue desocupado luego de las elecciones; y alertó sobre la detección de programas informáticos maliciosos procedentes de Rusia en dispositivos móviles oficiales.

A su vez, en el informe que puso al descubierto lo que sería esta estrategia en el Gobierno de Gustavo Petro, se precisó cómo el Decreto 0563, de junio de 2026, facultó a la DNI para intervenir en la dotación de automotores para esquemas de los exmandatario, medida que habría buscado instalar equipos de escucha y localización satelital.

Dirección Nacional de Inteligencia acumuló señalamientos por corrupción e infiltraciones

El episodio se sumó a una cadena de expedientes judiciales que comprometieron a la agencia de inteligencia civil. Entre ellos figura la imputación penal contra Carlos Ramón González, exdirector de la institución y exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), señalado de participar en el escándalo de corrupción de la Ungrd.

De forma paralela, la Procuraduría General de la Nación suspendió a Wílmar Mejía, que ejercía como director de Inteligencia Estratégica, luego de que registros incautados evidenciaron contactos para estructurar una compañía de vigilancia con miembros de las disidencias armadas dirigidas por Mendoza, alias Calarcá.

A su vez, registros de audio revelaron reuniones entre el exdirector Jorge Lemus Montañez y la defensa de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, mientras que en febrero de 2025 la agencia mantuvo bajo reclusión irregular en un apartamento residencial a Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, pedido en extradición por EE. UU.

Frente a la administración de recursos, la Contraloría General de la República abrió una vigilancia sobre cinco contratos que sumaron $20.783 millones dentro del organismo. La auditoría indaga presuntos sobrecostos en la compra de un dron no tripulado tasado en $9.000 millones y sistemas contra aeronaves remotas, en $8.340 millones.

Unidad Nacional de Protección enfrentó investigaciones por narcotráfico y traslado de grupos armados

Entretanto, la Unidad Nacional de Protección (UNP), encabezada durante el cuatrienio anterior por Augusto Rodríguez, acumuló controversias por la desviación de sus recursos operativos y disputas con organizaciones sindicales que denunciaron sobrecostos, combustibles ficticios y esquemas asignados sin evaluaciones técnicas.

Uno de los sucesos de mayor impacto ocurrió en el departamento del Cauca con la detención de Manuel Antonio Castañeda, el ‘narcochofer’, que transportaba 168 kilogramos de cocaína en un vehículo asignado a un directivo de la entidad, testimonio que destapó traslados de dinero ilegal y la movilización de delincuentes prófugos.

Por su parte, en julio de 2024, un puesto de control del Ejército Nacional interceptó en Antioquia siete camionetas oficiales que trasladaban a miembros del Estado Mayor Central (EMC); en una inspección que reveló la presencia de cabecillas con órdenes de aprehensión activas, entre ellos ‘Calarcá’; dinero en efectivo y armas de fuego.

A estos hechos se añadieron las quejas por la reducción de medidas de seguridad en el esquema del exsenador Miguel Uribe Turbay antes del ataque del 7 de junio de 2025 que provocó su muerte, así como la autorización para Rodríguez de dos camionetas blindadas y seis escoltas durante los doce meses posteriores a su retiro como director.