Ponente de la Ley de Sometimiento en el Senado respondió a Gustavo Petro, quien aseguró que el proyecto es un “regalo al crimen”: “Su modelo fracasó”

El senador Hernán Cadavid, ponente de la Ley de Sometimiento en el Senado, respondió a las críticas del expresidente Gustavo Petro contra la norma, que calificó como un “regalo al crimen de narcotráfico”.

El congresista del Centro Democrático afirmó que la iniciativa no concede impunidad y sostuvo que la política de seguridad del anterior Gobierno “fracasó”.

Cadavid cuestionó los señalamientos de Petro sobre las rebajas de pena previstas para los integrantes de organizaciones criminales que decidan acogerse al nuevo mecanismo judicial. Según explicó, los beneficios están sujetos a obligaciones ante las autoridades, aportes a la verdad y medidas de reparación para las víctimas.

“Petro, las evidencias lo desmienten. Usted entregó el control territorial a los criminales y permitió que los mal llamados ‘gestores de paz’ siguieran delinquiendo. Aquí no hay beneficios ni impunidad. Hay obligaciones y consecuencias para quienes pretendan acogerse a la ley”, escribió el senador en su cuenta de X.

El legislador también pidió al exmandatario reconocer los resultados de su política de seguridad y defendió la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado frente a las estructuras ilegales.

“Admita de una vez que su modelo fracasó y deje que quienes sí queremos recuperar la seguridad de los colombianos trabajemos para lograrlo”, añadió Cadavid.

La respuesta se produjo luego de que Petro anunciara que promoverá una demanda contra la Ley 2640 de 2026, conocida como Ley de Sometimiento. El exjefe de Estado cuestionó los tratamientos penales diferenciados previstos para quienes integran organizaciones criminales de alto impacto.

“Mientras se me criticaba por intentar acabar conflictos armados en las regiones bajo los principios de verdad, justicia y reparación, Abelardo acaba de aprobar una ley basada en reducción de penas a los narcotraficantes sin verdad, son justicia y sin reparación a las víctimas”, escribió Petro.

En ese mismo mensaje, el expresidente definió la iniciativa como “un regalo al crimen de narcotráfico”.

La Ley 2640 fue aprobada por Senado y Cámara sin conciliación

La controversia surgió tras la aprobación y sanción de la Ley 2640, que modifica la Ley de Orden Público y prorroga la Ley 418 de 1997. El proyecto 433/26C–296/26S establece un marco jurídico para el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto, sin otorgarles estatus político ni permitir diálogos de carácter político con sus integrantes.

La iniciativa fue aprobada con textos idénticos en el Congreso. El Senado le dio luz verde con 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que la Cámara de Representantes la avaló con 95 votos favorables y 10 negativos.

La coincidencia entre los articulados permitió que el proyecto no tuviera que pasar por una comisión de conciliación. Los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, y de la Cámara, Nicolás Barguil, firmaron la iniciativa antes de que fuera enviada a la Casa de Nariño.

El presidente Abelardo de la Espriella sancionó la norma el miércoles 4 de noviembre de 2026, antes de las 23:59, hora límite para extender la vigencia de la Ley 418. Tras la firma, defendió que la legislación impone responsabilidades a quienes busquen someterse a la justicia.

“Con la Ley de Sometimiento ponemos fin a los privilegios, las concesiones y la impunidad con la que durante años se ha pretendido premiar a los bandidos. ¡El que delinquió tiene que pagar!”, afirmó el mandatario.

De la Espriella añadió que los integrantes de las estructuras criminales deberán “confesar sus crímenes, reparar a sus víctimas, entregar hasta el último peso de sus fortunas ilegales y responder ante la justicia”.

La ley fija un mínimo de 10 años de privación efectiva de la libertad para los cabecillas y de seis años para los colaboradores. También contempla rebajas de hasta el 50% para integrantes de base y de hasta el 30% para mandos, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Entre esas condiciones figuran la colaboración eficaz con la justicia, la entrega de bienes obtenidos de forma ilícita y el aporte de información que contribuya al desmantelamiento de las organizaciones. Las penas deberán cumplirse en centros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El articulado establece, además, que quienes oculten información relacionada con personas desaparecidas perderán los beneficios. La medida busca vincular los incentivos judiciales con el esclarecimiento de hechos, las investigaciones y la reparación de las víctimas.