Iván Cancino le aclaró a la JEP por qué le redujeron $170.000 millones de su presupuesto para 2027: “No son extraordinarios”

El ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó que la reducción prevista para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por el orden de los $170.000 millones de acuerdo con el Presupuesto General de la Nación de 2027, forma parte de un ajuste que también afecta a otras instituciones del sistema judicial colombiano y no solo afecta al sistema transicional derivado del Acuerdo de Paz.

El funcionario respondió a los cuestionamientos de la jurisdicción, que alertó por las consecuencias que tendría una disminución en sus recursos para la vigencia entrante y alertó que el Gobierno evalúa alternativas para atender las necesidades de la administración de justicia; aunque descartó que el ajuste constituya una medida dirigida de forma exclusiva contra la JEP.

“Hemos escuchado incluso altas cortes quejándose, diciendo que es que los estamos persiguiendo o que los estamos desfinanciando”, expresó el ministro durante su intervención, en la que se refirió de forma directa a los reclamos de la JEP y equiparó su situación con la de otras entidades que también tendrían una menor asignación presupuestal con miras al año que se aproxima.

“Y aprovecho para decirle especialmente a la JEP que ellos tampoco son extraordinarios”, afirmó Cancino en su participación en un evento del Tribunal Superior de Bogotá. En ese sentido, indicó que desde su dependencia trabajará para que los recursos disponibles permitan cumplir la misión institucional. “Se lo dije al ministro de Hacienda: con lo que usted me dé, voy a cumplir”, agregó.

Cancino mencionó a la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional

El ministro de Justicia señaló que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación también han sufrido recortes. Según su planteamiento, esas instituciones interpretaron la reducción a partir de las restricciones fiscales que enfrenta el Estado colombiano como parte de la crisis fiscal que, según él, dejó el anterior Gobierno.

“La Honorable Corte Suprema de Justicia ha sufrido también un recorte, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Procuraduría. Y no lo han tomado como una persecución, sino que han entendido el estado de las finanzas del Estado colombiano”, dijo Cancino en su intervención, que causó reacciones en las redes sociales, entre los que defienden a la jurisdicción especial.

Y es que la discusión se produce mientras el presupuesto de la JEP para 2027 enfrenta una reducción aprobada a través del decreto de presupuesto, con los mencionados $170.000 millones, que tienen su origen en lo aprobado en las comisiones económicas. Con ello, el tribunal transicional contaría con cerca de $721.803 millones, frente a los más de $947.000 millones que se preveían.

Parte de los recursos iría a la justicia ordinaria, el deporte y Defensa

La reasignación presupuestal contempla el traslado de cerca de $ 100.000 millones para fortalecer la justicia ordinaria por medio del Consejo Superior de la Judicatura y la Rama Judicial. Otra parte de los fondos iría al sector del deporte, al que se le destinarían $70.000 millones; y si bien se habló de $11.402 millones más de recorte, este no quedó en firme.

El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella y congresistas que respaldan la reducción han presentado la decisión como una medida de responsabilidad fiscal. Entre los que defendieron esa posición se encuentran el senador Carlos Meisel y el representante Daniel Briceño, ambos del Centro Democrático, y el senador Enrique Gómez Martínez, director del partido Salvación Nacional.

Frente a este asunto, el ministro Cancino indicó que el Ejecutivo revisará los planteamientos formulados por la JEP, aunque insistió en que la discusión debe conducir a medidas concretas. “¿Vamos a tratar de encontrar propuestas? Por supuesto. ¿Vamos a estudiar, honorable presidenta, lo que usted nos ha analizado? Por supuesto que lo vamos a analizar”, expresó.

La JEP advirtió sobre efectos en audiencias, víctimas y seguridad

El presidente saliente de la JEP, Alejandro Ramelli, y algunos de los congresistas de oposición, entre ellos integrantes del Pacto Histórico, han advertido que la reducción puede debilitar la justicia transicional en una etapa de cierre de investigaciones y avance de juicios, teniendo en cuenta que esta es una entidad que tiene a su cargo procesos relacionados con la extinta guerrilla de las Farc.

Desde la jurisdicción han señalado que una menor disponibilidad de recursos podría afectar la programación de audiencias, el acompañamiento psicosocial a las víctimas, la representación judicial y las medidas de seguridad para comparecientes y testigos. También se han planteado alertas sobre las posibles implicaciones del ajuste ante organismos de justicia multilaterales.

Entre ellas, la Corte Penal Internacional (CPI), debido a la responsabilidad del Estado colombiano de asegurar condiciones para el funcionamiento de los mecanismos de justicia transicional. En respuesta, Cancino fue claro en señalar que no se quedarán en el estudio de alternativas, sino que van a ”encontrar las soluciones para que pueda hacer una justicia asequible".