Pensiones, salud y subsidios estarían en riego si no se aprueba reforma del Gobierno, según Anif: “Todos estaremos en problemas, en particular los más pobres”

El 30 de octubre de 2026, el gobierno de Abelardo de la Espriella, por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentó en el Congreso de la República el proyecto de ley de rescate económico, con el que se pretende recaudar $44 billones para organizar las finanzas del Estado colombiano, debido a que, según la cartera, la anterior administración de Gustavo Petro no fue responsable con el gasto y dejó un desfinanciamiento del Estado.

Con esta, se busca recortar el déficit fiscal en 4,73% del Producto Interno Bruto (PIB) al término de su mandato.

Por supuesto, la medida tributaria generó opiniones de todo tipo, sobre todo, de la oposición del Gobierno frente a medidas como cambios en el IVA, la renta de empresas así como de personas naturales. Además, reducciones del gasto con nuevos impuestos, una mezcla que abrió críticas desde distintos sectores.

No obstante, hay alertas en caso de que la iniciativa no sea aprobada por el Legislativo. Así lo dejó entrever el presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, José Ignacio López, que señaló que “la falta de un ajuste fiscal oportuno expondría a Colombia a dificultades para financiar la salud, los subsidios de servicios públicos, los programas sociales y, eventualmente, las pensiones, con una carga mayor para los hogares de menores ingresos”.

Para el experto, el país debe corregir sus cuentas públicas sin demora, pues la alternativa a una reforma es un deterioro fiscal de alcance general.

Correccción de dos puntos del PIB

López plantea que la discusión debe centrarse en el costo de no hacer una corrección de más de dos puntos del PIB en el corto plazo y de cuatro puntos antes de 2030. “Si Colombia no hace un ajuste fiscal grande y pronto, todos estaremos en problemas, en particular los más pobres”, advirtió en una columna de opinión para El Tiempo denominada “Las cartas sobre la mesa”.

Calcula que, sin un ajuste de dos puntos del PIB para 2027, equivalente a $43 billones, el déficit fiscal superaría el 9% del PIB. Esa proyección implicaría necesidades de financiamiento cercanas a $200 billones, un nivel que considera imposible de cubrir.

A partir de 2028, la deuda pública podría superar el 70% del PIB, según su escenario. López asocia esa trayectoria con tasas de los títulos de deuda pública (TES) por encima del 15% y con restricciones para mantener servicios y obligaciones estatales: “Dificultades del Gobierno para sostener el sistema de salud, los subsidios a los servicios públicos, los múltiples programas sociales como Adulto Mayor, la propia nómina del Estado y, en algún punto, hasta las pensiones”.

Dijo que la inacción tendría un efecto más perjudicial que las medidas incluidas en la ley de rescate. Por eso, propuso que cada disposición cuestionada se sustituya por otra capaz de aportar un ajuste fiscal igual o superior, sin reducir el alcance de la corrección requerida. Según él, “la propuesta sorprendió por medidas tributarias que no figuraban entre las expectativas iniciales y porque el Gobierno había prometido disminuir el gasto sin elevar impuestos”.

Situación fiscal peor de lo previsto

Sin embargo, el dirigente sostiene que la situación fiscal resultó peor de lo previsto y reclama una actitud conciliadora del Ejecutivo para acordar con el Congreso de la República una reforma que no pierda fuerza durante el trámite legislativo. Anotó que las modificaciones al IVA aparecen entre los puntos más difíciles de aprobar, pese a que el Gobierno plantea devolver íntegramente ese impuesto a los hogares de menores ingresos.

Si esa vía fracasa, José Ignacio López pide recortes más ambiciosos del gasto, con atención al crecimiento de la nómina estatal, los más de 5.000 cargos creados en cuatro años en la Rama Judicial, la Fiscalía y los órganos de control, la focalización de subsidios y los planes de inversión con escasos resultados. López plantea que Anif cuenta con propuestas para mejorar la ley de rescate.

La discusión, sostiene, “debería concentrarse en construir una respuesta fiscal que preserve la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos sociales”.