Pruebas antidoping para mandatarios: radican proyecto que busca exigir pruebas toxicológicas al presidente, gobernadores y alcaldes

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan David Zuluaga radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República para reglamentar la aplicación obligatoria de pruebas toxicológicas y valoraciones médicas al presidente de la República, gobernadores y alcaldes del país.

La iniciativa legislativa busca reglamentar las causales de falta absoluta por incapacidad física o mental permanente, estableciendo una ruta institucional técnica e independiente para evaluar si los gobernantes electos cuentan con las aptitudes funcionales para el ejercicio del cargo.

El congresista explicó los alcances de la propuesta en declaraciones entregadas a la emisora Caracol Radio, donde comparó las exigencias que el marco legal le impone a trabajadores de diversos sectores frente a la ausencia de controles hacia quienes dirigen los destinos de los territorios.

¿En qué consiste el proyecto que busca poner a prueba a los mandatarios?

“Buscamos a través del proyecto de ley que reglamente las faltas absolutas por incompetencia del presidente, gobernadores y alcaldes, que esas personas que tienen a su cargo la vida, la salud, la seguridad de miles y, en el caso del presidente, millones de personas, pues se sometan a unos exámenes cuando existan condiciones que médicamente así lo establezcan”, explicó el legislativo.

Zuluaga puntualizó sobre la disparidad de requisitos entre servidores de elección popular y ciudadanos comunes en el país: “No podemos seguir en un país donde se le exige demasiado a un conductor de un vehículo, pero quien gobierna después de las elecciones parece tener patente de corso para hacer lo que le dé la gana”.

El representante a la Cámara agregó que es indispensable dotar al ordenamiento jurídico de mecanismos precisos para evitar situaciones de vacío de poder derivadas del consumo de sustancias o conductas que alteren el desempeño del mando público.

“Hoy tenemos que reglamentar esa causal que quedó establecida, pero que no dice más y que mucho bien le puede hacer al país, viendo los casos de gobernantes que han sido completamente incapaces por sus vicios y adicciones con el alcohol, con la droga, con las mujeres, con diferentes actividades y sustancias que comprometen la vida y ponen en riesgo la decisión, las decisiones para el bien y futuro de toda la población colombiana y las personas que gobiernan”, sostuvo el legislador.

En forma complementaria, el autor de la iniciativa compartió un video en sus cuentas oficiales de redes sociales en el que profundizó en los argumentos que sustentan el proyecto de ley y expuso la lógica operativa que plantea la norma.

“En Colombia, a las personas que trabajan con el transporte público, atienden pacientes, manejan maquinaria, el Estado les puede exigir pruebas toxicológicas, de alcohol o de sustancias psicoactivas. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla: tienen vidas a cargo, ponen en riesgo la vida de muchas otras personas", señaló Zuluaga en la grabación.

El congresista extendió la comparación hacia las máximas responsabilidades de la administración territorial y nacional: “Ahora pensemos en otra persona, la que tiene a su cargo la seguridad, la salud, el presupuesto de un país, de un departamento, de un municipio. Es que son esas personas las que tienen la responsabilidad de manejar miles de millones en presupuesto, estar preparadas para una emergencia y una contingencia, manejar la fuerza pública”.

Pruebas toxicológicas y valoraciones médicas: así funcionaría la iniciativa

El dirigente del Centro Democrático recalcó que la iniciativa no busca promover persecuciones políticas ni alimentar conjeturas mediáticas, sino crear un conducto probatorio basado en la medicina legal y la ciencia: “Cuando existen serias dudas de las capacidades o aptitudes mentales, físicas o funcionales sobre la capacidad de un alcalde, un gobernador o incluso el presidente, no hay una ruta clara que permita tener, a través de criterios científicos y médicos, una manera de comprobar esa incapacidad. Y eso tiene que cambiar”.

Zuluaga detalló el blindaje que propone la normativa frente a eventuales señalamientos partidistas: “No a punta de rumores, no a punta de acusaciones políticas. Tiene que existir una valoración médica seria, técnica e independiente”.

“¿Quién dijo que gobernar un territorio es un privilegio? Es una responsabilidad gigante frente a la cual se tiene que responder, no con menos exigencias que los demás, sino al contrario, con mayores exigencias frente a la sociedad”, explicó en sus redes sociales.

El proyecto de ley iniciará su trámite legislativo en las comisiones constitucionales de la Cámara de Representantes, donde se asignarán los ponentes que presentarán el informe para el primer debate de la iniciativa en el Capitolio Nacional, solo si logra pasar por el primer filtro.