Por qué Amaranta Hank cuestionó el nuevo POT de Medellín por sus efectos sobre las trabajadoras sexuales: “Quitándoles la oportunidad de acceder al mínimo vital”

La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, conocida artísticamente como Amaranta Hank, cuestionó disposiciones que se debaten en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín impulsado por el concejal Andrés Tobón y sostuvo que podrían derivar en una persecución contra las trabajadoras sexuales de la ciudad.

La legisladora anunció que acompañará una demanda de inconstitucionalidad contra las medidas que, según afirmó, restringirían el ejercicio de esa actividad y la circulación de estas mujeres en el espacio público.

En un video publicado en su cuenta de X, Omaña advirtió que el debate urbanístico incluye artículos que, a su juicio, afectarían a quienes ejercen el trabajo sexual sin ofrecer alternativas laborales, educativas o productivas.

La congresista planteó que el enfoque propuesto no resuelve los problemas vinculados a la explotación ni a las redes de trata de personas.

“Hoy se está debatiendo en Medellín el Plan de Ordenamiento Territorial y varios de sus artículos se convierten en una persecución hacia las trabajadoras sexuales de la ciudad”, afirmó la senadora. Según su interpretación, las normas exigen que estas mujeres no trabajen en determinados sectores y limitan su presencia en áreas públicas.

La senadora afirmó que las restricciones vulnerarían derechos fundamentales

Omaña calificó las medidas como “inconstitucionales” y las vinculó con criterios de exclusión social y de género. “Resulta una medida clasista, aporofóbica y misógina”, expresó al referirse a las restricciones incluidas en la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial.

La legisladora sostuvo que el argumento de combatir la trata de personas no puede servir para imponer prohibiciones sobre quienes realizan trabajo sexual de forma autónoma. “Atacando a las trabajadoras sexuales, desplazándolas de los espacios y quitándoles la oportunidad de acceder al mínimo vital, no atacan las redes de trata de personas”, señaló.

En su intervención, la congresista diferenció entre las víctimas de las organizaciones criminales y las mujeres que recurren al trabajo sexual como fuente de ingresos. Dijo que las redes de trata operan como estructuras organizadas y que, en algunos casos, cuentan con la complicidad de autoridades.

“Las trabajadoras sexuales que están en esos espacios son en su mayoría mujeres cuidadoras, mujeres cabeza de familia”, manifestó. Agregó que muchas atraviesan condiciones de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades, por lo que buscan recursos para garantizar la alimentación de sus hogares.

Hank alertó sobre el riesgo de mayor clandestinidad y violencia

La senadora afirmó que impedir el ejercicio del trabajo sexual en zonas conocidas por las mujeres no elimina la actividad, sino que la traslada a entornos donde existen mayores riesgos. De acuerdo con su planteamiento, esa situación podría exponerlas a circuitos asociados al conflicto armado, el microtráfico y otras formas de violencia.

“Cuando ocurren medidas como esas de desplazarlas de los espacios donde ellas conocen y donde están medianamente seguras, no están acabando con el trabajo sexual”, sostuvo. Para Omaña, las prohibiciones empujarían a las afectadas hacia áreas con menor visibilidad institucional y menores condiciones de protección.

La dirigente del Pacto Histórico reclamó que cualquier política pública dirigida a esta población contemple opciones concretas para quienes quieran abandonar esa actividad. Entre ellas, mencionó acceso a formación académica, educación superior, empleos formales, unidades productivas y emprendimientos.

También se refirió al programa Parceras, impulsado por la Alcaldía de Medellín, que busca acompañar a algunas mujeres en la transición hacia otras fuentes de ingreso. No obstante, consideró que esa estrategia no tendría capacidad suficiente para atender a todas las trabajadoras sexuales que podrían perder su sustento a raíz de las nuevas restricciones.

“El mismo programa de la ciudad de Medellín no tiene las capacidades para poder recibir a todas las trabajadoras sexuales que se quedarían sin su mínimo vital”, afirmó.

Omaña anunció que desde su curul respaldará acciones judiciales contra las disposiciones cuestionadas. “Acompañaremos esa demanda de inconstitucionalidad ante esta medida que resulta aporofóbica y dañina para las trabajadoras sexuales”, dijo.

La senadora cerró su mensaje con un llamado a evitar decisiones que, según planteó, conviertan a esta población en blanco de medidas de alto impacto social sin garantías de protección ni alternativas para sostenerse económicamente.