Se vence el plazo que dio la Dian para acceder a beneficios tributarios y pagar menos impuestos: qué errores se pueden evitar

El 19 de noviembre de 2026 vence el palzo para los contribuyentes que busquen normalizar deudas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por medio del Decreto Legislativo 1419 vence: el beneficio reduce las sanciones al 15% y aplica intereses de mora del 4,5% anual, aunque exige pagar la totalidad del capital adeudado. El alcance territorial presenta versiones distintas según la información disponible.

La entidad registra casi 200.000 contribuyentes con obligaciones pendientes por $22,9 billones, distribuidas en 643.332 deudas tributarias, aduaneras y cambiarias. El Decreto Legislativo 1419, expedido el 17 de septiembre de 2026 ante la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto, abrió mecanismos temporales para reducir sanciones, corregir declaraciones y acceder a facilidades de pago.

Personas naturales, empresas, sociedades, sucesiones, patrimonios autónomos y demás responsables de obligaciones ante la Dian pueden acogerse a los alivios si cumplen las condiciones aplicables a cada medida antes del 19 de noviembre de 2026. Para las deudas en mora, deben cancelar el 100% del capital, liquidar intereses al 4,5% anual y pagar el 15% de las sanciones, sin desatender los requisitos territoriales y de afectación que establece el decreto.

Quiénes pueden acceder a los alivios tributarios

El decreto señala que las medidas se aplican en los municipios comprendidos en los decretos 1261 y 1348 de 2026, además de los territorios que puedan incorporarse después por la misma calamidad. Ante esto, el contribuyente debe demostrar que sufrió una afectación directa por el terremoto.

Se tendrá en cuenta el domicilio fiscal registrado en el Registro Único Tributario (RUT) a esa fecha. El contribuyente puede probar por medios verificables que ya tenía su domicilio en la zona afectada antes del sismo.

Para las obligaciones en mora al 10 de agosto, el artículo 9 permite rebajar el 85% de las sanciones y su actualización. El contribuyente debe pagar el capital completo, liquidar los intereses con una tasa anual del 4,5% y cancelar solo el 15% de la sanción, siempre que el resultado respete la sanción mínima del año gravable correspondiente.

Así, una sanción de $1.000.000 podría reducirse a $150.000, a los que se suman el impuesto pendiente y los intereses calculados con la tasa especial. La reducción también puede cobijar saldos de obligaciones que ya tengan una facilidad o acuerdo de pago vigente, bajo las condiciones previstas en la norma.

Por su parte, el artículo 10 incluye a los que dejaron de presentar declaraciones tributarias hasta el 10 de agosto de 2026. Podrán entregarlas antes del vencimiento y pagar una sanción por extemporaneidad reducida al 15%, junto con la totalidad del impuesto o de las retenciones y los intereses de mora al 4,5% anual.

También pueden corregirse declaraciones cuando el contribuyente advierta un mayor impuesto a cargo, un menor saldo a favor o pérdidas líquidas declaradas por encima de las reales. En esos casos, la corrección hasta el 19 de noviembre permite reducir la sanción al 15% y no obliga a liquidar intereses moratorios, aunque sí exige pagar el impuesto correspondiente.

Los usuarios aduaneros que corrijan declaraciones presentadas hasta el 10 de agosto pueden acceder a sanciones del 15% por infracciones gravísimas y quedar exentos de intereses moratorios. La posibilidad no cubre mercancías sometidas a restricciones legales o administrativas ni bienes aprehendidos o decomisados, y se extiende también a obligaciones formales tributarias y cambiarias incumplidas antes de esa fecha.

Reducción de sanciones y acuerdos de pago

Quienes no puedan cancelar todas sus obligaciones de inmediato pueden solicitar una facilidad de pago hasta el 19 de noviembre. El acuerdo puede extenderse hasta 24 meses sin garantía, conforme a las condiciones del Estatuto Tributario, y llegar a 36 meses cuando se cumplan exigencias adicionales.

Si el plazo supera los 24 meses, la Dian puede aceptar garantías personales cuando la deuda no exceda las 6.000 unidades de valor tributario (UVT). Para obligaciones de mayor valor, exigirá una garantía suficiente graduada según el monto, el plazo, la afectación y el perfil de riesgo del solicitante; además, el contribuyente debe pagar al menos el 10% del total adeudado al suscribir el acuerdo.

Los contribuyentes que ya tenían una facilidad vigente al 10 de agosto de 2026 pueden pedir una reprogramación por una sola vez y hasta por 12 meses. Esa opción cubre cuotas exigibles entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 2026, exige conservar las garantías existentes y acreditar la necesidad de caja mediante certificación bajo gravedad de juramento, suscrita por el representante legal en el caso de las empresas.

Las facilidades especiales de este capítulo no aplican a los grandes contribuyentes. Por ello, la posibilidad de obtener una reducción de sanciones no supone que todas las compañías puedan acceder automáticamente a las mismas condiciones de financiación o reprogramación.

Errores que se advierten ante el vencimiento

Fernando Bustos, abogado experto en reorganización empresarial y presidente fundador de la Organización Impulso Empresarial (Oiem), recomendó no descartar los beneficios por falta de liquidez sin comparar primero el costo de obtener recursos con el ahorro tributario. “Nada le va a rentar más a una empresa que quitarse esa deuda con estos beneficios”, afirmó.

Señaló que el resultado final puede variar según la composición de cada obligación. “En la práctica, hay empresas que terminan pagando entre el 20% y el 30% de lo que deben. Si alguien debe $600 millones, con el alivio puede pagar cerca de $200 millones y quedar al día”, explicó como una estimación aplicable a determinados casos.

Bustos también advirtió que una liquidación errada puede dejar al contribuyente por fuera del beneficio. “No se equivoquen en el cálculo”, señaló, al recordar que el pago debe incluir el capital, los intereses especiales y la sanción reducida, con los mínimos legales que correspondan.

Una empresa no necesita pagar todas sus deudas para normalizar alguna de ellas, pero debe cubrir de manera íntegra cada obligación que elija. Los pagos parciales que no satisfagan el capital, los intereses y las sanciones exigidos para una declaración determinada impiden consolidar el descuento sobre esa obligación.

Acuerdos vigentes

Recomendó “revisar si existen acuerdos vigentes, controversias tributarias o requisitos particulares antes de presentar una solicitud”. También pidió evitar los trámites de última hora, pues los errores operativos pueden impedir el pago dentro del plazo, aunque la expedición de un paz y salvo tome más tiempo por el volumen de solicitudes.

La normalización puede contribuir, según las particularidades de cada empresa, a destrabar embargos de cuentas, procesos de cobro coactivo y contingencias derivadas de incumplimientos tributarios. Ante el vencimiento, la prioridad para los contribuyentes con deudas pendientes pasa por identificar recursos disponibles y completar oportunamente las obligaciones que decidan regularizar.