Sustitución de coca en Colombia: miles de campesinos siguen esperando los pagos prometidos por el Estado

La transición de los cultivos de coca hacia actividades económicas legales sigue siendo una tarea inconclusa en varias regiones de Colombia. Cerca de diez años después de la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, miles de campesinos continúan esperando que el Estado cumpla los compromisos adquiridos para abandonar los cultivos ilícitos y desarrollar alternativas de sustento.

El problema quedó expuesto en un nuevo informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que examinó los resultados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y el desarrollo de la estrategia RenHacemos. El análisis advierte que las obligaciones pendientes afectan a cerca de 80.000 familias distribuidas en 61 municipios del país.

La situación representa uno de los principales desafíos de la política de sustitución, pues los recursos invertidos durante los últimos años no han permitido demostrar que las comunidades hayan alcanzado condiciones económicas estables para dejar atrás la dependencia de la hoja de coca.

Miles de familias siguen esperando el cumplimiento del Pnis

El balance del programa muestra que, de los 79.518 hogares que permanecían activos en el Pnis hasta julio de 2026, apenas 46.689 habían terminado su Plan de Atención Individual (PAI). Esta cifra equivale al 58,7% de los beneficiarios.

En contraste, otros 32.829 hogares, correspondientes al 41,3%, todavía tenían compromisos pendientes. Para estas familias, la falta de cumplimiento representa incertidumbre frente a los recursos y las alternativas productivas que esperaban recibir después de vincularse voluntariamente al proceso de sustitución.

El panorama genera interrogantes sobre los resultados de una inversión que alcanza aproximadamente los 2,72 billones de pesos. Según la FIP, la información pública disponible no permite establecer con claridad si ese dinero consiguió mejorar los ingresos de los hogares ni si contribuyó a consolidar proyectos productivos capaces de mantenerse en el tiempo.

El informe plantea que la ejecución presupuestal, por sí sola, no demuestra que las comunidades hayan logrado transformar sus condiciones económicas. Para evaluar los resultados de la política es necesario conocer si los beneficiarios cuentan actualmente con fuentes de ingresos estables y alternativas que les permitan mantenerse alejados de los cultivos ilícitos.

RenHacemos también enfrenta dificultades

La revisión de la FIP incluyó RenHacemos, una estrategia impulsada durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro que cuenta con una asignación de 1,4 billones de pesos y contempla a 45.000 familias en 26 municipios.

Entre sus resultados figura la verificación de 15.000 hectáreas de sustitución voluntaria por parte de Naciones Unidas. El proceso se ha desarrollado en departamentos como Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Vichada.

Pese a este avance, la Fundación identificó dificultades que podrían comprometer la continuidad de la iniciativa. Entre ellas están los problemas de coordinación entre instituciones, las fallas en la selección de los territorios beneficiados y la posibilidad de que los procesos de sustitución terminen dependiendo de los avances de las negociaciones con organizaciones armadas ilegales.

Para el centro de pensamiento, estos obstáculos evidencian la necesidad de consolidar una política que tenga continuidad y garantías para las comunidades rurales. La sustitución voluntaria requiere condiciones que permitan a los campesinos desarrollar actividades legales sin quedar expuestos a las presiones de los grupos que ejercen control en sus territorios.

Qué propone la FIP para corregir los problemas

Ante este panorama, la Fundación Ideas para la Paz recomendó al Gobierno concentrar sus esfuerzos en resolver primero los compromisos que siguen pendientes con los beneficiarios del PNIS. La entidad considera que garantizar el cumplimiento de esas obligaciones debe tener prioridad frente a la apertura de nuevas convocatorias o programas.

Además, insistió en que abandonar los cultivos de coca exige una transformación económica que vaya más allá de entregar subsidios o promover jornadas de erradicación. Para conseguir resultados duraderos, las comunidades necesitan acceso a infraestructura vial, formalización de la propiedad rural, crédito y mecanismos seguros para comercializar sus productos.

A estas medidas se suman la asistencia técnica, la protección ambiental y una presencia institucional permanente que permita fortalecer las economías legales en las zonas afectadas.

El llamado de la FIP apunta a que las políticas de sustitución tengan resultados verificables y ofrezcan condiciones reales de sostenibilidad. De lo contrario, las familias que aceptaron abandonar los cultivos ilícitos podrían continuar sin garantías económicas, pese a los recursos destinados durante años a estos programas.