Excanciller Rosa Villavicencio cuestionó al Gobierno de Abelardo de la Espriella por la parálisis del consulado en Tijuana: "¿Qué interés tienen?"

La excanciller Rosa Villavicencio defendió la gestión para la puesta en marcha del consulado en Tijuana (México) y exigió explicaciones al Gobierno de Abelardo de la Espriella, tras conocerse las denuncias sobre el pago de salarios a la cónsul Maryory Pabón Gavilán y el arriendo de un inmueble que no llegó a operar de forma oficial.

Las declaraciones de la exministra, a través de su perfil de X, surgieron después de que Caracol Radio reveló que la delegación colombiana asumió pagos superiores a USD153.000 para sostener a la cónsul designada, además del cobro del alquiler que no se cubrió, lo que causó una dura reacción de la embajada en el país norteamericano.

Excanciller Villavicencio denunció presunta inacción administrativa por el Gobierno De la Espriella

Frente a los cuestionamientos dirigidos a la administración de Gustavo Petro, Villavicencio pidió una revisión sobre las determinaciones tomadas por las autoridades que asumieron el poder a partir del 7 de agosto. Y criticó el manejo que la Cancillería le dio al tema; en especial a la situación laboral de Pabón Gavilán.

“Deben investigar por qué el gobierno de ADLE suspendió el proceso de puesta en marcha del consulado de Tijuana y sin estar planificada abre la embajada de Israel en tiempo récord”, señaló Villavicencio al comparar las prioridades de la política exterior, haciendo énfasis en lo ocurrido con la representación diplomática en Jerusalén.

En su pronunciamiento, la exministra también criticó el manejo dado a la renuncia de la cónsul Pabón. “¿Por qué no han aceptado la renuncia irrevocable de la cónsul de Tijuana presentada desde el 1 de septiembre? ¿Por qué le han hecho cambiar la fecha de renuncia dos veces, una para el 18 de septiembre y otra para el 30 de octubre?”, señaló.

Para la exjefa de la diplomacia, las dilaciones responderían a un propósito de responsabilizar al anterior periodo gubernamental. “¿Qué interés tienen para mantener esta inacción y echar la culpa de no ponerlo en marcha habiendo necesidad de este consulado al gobierno Petro?”, añadió la excanciller en su pronunciamiento en X.

De esta forma, sentó su postura en lo referente a la forma en la que, según ella, se buscaría instrumentalizar esta situación para atacar la gestión en política exterior de Petro. “No sigan utilizando esta situación sin investigar el interés en mantenerla, para qué o por qué motivo no aceptan la renuncia de la cónsul”, remarcó Villavicencio.

Así defendió la excanciller las labores consulares móviles frente a la falta de sede física

En lo que respecta al trabajo adelantado antes de la parálisis administrativa, Villavicencio sostuvo que la misión institucional no dependía exclusivamente de la apertura de una oficina. Destacó que, pese a las dificultades con el inmueble, la representación diplomática brindó servicios esenciales a los ciudadanos en el estado de Baja California.

“Un consulado no es un edificio. Se realizaron atenciones, se expidieron pasaportes y fe de vida en consulados móviles los días 8, 9 y 10 de julio”, expresó la exministra al referirse a las actividades desarrolladas en territorio mexicano y enfatizó que también se establecieron “articulaciones con entidades para procurar atención a los connacionales”.

Villavicencio aseguró que el Ejecutivo conocía los pormenores del trámite y las peticiones de orientación enviadas. “ADLE gobierna desde el 7 de agosto sin que haya resuelto esta situación, estando informado de ella y habiendo recibido solicitudes de información de la cónsul sobre la continuidad del proceso a la cancillería”, acotó.

Los gastos de un consulado que nunca abrió sus puertas

El origen de la controversia administrativa se remonta al 30 de septiembre, fecha en la que llegó a la Embajada de Colombia en México el primer cobro de arrendamiento por la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, en la Zona Dorada de Tijuana; y del cual se desconocía la existencia, según afirmó la representación diplomática.

Un día después, la Dirección Administrativa y Financiera de la Cancillería constató que el contrato se había suscrito sin contar con una partida presupuestal que respaldara los pagos. En paralelo, los informes revelaron que Pabón devengó una asignación mensual de USD 14.700, a la que se sumaron USD 20.338 girados por viáticos y transporte de menaje.

En total, el erario desembolsó cerca de $483 millones durante el tiempo en que la funcionaria permaneció nombrada en provisionalidad, cargo que asumió en enero de 2026 bajo la gestión Villavicencio. En su reporte de salida, la mujer consignó visitas a reclusos en cárceles locales y la ejecución de un consulado móvil con 211 solicitudes.

El traslado del caso a los organismos de control

La sede consular había sido creada mediante el Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, expedido por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, junto con las dependencias de Monterrey y Tuxtla. Aunque indicó que estas aperturan contaban con análisis técnicos, desde el ministerio expresaron que no reposa evidencia de tales estudios para Tijuana.

En lo que concierne a Pabón, la mujer había llegado a esa plaza luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anulara su designación previa en Calgary, Canadá, tras verificar que existían 30 diplomáticos de carrera disponibles para ocupar dicha posición; aun sí recaló en este consulado, en medio de la creciente controversia.