Abelardo de la Espriella se pronunció tras la desarticulación de una red de pornografía infantil: “Con nuestros niños no se mete nadie”

La captura de cinco hombres señalados de comercializar archivos de abuso sexual infantil en grupos privados de mensajería motivó un pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella, quien pidió que los responsables sean llevados ante la justicia.

El mensaje se conoció después de que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional informaron los resultados de la Operación 9/11, desarrollada en Bogotá, Soacha y Villavicencio en el que cayeron varios responsables de la distribución del contenido.

“Con nuestros niños no se mete nadie”, escribió De la Espriella en su cuenta de X. En la publicación reiteró que la protección de niños y adolescentes debe ser una prioridad y advirtió que quienes exploten, vendan o consuman este tipo de contenidos serán identificados y perseguidos.

El mensaje del mandatario fue claro: “La protección de nuestros niños es una prioridad absoluta. A los que explotan, comercializan y consumen material de abuso sexual infantil les advierto: los vamos a identificar, perseguir y llevar ante la justicia. No habrá anonimato, escondites ni impunidad. Vamos a proteger a nuestros niños con toda la fuerza del Estado”.

El presidente aprovechó su intervención para destacar el trabajo de las autoridades en el caso, teniendo en cuenta que fue un operativo en el que participaron varias unidades para evitar que más menores de edad fueran sometidos.

La investigación comenzó por una denuncia ciudadana en septiembre de 2024

La indagación inició tras una alerta sobre un grupo de mensajería en el que se ofrecían videos de explotación sexual de menores de edad. El Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de la Fiscalía, abrió una operación encubierta virtual para establecer cómo funcionaba la red y quiénes participaban en ella.

Los investigadores realizaron nueve infiltraciones en comunidades digitales y siguieron los movimientos financieros asociados a las cuentas que recibían pagos. Según la información expuesta por la Fiscalía, la actividad investigada se habría registrado entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025. Las autoridades analizan si los implicados también usaron otros espacios digitales para distribuir los archivos de forma individual.

Dos grupos privados reunían cerca de 149 usuarios, según la investigación

Durante la audiencia de imputación, una fiscal señaló que los grupos privados denominados “2033” y “CVPA” tenían aproximadamente 90 y 59 integrantes, respectivamente. El ingreso requería un pago y daba acceso a fotografías y videos con representaciones de actividades sexuales en las que aparecían personas menores de 18 años.

La Dijín identificó 461 videos de explotación sexual infantil en las comunidades examinadas, mientras que la Fiscalía indicó que la red estaría vinculada con la circulación de más de 600 videos y fotografías.

De acuerdo con el reporte policial citado por De la Espriella, los administradores cobraban entre $20.000 y $50.000 por el acceso y ofrecían paquetes de hasta 600 videos. La diferencia entre los balances corresponde a los datos divulgados por cada entidad sobre el material hallado y el que se investiga.

Cinco procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario

Los operativos simultáneos permitieron las detenciones en Bogotá, Soacha y Villavicencio. Durante los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos, que quedaron bajo examen técnico dentro del proceso penal. La Fiscalía atribuye a los procesados una posible participación en el almacenamiento, venta y difusión de los archivos.

Los fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uuenna) imputaron los delitos de pornografía con persona menor de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Los cinco detenidos recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y Milton Darwin Bohórquez Alfonso, uno de los implicados, aceptó los cargos formulados en su contra.

La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, señaló que el contenido habría llegado a más de 140 personas que pagaron por ingresar a las plataformas. La funcionaria enfatizó que cada archivo de abuso sexual infantil prolonga la afectación a las víctimas cuando se conserva, comercializa o comparte. El proceso continúa con el análisis de los dispositivos y demás elementos incautados.